El radar de Ardón escala posiciones y convierte a León en un punto caliente de sanciones por velocidad
En el kilómetro 160 de la Autovía de la Plata (A-66), en dirección Zamora, se encuentra uno de los radares más sancionadores del país. Este dispositivo, instalado entre los municipios leoneses de Ardón y Valdevimbre, ha multiplicado exponencialmente su actividad en los últimos años. Solo en 2024 registró 20.200 multas por exceso de velocidad, una cifra que lo sitúa en el puesto 18 del ranking nacional.
En comparación con los años anteriores, el aumento ha sido más que significativo: en 2023 las infracciones sumaron 7.304, lo que significa que el número de sanciones se ha triplicado en solo doce meses. La tendencia, además, no es nueva. En 2022 fueron 14.071 las denuncias, y en 2021, 15.954. Año tras año, la estadística confirma un patrón creciente que no se corresponde con un descenso de la siniestralidad, pero sí con un mayor volumen recaudatorio.
El Manzanal también marca cifras elevadas
León no solo destaca por el radar de la A-66. En la autovía A-6, a la altura del puerto del Manzanal, otro cinemómetro ha conseguido situarse en el puesto 34 del ranking nacional. Ubicado bajo un puente, este radar es otro de los puntos negros en cuanto a sanciones por velocidad en la provincia. Aunque con cifras más moderadas, su presencia en la lista confirma la presión sancionadora sobre el tráfico de paso por León.
Castilla y León, segunda comunidad con más sanciones
El informe anual de la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), elaborado a partir de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), revela que Castilla y León fue la segunda comunidad con mayor número de denuncias por exceso de velocidad en 2024. En total, se formularon 413.343 sanciones, lo que representa un 12% del total nacional.
A nivel estatal, los radares emitieron más de 3,4 millones de denuncias durante el pasado año, lo que supuso un incremento del 4% con respecto a 2023. Andalucía encabezó el listado con casi un millón de sanciones (27,8%), seguida de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Debate entre seguridad y recaudación
El reparto geográfico de las sanciones y la concentración de radares en autopistas y autovías reabre el debate sobre el propósito real de estos dispositivos. Aunque se diseñaron como herramientas de control y prevención de accidentes, los datos muestran que el mayor volumen de denuncias se produce en vías rápidas —donde la siniestralidad es menor— y no en las carreteras secundarias, responsables del 70% de los accidentes con víctimas.
La ubicación estratégica de algunos radares, como los de la A-66 o la A-6 en León, refuerza la percepción de que el sistema sancionador prioriza el rendimiento económico sobre la seguridad vial. A falta de un análisis más profundo sobre su efectividad preventiva, la realidad demuestra que cada vez más conductores acaban atrapados por dispositivos que, lejos de reducir infracciones, continúan batiendo récords de actividad.
