"¡Queremos cobrar!": los trabajadores de San Andrés exigen el inmediato pago de sus nóminas mientras la Junta autoriza un interventor provisional
Una amplia representación de los casi 300 empleados municipales de San Andrés del Rabanedo se ha concentrado este martes a las puertas del ayuntamiento para reclamar el pago de sus salarios del último mes, que ascienden a 700.000 euros y que todavía no han sido abonados.
Durante la protesta, los trabajadores portaron pancartas con lemas como “Queremos cobrar”, “Queremos cobrar ya”, “Soluciones ya” o “Estabilización ya”. “Hay gente que vive al día y no puede permitirse esta situación”, denunció uno de los empleados, mientras otro apuntaba que ha tenido que prestar dinero a compañeros: “No se puede seguir así, hay muchas familias que dependen de su sueldo y no se puede tener como rehenes a los trabajadores”.
El bloqueo administrativo
La alcaldesa convocó a los manifestantes al salón de plenos para explicarles que la situación se debe a la ausencia de interventor municipal, vacante desde julio de 2024. La falta de esta figura impide autorizar nóminas, facturas o contrataciones.
Entre los pagos pendientes figuran, además de las nóminas, la compra de un camión de basura por 275.000 euros, el suministro de gas por 532.000 euros y el nuevo convenio de Bomberos, valorado en 625.000 euros. También queda paralizado el borrador presupuestario de 22 millones de euros.
La Junta habilita un interventor provisional
Mientras la protestas se sucedían y tras todas las gestiones realizadas desde la Alcaldía del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo "a última hora de esta mañana (sobre las 14:15 horas) la Junta ha nombrado, al fin, al interventor accidental, un funcionario del propio Ayuntamiento", ha remarcado el consistorio en un comunicado.
Se trata, ha advertido, de un funcionario ya propuesto por la alcaldesa "desde el 5 de septiembre", para poder pagar las nóminas. "La designación por parte de la Junta es determinante para que pueda desempeñar funciones de intervención", se ha añadido en el mismo comunicado.
Concurso bajo sospecha
El concurso convocado en mayo para cubrir la plaza de interventor quedó invalidado después de que la Junta de Castilla y León ordenara repetir el proceso, tras una denuncia de Izquierda Unida.
La formación alegó irregularidades en la composición del tribunal, al contabilizarse seis habilitados nacionales frente a cuatro funcionarios, una proporción que el equipo de Gobierno local rechaza, defendiendo que el reparto real fue de cinco y cinco.
Antecedentes y provisionalidad
En meses anteriores, el Ayuntamiento había recurrido a un funcionario A1 del propio Consistorio para desbloquear la firma de nóminas, aunque esta fórmula temporal no se ha repetido en esta ocasión. La crisis se arrastra desde octubre de 2024, cuando el viceinterventor solicitó traslado, dejando vacante un puesto esencial. Ya en marzo, la ausencia de esta figura obligó a suspender una comisión de Hacienda clave para aprobar un crédito extraordinario de 6,5 millones de euros.
Incertidumbre para plantilla y vecinos
Mientras se repite el proceso de selección, la plantilla afronta un escenario de incertidumbre que afecta también a los vecinos de San Andrés. Sin interventor, el Consistorio permanece paralizado en sus principales competencias: pagar, contratar e invertir. “El municipio está bloqueado”, resumen los trabajadores, que exigen soluciones urgentes.