San Andrés denuncia un "bloqueo partidista" de la Junta en el nombramiento de interventor interino
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo denuncia el nuevo bloqueo ejercido por la Junta de Castilla y León en el proceso de nombramiento de Interventor interino en el municipio, tras admitir expresamente que se equivocó en la categoría profesional de un miembro del tribunal de selección.
La alcaldesa, Ana Caurel, ha sido tajante: “Esto no es un error administrativo, es un bloqueo político injustificado que afecta directamente a los 30.000 vecinos de San Andrés del Rabanedo. No se puede permitir que, por intereses partidistas, se deje sin cobertura una plaza esencial para el funcionamiento del Ayuntamiento”. Desde el Consistorio ya se está preparando la respuesta a las “contradicciones” que la Junta expone en el escrito recibido este viernes.
Caurel ha recordado que en otros municipios de la provincia sí existen interventores accidentales e interinos sin que la Junta ponga obstáculos. “Aquí no hablamos de cuestiones técnicas, hablamos de un trato desigual y de una decisión política que busca paralizar la gestión municipal. No se puede jugar con los servicios básicos del tercer municipio de la provincia”.
El Ayuntamiento exige a la Junta que rectifique de manera inmediata, desbloquee la situación y permita el normal funcionamiento de la Intervención municipal. “San Andrés del Rabanedo no puede ser rehén de batallas partidistas. Estamos hablando de garantizar transparencia, legalidad y seguridad en la gestión de los recursos públicos”, ha concluido la regidora.
"Las contradicciones de la Junta"
El 29 de agosto la Junta emite una Orden en la que exige anular el procedimiento alegando que el tribunal estaba conformado mayoritariamente por habilitados nacionales. En esa resolución, la Junta reconoce expresamente que el tribunal estaba formado por 10 miembros (titulares y suplentes): 6 habilitados y 4 funcionarios.
El Ayuntamiento respondió el 1 de septiembre desmontando ese argumento, acreditando que en realidad eran 5 habilitados y 5 funcionarios, y que había un error en la categoría profesional asignada por la Junta a uno de los miembros.
La alcaldesa, Ana Caurel, ha denunciado con firmeza que “la Junta reconoce su error, pero en lugar de solucionarlo, busca excusas para mantener un bloqueo político que castiga a los 30.000 vecinos” y ha recordado que el Ayuntamiento ha desarrollado este proceso selectivo “pese a ser una competencia supramunicipal”.
Consecuencias "gravísimas"
Este bloqueo tiene un impacto directo sobre la gestión municipal: están en riesgo las nóminas de la plantilla, la tramitación de subvenciones y la aprobación del presupuesto, lo que supone un bloqueo económico y administrativo sin precedentes en el tercer municipio más poblado de la provincia.
“La Junta está paralizando conscientemente la estabilidad económica y administrativa de San Andrés. Mientras en otros municipios no se ponen objeciones, aquí se nos castiga con un bloqueo político que no tiene justificación alguna”, ha subrayado la alcaldesa.
El Ayuntamiento exige “el respeto a un procedimiento que ha sido desarrollado con todas las garantías legales y que solo requiere del acto formal de nombramiento”.
Un proceso legal
El puesto de Intervención de clase 1º del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo quedó vacante el 24 de octubre de 2024. El 21 de enero de 2025, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases para su cobertura, abriéndose el plazo de candidaturas y constituyéndose el tribunal calificador, que mantuvo varias reuniones. El 21 de mayo se publicó el listado definitivo de aspirantes junto con la designación del tribunal y la fecha del examen.
Tras el proceso de valoración, el 3 de julio el Ayuntamiento elevó a la Junta la propuesta de nombramiento como Interventor interino.
Courel asegura que, el procedimiento fue incluso avalado por un informe del secretario municipal remitido el 28 de julio, después de que la propia Junta reclamara todo el expediente el 17 de julio.
"Pese a todo ello, y a que el nombramiento es competencia exclusiva de la Junta, el Consistorio solo ha recibido dilaciones, excusas, como “la bolsa está vacía”, y resoluciones contradictorias que demuestran un bloqueo político injustificado", concluye.
