San Andrés tiene 26,3 millones de euros en el banco bloqueados por el retraso de sus cuentas
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo mantiene bloqueados 26,3 millones de euros en sus arcas municipales debido a la falta de aprobación y rendición de las cuentas generales correspondientes a los ejercicios de 2024 y 2025. La situación impide al Consistorio disponer de estos recursos hasta completar los trámites administrativos pendientes.
La situación económica del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha abierto un nuevo frente político después de que saliera a la luz que el Consistorio mantiene inmovilizados 26,3 millones de euros al no haber completado la tramitación de las cuentas generales de 2024 y 2025. El retraso administrativo, que también ha supuesto la retención de cerca de dos millones de euros de la Participación en los Tributos del Estado (PTE), ha provocado duras críticas tanto del PSOE como de Unidos por San Andrés (UxSa), aunque cada formación pone el foco en aspectos distintos de la gestión del equipo de gobierno de la UPL.
La Comisión Especial de Cuentas celebrada este viernes abordó por primera vez la Cuenta General de 2024, un documento preceptivo que debe remitirse al Consejo de Cuentas y al Tribunal de Cuentas para reflejar la situación económico-financiera del municipio. La documentación llega con más de un año de retraso respecto a los plazos establecidos, mientras el Ejecutivo municipal trabaja para aprobar este expediente y, posteriormente, el correspondiente a 2025 con el objetivo de recuperar la capacidad de utilizar el remanente acumulado.
El retraso en las cuentas centra la controversia
La demora en la aprobación de la Cuenta General ha sido uno de los principales motivos de confrontación política.
Desde UxSa se critica que el expediente haya sido llevado a la Comisión Especial de Cuentas por la vía de urgencia después de meses sin avances. La formación recuerda que el concejal de Hacienda había sostenido anteriormente que la tramitación ya no podía realizarse al haberse superado el plazo legal, por lo que cuestiona el cambio de criterio adoptado ahora por el equipo de gobierno.
Por su parte, el PSOE considera que el problema no responde únicamente a una demora administrativa. Los socialistas atribuyen la situación a decisiones políticas adoptadas por el Ejecutivo municipal respecto a la Intervención y sostienen que el retraso deriva de no haber tramitado en plazo ni la liquidación del presupuesto de 2024 ni la Cuenta General correspondiente a ese ejercicio.
Dos millones retenidos por Hacienda
Uno de los efectos más inmediatos del retraso ha sido la retención por parte del Ministerio de Hacienda de alrededor de dos millones de euros correspondientes a la Participación en los Tributos del Estado.
El PSOE sostiene que esa penalización es consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones contables del Ayuntamiento y asegura que el propio concejal de Hacienda manifestó en la Comisión Especial de Cuentas desconocer la existencia de dicha retención.
Los socialistas rechazan además que el equipo de gobierno atribuya las limitaciones económicas a las reglas fiscales y defienden que el acuerdo de no disponibilidad aprobado por el Ayuntamiento responde exclusivamente al incumplimiento de los plazos legales para aprobar la liquidación presupuestaria.
Un superávit que convive con importantes advertencias
A pesar del bloqueo administrativo, la Cuenta General de 2024 refleja varios indicadores positivos. Según los datos analizados por UxSa, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con un superávit presupuestario de 8.405.243 euros y una capacidad de financiación de 5.463.511 euros.
La formación también destaca que la deuda viva continúa reduciéndose y se sitúa en el 141,99 % de los ingresos corrientes, aunque recuerda que el porcentaje sigue por encima del límite del 110 % fijado para abandonar el Plan de Ajuste.
Sin embargo, junto a esos datos, UxSa enumera diversas incidencias que, a su juicio, evidencian problemas estructurales en la gestión municipal. Entre ellas figura el incumplimiento de la regla de gasto, la ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo actualizada, las discrepancias entre los departamentos de Intervención y Tesorería, un periodo medio de pago que llegó a alcanzar los 69,72 días y la falta de actualización del Inventario Municipal de Bienes desde 2011.
La formación añade además el riesgo de que el Ayuntamiento tenga que devolver ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation si determinados proyectos no se ejecutan dentro de los plazos previstos.
El aumento de las obligaciones pendientes enfrenta a los grupos
Uno de los aspectos que mayor controversia ha generado es la evolución de la denominada cuenta 413, donde se registran obligaciones reconocidas pendientes de aplicación al presupuesto.
UxSa cifra ese saldo en 2.266.295 euros al cierre de 2024, frente a los 101.516 euros contabilizados un año antes, e identifica entre las causas obligaciones relacionadas con Aquona y con la solución transitoria adoptada para la gestión de Gersul.
El PSOE utiliza esos mismos datos para denunciar el regreso de las conocidas como "facturas en el cajón". Los socialistas recuerdan que durante su etapa de gobierno esa cuenta llegó a reducirse hasta poco más de 100.000 euros tras amortizar más de cinco millones de euros en obligaciones pendientes y sostienen que el incremento actual "compromete severamente la gestión presupuestaria corriente", apoyándose en el contenido del informe elaborado por la nueva interventora interina.
Según la formación, ese incremento distorsiona la imagen de solvencia que transmite el Ayuntamiento, al considerar que parte del remanente disponible se mantiene porque existen trabajos y servicios ya realizados que todavía no han sido abonados a proveedores.
La deuda y el Plan de Ajuste, otro foco de discusión
El debate también alcanza a la evolución de la deuda municipal y a las posibilidades de abandonar el Plan de Ajuste.
El PSOE sostiene que el Ayuntamiento estaría ya por debajo del umbral del 110 % de endeudamiento si el actual equipo de gobierno hubiera mantenido la política de amortizaciones anticipadas desarrollada durante el anterior mandato. Los socialistas recuerdan que la deuda pasó de unos 60 millones de euros a 45 millones entre 2019 y 2023 y calculan que podría situarse actualmente en torno a los 24 millones de euros si se hubieran ejecutado las amortizaciones previstas para los últimos ejercicios.
Asimismo, reprochan al gobierno municipal no haber materializado el compromiso de acudir al Ministerio de Hacienda para negociar una flexibilización del Plan de Ajuste, una iniciativa anunciada al inicio del mandato y que, según el PSOE, nunca llegó a concretarse.
Mientras el equipo de gobierno trabaja para aprobar definitivamente las cuentas pendientes y desbloquear los más de 26 millones de euros inmovilizados, la gestión económica del Ayuntamiento continúa alimentando la confrontación política entre los principales grupos de la oposición y el Ejecutivo local.
