Las riberas estimadas. Herencia del expolio

Esto del apagón está dando mucho juego. La exigencia de responsabilidades y el pensar que nuestro mapa eléctrico y energético no está planteado de la mejor forma, sino para producir los mayores beneficios, son argumentos bien noticiosos y que seguirán dando titulares. Esperemos se esclarezca y no tengamos que pasar por muy altos niveles de toxicidad, aunque la cosa empieza a oler, y no a rosas.

Y vuelvo al apagón para poner el foco, miren qué oportuna la frase, en el ejemplo de Sajambre, comarca periférica y trasmontana de la provincia de León, que ha sido ejemplo de autoabastecimiento y se ha librado del apagón merced a una central local. La “Isla de Sajambre” también ha servido para que localidades asturianas de los concejos de Amieva y Ponga disfrutaran de suministro mientras España entera se quedaba a dos velas. Bendita “Central de Camporriondi”, cuya conexión al sistema propició, tras sólo una media hora, que se revirtiera la situación.

Pero que la zona disponga de esta autosuficiencia no viene de un capricho del destino ni de antojo de alcalde de turno. Hace años la comarca sufría de frecuentes faltas de suministro. En zonas de montaña, que encima son fondo de saco de comunicaciones e infraestructuras, las averías son más frecuentes. Nevadas, caídas de árboles sobre el tendido, contingencias mil y en zona remota, y que afectan a pocos abonados. No hay que explicar mucho más, que forma parte del habitual ninguneo a lo rural, sometido como está a la mera explotación de los recursos, pero con poco retorno por parte de los gobiernos, sean los que sean en ámbitos y colores.

Enhorabuena a Sajambre y ojalá cundiera ejemplo.

Y ahora voy a lo de la explotación o, más bien expolio, de los recursos. 

Andamos en muchas zonas de León con el problema de las energías renovables. Somos muchos los que mantenemos la fundada sospecha de que hay “gato encerrado”, de que lejos de sembrar en el monte riqueza en forma de estructuras para producir energía, estamos plantando estacas para empalarnos en vida, haciendo el caldo gordo a empresas que “prometen el oro y el moro” en forma de empleo y recursos, cuando no es más que herencia envenenada para nuestros descendientes, que tendrán que soportar la carga de ver arruinado su paisaje y la fuente primera de su riqueza natural, que no debe ser otra que la explotación de ganadería extensiva y silviculturas y agriculturas sostenibles, pero sostenibles con mayúsculas, no este trampantojo de “agricultura eco” que nos venden los despachos.

Y ya me disipo como en mí es habitual. Porque lo que de verdad quiero tratar es una de las razones que llevan a ayuntamientos y entidades menores a la trampa de las renovables. Y no es otra que la falta de recursos económicos. Llega la empresa energética con los bolsillos llenos de empleo, transformación industrial y también de dinero . Todo lo ofrece con gran prodigalidad porque tampoco lo pagan ellos, sino que viene del bolsillo del sufrido abonado al servicio, que paga cánones por adaptación a renovables sin sentir. A cualquier pedáneo o presidente de junta vecinal sin recursos se le abren los ojos como platos al ver el importe de los alquileres pagaderos. Esos mil o mil y pico euros por hectárea y año de monte común baldío se le antoja maná. Y pica, y vende, y lo mismo cobra. Pero de la solución a su problema de recursos, el mal de las enemistades y la herencia de chatarra por los siglos de los siglos. Cuánto mejor no sería una explotación de los montes ordenada, con un resurgir económico basado en renovados bosques y ganadería extensiva. Eso sí que fijaría población, pero no interesa porque reparte riqueza, y la globalización está por concentrarla en pocas manos. Imposible el resurgir de la montaña y del valle mientras estemos colectivamente por engordar a multinacionales y fondos buitre.

Y hablando de valles y repartir, me sale al paso el asunto de las riberas estimadas. Y les ilustro, que el tema tiene enjundia y da para varios fascículos encuadernables. Vaya por delante este primer esbozo, aunque amenazo con más entregas de este “cuento de miedo”.

Y se trata de que por ley del 18 de octubre de 1941 (!), el Estado Español, de aquella ejemplo de transparencia y libertades, se dedicó a expropiar las zonas ribereñas inundables, hurtándoselas a sus legítimos propietarios, ya particulares, ya en su mayoría pedanías y juntas vecinales, en aras de un dudoso bien común y de proteger al pueblo de abusos y de la posibilidad de construir y aun cultivar en zonas de riesgo. Típica conducta de dictaduras que toman a sus gobernados por inútiles y hasta tontos, que los de los pueblos, pobrecillos, no saben ni entienden. Esas zonas, miles de hectáreas, fueron traspasadas primero a la Dirección General de Montes y, desaparecida ésta en 1971, al ICONA, Instituto de Conservación de la Naturaleza. A lo largo de los años ochenta, y tras la constitución del Estado de las Autonomías, fueron traspasadas a cada comunidad, que disfrutan hoy en día de su propiedad y explotación, eso sí, sin escriturar ni tributar. Si se dan ustedes un paseo a la orilla de un río en la provincia de León, todas las choperas y bosques ribereños que vean son propiedad de la Junta. 

En el caso concreto de Castilla y León, con la Junta como titular de facto de los terrenos, ocurrió que la CHD, Confederación Hidrográfica del Duero, estuvo unos años “robándole la cartera” y de modo inopinado se arrogó el derecho de explotar tales riberas, consorciándolas con particulares, juntas vecinales y ayuntamientos, de manera que el reparto de beneficios en subasta tras la tala de choperas y bosques era al 50% entre CHD y junta vecinal, pedanía o particular correspondiente. Y también se permitía consorciar con otras empresas, siendo la CHD una más de las contendientes, habitual socia, pero una más. Se da el caso de consorcios de juntas vecinales con acuerdos firmados con empresas madereras privadas.

Fue en tiempos del Consejero de Medio Ambiente Antonio Silván que “se levantó la liebre” y la Junta comenzó a asumir sus reales funciones de propietario y a disfrutar del usufructo de tales riberas. A este respecto hay que señalar que se trata de un proceso escalonado, ya que, como término medio, las choperas por ejemplo tardan entre doce y quince años en ser maderables.

Acabóse el “chollo” para la CHD, órgano de gestión sólo del recurso hídrico, no propietaria ni usufructuaria del cauce, de las riberas, ni de los pocos peces que van quedando en nuestros ríos. Pero es que también “se acabó el carbón” para juntas vecinales y pedanías. La Junta no consiente otro consorcio que no sea el firmado con el Somacyl y los  términos del contrato son 70% para la empresa pública y 30% para junta vecinal, pedanía o ayuntamiento. Y son lentejas, las tomas o las dejas. El contrato incluye la obligatoriedad durante los dos primeros años  del mantenimiento del plantío por parte de la entidad menor.

Y ahora voy a lo que entiendo son los términos del abuso  y expolio:

La Junta mantiene la propiedad de los terrenos basándose en una ley de la Dictadura, una aplicación de la misma abusiva en su momento y mantenida en el tiempo. Que se restrinja el uso de zonas inundables es normal, pero que se expropie a sus legítimos propietarios es un absoluto atropello. Veríamos qué tal sienta un pleito a este respecto en algún tribunal de la UE, ajeno a influencias gubernativas y a resabios del antiguo régimen.

Que se implique en los consorcios a los legítimos dueños no es sino un implícito reconocimiento de sus derechos sobre los terrenos. Una medida política para acallar bocas y sellar conciencias.
Que se sigan considerando zonas inundables las mismas que en los años 50 y 60 no deja de ser un despropósito en muchos casos. La construcción de embalses en nuestros ríos ha modificado cauces y regulado caudales. No es de recibo que, tras anegar y arruinar en cursos altos, nos empeñemos también en explotar cursos bajos. Abuso a todos los niveles.

Y ahora, la almendra. Cuánto mejor no sería poder explotar por parte de sus legítimos propietarios el 100% de los recursos. Riqueza para los pueblos y fondos para fijar población, industria maderera local, autofinanciación de las entidades menores que, vista la dejación de las administraciones, cada vez deberán prestar más servicios, imposibles hoy día sin medios y sólo con la voluntad.
Puede que por mi parte, ciego como ando por mis ganas de autogobierno para León y recuperación de la tradición concejil, todo esto no sea más que sueño, pero alcanzable. A ver si nos ponemos.