La política de la pureza

Hay una especie de político que me cansa más que cualquier otro. No el corrupto, que al menos sabe lo que hace y le toca asumir las consecuencias cuando le pillan. Tampoco el mediocre, que simplemente ocupa un espacio que debería pertenecer a alguien más capaz. El que de verdad agota, el que satura hasta el punto de hacerte dudar del sistema entero, es el político de la pureza.

Me da igual si viene de la izquierda, con su monopolio autoproclamado sobre la justicia y la moral, como aquellos hidalgos de la picaresca que lucían puños y cuellos limpios mientras mantenían por dentro toda su ruindad. O si viene del nacionalismo de salón, esos que expenden certificados de pertenencia a su libre criterio y se reservan el derecho de decidir quién es suficientemente leonés, suficientemente puro. La enfermedad es la misma en todos ellos: la certeza de que la política es un ejercicio de superioridad moral y no de gestión del mundo real.

La derecha ha confundido la indignación permanente con el pensamiento político y ha hecho del "no" su único programa de gobierno.

Pero hoy me ocupo de la variante que más directamente me interpela de cara al 15 de marzo. La de esa derecha que se proclama valiente y que ha convertido cada acto, cada gesto y cada votación ajena en ocasión para demostrar que los demás están irremediablemente contaminados. La que nunca vota a favor de nada porque votar a favor de algo es mancharse. La que critica con igual intensidad lo bueno y lo malo porque distinguir entre ambos comprometería su imagen de irreductible. La que ha confundido la indignación permanente con el pensamiento político y ha hecho del "no" su único programa de gobierno.

Vox es hoy, en España y en Castilla y León, el partido de la pureza. Y la pureza, en política, es siempre una mentira.

Lo es porque la política es, por definición, el arte de gestionar un mundo que no es como uno quisiera que fuera. Un mundo en el que las interacciones económicas son inevitables, en el que los países comercian, aunque no compartan valores, en el que los grupos de ciudadanos con visiones distintas tienen que convivir y a veces encontrarse en soluciones comunes. Pretender que eso no existe, que la realidad puede moldearse a golpe de voto negativo, que basta con señalar la corrupción ajena para hacerse acreedor de la confianza pública, no es política. Es teatro. Y un teatro que, en el caso de Vox, se ha vuelto particularmente caro para los ciudadanos que dicen defender.

En las Cortes de Castilla y León, durante el último año de legislatura, los procuradores de Vox han coincidido con el Grupo Socialista en más de setenta votaciones en pleno. Setenta.

Empecemos por lo más cercano, por lo que cualquier lector leonés puede contrastar con facilidad. En las Cortes de Castilla y León, durante el último año de legislatura, los procuradores de Vox han coincidido con el Grupo Socialista en más de setenta votaciones en pleno. Setenta. Si se amplía el análisis a las comisiones parlamentarias, la cifra sube hasta 149 votaciones compartidas. Esto no es una interpretación, ni un titular interesado: es el resultado de analizar todas las votaciones realizadas en la cámara autonómica. Una de cada cuatro decisiones tomadas por las Cortes llevó el mismo sentido en los escaños de Vox y en los del PSOE.

El mismo partido que a nivel nacional declara ser el único dique frente al sanchismo, que afirma en boca de su líder que votaría en contra "aunque sea poner la bandera de España en todas las rotondas" si lo propone el Gobierno, en Castilla y León votó junto a los socialistas para tumbar la Ley de Concordia que él mismo había impulsado, para frenar iniciativas sobre política judicial, y para bloquear, por primera vez en la historia de esta Comunidad, los presupuestos de la Junta. Cuarenta y siete votos contra treinta y uno, con el PSOE y Vox en el mismo lado de la balanza, abocando a Castilla y León a prorrogar unas cuentas que tenían dos años de antigüedad. Eso es lo que hay detrás del discurso de pureza: no coherencia, sino táctica. No principios, sino posicionamiento electoral.

¿Qué plan concreto tienen para la despoblación de León, para la sanidad en el medio rural, para los jóvenes que se marchan de Ponferrada o de Sahagún? La indignación es fácil. Gobernar, bastante menos.

Y la pregunta que nadie en Vox responde nunca es la más sencilla: ¿qué proponen a cambio? ¿Qué plan concreto tienen para la despoblación de León, para la sanidad en el medio rural, para los jóvenes que se marchan de Ponferrada o de Sahagún? La indignación es fácil. Gobernar, bastante menos.

Pero hay algo todavía más grave, y aquí conviene entrar con cuidado porque los datos son incómodos e irrebatibles. El 28 de enero de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez sometió a votación en el Congreso el Real Decreto-ley 36/2020, el texto que establecía el marco de gestión de los fondos europeos del plan Next Generation. Ciento cuarenta mil millones de euros destinados a España, entre transferencias directas y préstamos, para salir de la pandemia e impulsar la transformación económica del país. Un decreto que concentraba en el Ejecutivo una capacidad de gasto extraordinaria: modificaciones presupuestarias sin autorización parlamentaria, pagos anticipados de hasta el cincuenta por ciento del valor de los contratos, control previo reducido a plazos de cinco días hábiles, y la posibilidad de comprometer gasto de ejercicios futuros sin presupuestos aprobados.

Si hubieran votado junto al PP, el texto habría caído. El Gobierno habría tenido que negociar condiciones, establecer controles, ceder en transparencia. No lo hicieron.

El PP votó en contra, argumentando exactamente lo que los hechos posteriores han confirmado: falta de control parlamentario, riesgo de uso discrecional, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Vox se abstuvo. Cincuenta y dos diputados que, en lugar de votar en contra, dejaron pasar el decreto. Si hubieran votado junto al PP, el texto habría caído. El Gobierno habría tenido que negociar condiciones, establecer controles, ceder en transparencia. No lo hicieron.

¿Y cuál fue el resultado? Exactamente el que Vox había descrito en el propio debate parlamentario. Sus propios diputados lo llamaron "los fundamentos de la mayor red clientelar de la historia de España". Lo calificaron de "administración paralela que decide al margen de los procedimientos ordinarios". Y luego se abstuvieron, entregando al Gobierno la herramienta que durante cuatro años no han parado de denunciar. Lo que siguió es historia conocida: tres años de presupuestos prorrogados, noventa mil millones en modificaciones presupuestarias ejecutivas durante 2024 solo, fondos repartidos con criterios opacos que diversas comunidades autónomas denunciaron como políticamente sesgados, y una baja ejecución real que convirtió en propaganda la narrativa de inversión del Gobierno. España llegó a estar por detrás de Italia, Francia y Portugal en absorción efectiva de los fondos que con tanto ruido se habían anunciado.

Vox hizo posible todo eso con su abstención. Luego lo criticó durante cuatro años. Y ahora pide de nuevo el voto de los ciudadanos.

La política real obliga exactamente a eso: a entender que el mundo funciona con interacciones, con compromisos, con el reconocimiento de que la realidad no es binaria.

Hay quienes dirán que esto es una simplificación, que la política real obliga a decisiones imperfectas, que no siempre se puede votar en contra de todo. Y tienen razón. La política real obliga exactamente a eso: a entender que el mundo funciona con interacciones, con compromisos, con el reconocimiento de que la realidad no es binaria. Pero esa comprensión es incompatible con el discurso de Vox. No puedes presentarte como el único partido que no se ensucia y luego salvar con tu abstención el decreto que describes como la mayor amenaza para la democracia española. No puedes reprocharle al PP que pacta con quien no debe y luego votar junto al PSOE en 149 ocasiones en el parlamento de tu propia región. No puedes exigir pureza a los demás mientras practicas el pragmatismo que niegas.

La política que solo sabe decir no es, en el mejor de los casos, estéril. En el peor, es activamente dañina. Porque los ciudadanos que votan a un partido que se abstiene cuando debería votar en contra, o que tumba presupuestos sin presentar una alternativa propia, son ciudadanos que creen estar eligiendo resistencia y en realidad están eligiendo inmovilismo. Y el inmovilismo, en una región como León, con los problemas que León tiene, no es una postura neutral. Es una renuncia.

El 15 de marzo, los castellanos y leoneses tienen por delante una decisión que va más allá de quién gana.

El 15 de marzo, los castellanos y leoneses tienen por delante una decisión que va más allá de quién gana. Lo que está en juego es si queremos que nuestras instituciones funcionen o si preferimos que sean escenario de un combate eterno entre quienes dicen representar la pureza y quienes gestionan lo posible. La democracia necesita oposición, claro. Necesita partidos que fiscalicen, que denuncien, que obliguen al gobierno de turno a justificarse. Pero también necesita partidos que, cuando llega el momento, sean capaces de decir: esto es lo que yo haría en su lugar, y esto es lo que estoy dispuesto a defender ante los ciudadanos. No cincuenta razones para votar no. Una razón para votar sí.

Y aquí está el problema de fondo, el que explica por qué Vox no encuentra esa razón y probablemente no la va a encontrar. Un partido que construye su vida interna sobre la ortodoxia vertical, donde el debate se sofoca antes de nacer, donde cualquier voz que incomode a la cúpula es neutralizada antes de que crezca, donde el perfil propio se convierte en motivo de sospecha en lugar de activo político, ese partido no genera pensamiento. Genera obediencia. Y la obediencia puede sostener una marca electoral durante un tiempo, pero no puede producir un programa de gobierno, ni una alternativa real, ni la más mínima respuesta concreta a lo que preocupa a la gente en su vida diaria. Lo que queda cuando se expurga todo lo que piensa de manera independiente es, exactamente, lo que Vox ofrece hoy: retórica identitaria, gestualidad combativa y el vacío donde debería haber propuestas.

Los votantes extremeños que eligieron un gobierno de derechas son, en ese cálculo, un peaje aceptable.

La pregunta es qué harán el 16 de marzo, cuando las urnas de Castilla y León hayan dado su veredicto. Pero en realidad no hace falta esperar: la respuesta ya la estamos viendo en Extremadura, en tiempo real. Los ciudadanos extremeños votaron en mayo con claridad suficiente para dar a la derecha el gobierno de su comunidad. Dos meses después, María Guardiola no ha podido tomar posesión porque Vox ha votado en contra de su investidura en las dos votaciones, en ambas ocasiones junto al PSOE y Podemos, teniendo en la segunda la opción de abstenerse y permitir que el mandato de los votantes se cumpliera. No lo han hecho. Y la razón no es ideológica ni de principios: es que el 15 de marzo hay elecciones en Castilla y León, y bloquear un gobierno del PP en Extremadura les resulta electoralmente útil aquí. Los votantes extremeños que eligieron un gobierno de derechas son, en ese cálculo, un peaje aceptable. ¿Forzar una nueva vuelta electoral hasta que ganen o desaparezcan? ¿Pactar con alguno de los dos partidos que señalan en sus carteles como igualmente inaceptables? No es una hipótesis: es lo que ya está ocurriendo. Me temo que en ese ejercicio de caudillismo que practican nadie se ha molestado en pensar en los ciudadanos. Ya lo aprendió Podemos a su costa: la indignación da votos durante un tiempo, pero cuando no ofreces respuestas, los votos se marchan igual que llegaron.

Mientras Vox no encuentre esa razón, seguirá siendo lo que ha demostrado ser esta legislatura: el partido más incómodo para el PP, el aliado más útil del PSOE, y el más costoso para quienes de verdad esperaban algo diferente.

La pureza política es una comodidad moral: permite denunciarlo todo sin responsabilizarse de nada. Pero un país no se gobierna con indignación. Se gobierna tomando decisiones. Incluso cuando esas decisiones no son perfectas.