El caso de la democracia 'asesinadita'
Como tantos otros del baby-boom, yo nací en 1965- de hecho, en unos días cambio de década- y comencé la carrera de Derecho con una recién estrenada Democracia. El ejemplo de profesores como mi maestro, Rafael Calvo Ortega, artífice en primera persona, como tantos otros, de este cambio tan sustancial en nuestro país, puso la semilla de mi convicción de que cualquier jurista que se precie debe velar por ese modelo político- recién estrenado entonces- poniendo todo el afán, las ganas y la vocación al servicio de lo público y de la sociedad que se gestó y ha crecido a la par que nuestra democracia.
Los valores de la transición, que algunos se empeñan en opacar ahora, nos han servido a muchos de nosotros como combustible en la defensa de un Estado de derecho con el que estamos comprometidos y cuyos pilares esenciales intentamos apuntalar como garante de la libertad y la convivencia de todos. La realidad que nos atropella a diario demanda cada día más que luchemos por fortalecer unas instituciones cada vez más tensionadas.
Abogar por la transparencia, la eficacia, y por garantizar las reglas del juego frente a quienes se las saltan sin ningún decoro, debe convertirse en nuestro empeño más absoluto si queremos dejar a nuestros hijos y nietos un país, si no mejor, al menos equiparable al que nosotros hemos disfrutado, y que muchos comenzamos a no distinguir.
Y entre estos límites, sin ánimo de exhaustividad, voy a mencionar tres que considero esenciales: el primero de ellos, garantizar que el Parlamento recupere su papel en la representación de los intereses de los ciudadanos...
Y en esta apuesta por un Estado de derecho de calidad que nos ayude a consolidar el modelo de gobierno que merece la España en el siglo XXI, debemos reflexionar acerca de qué medidas mejorarían nuestra maltrecha democracia actual, cada vez más deteriorada, que lleva camino de acabar “asesinadita”- siguiendo a D. Miguel Mihura- por quienes, a diario y cada vez más, se saltan todas las reglas y practican un todo vale, por desgracia, cada vez más normalizado. Me refiero a aquellos que se han afincado en un poder omnímodo que se empeñan en conservar a toda costa, atacando sin rubor los contrapesos propios de un Estado de derecho.
Y entre estos límites, sin ánimo de exhaustividad, voy a mencionar tres que considero esenciales: el primero de ellos, garantizar que el Parlamento recupere su papel en la representación de los intereses de los ciudadanos, dejando de estar tutelado por el poder ejecutivo que ejerce el Gobierno de forma exorbitante a partir del abuso de los decretos leyes que limitan claramente su acción parlamentaria.
Pese al llamativo exceso de la acción regulatoria por esta inadecuada vía, que además supone cambios constantes del ordenamiento jurídico en contra de la más elemental seguridad jurídica, nadie se preocupa de verificar los resultados de los cambios legislativos que, por cierto, ni se reflejan en mejoras de servicios públicos ni solucionan los problemas reales de los ciudadanos. Un ejemplo palmario, la regulación de la vivienda que, lejos de arreglar una cuestión tan vital, ha empeorado la posibilidad de hacer efectivo el derecho constitucional a disponer de una vivienda digna. Mejor, que no hagan nada que todavía lo empeoran más.
Y es que pese a sus niveles alarmantes de deterioro, este Gobierno tiene su supervivencia garantizada pase lo que pase
El segundo contrapeso: cumplir con la obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado, y que sea el Parlamento el que decida acerca de su aprobación; no hacerlo, por enésima vez, es volver a ningunear al poder legislativo en su papel de pilar fundamental de nuestro Estado de derecho. Pese a ello, el Ejecutivo no tiene disposición alguna a presentarlos, absolutamente convencido de que el incumplimiento de este mandato constitucional no le va a llevar por delante. Y es que pese a sus niveles alarmantes de deterioro, este Gobierno tiene su supervivencia garantizada pase lo que pase y haga lo que haga- ya sea no presentar presupuestos, ya sea un apagón injustificado, ya sea colocar a dedo a la familia, ya sea gastar el dinero público en juergas en Paradores, ya sea mantener a un Fiscal General en ciernes de ser imputado, ya sea garantizarse el aforamiento a costa de dimisiones, ya sea arremeter contra Israel de boquilla y después comprarle armas… uf, qué pereza- y todo gracias al apoyo de quienes como Sumar, Bildu, ERC, Junts… han encontrado el mejor chollo de sus vidas en la debilidad del Ejecutivo de Sánchez.
Lo mejor de todo la venda en los ojos que se han puesto todos estos partidos, tan aficionados a los golpes de pecho y a las lecciones de moralina, siempre y cuando, claro, no les afecte al bolsillo. Estamos afincados en la “apología de la ética y del sentido de Estado” de quienes debilitan nuestro Estado de derecho a costa del rédito que sacan del descrédito de este Gobierno dispuesto a comprometer miles de millones de euros para comprar las voluntades de sus aliados.
El tercero de los límites (y podría seguir y seguiré en futuras columnas para no cansarles): respetar la independencia de los órganos judiciales que garantice su legitimidad como garante de nuestro Estado de derecho y su imparcialidad como elemento fortalecedor de la confianza ciudadana. Debe acabarse el infame acoso a los jueces que no se pliegan a la voluntad del Gobierno- cumpliendo afortunadamente para todos su función constitucional- el papel interesado de una Fiscalía obscenamente plegada a los intereses del Ejecutivo, la politización de nuestro Tribunal Constitucional, auténtico garante de la supervivencia de nuestra Democracia. Resulta sencillamente infame el proyecto normativo que está encima d la mesa y que quiere acallar al único contrapeso que resiste. Ay, si Montesquieu levantara la cabeza… ¿Dónde habrá quedado la separación de poderes?
Menos mal que por lo menos la Cultural ha subido a Segunda…