Triste récord

Llevo más de treinta años explicando que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son mucho más que su definición normativa -“la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal”-;  son,  en realidad,  un documento político, una especie de contrato con la ciudadanía  que recoge las políticas de gestión que pretende desarrollar el Gobierno de turno desde una perspectiva económica y financiera, son su forma de entender la gestión pública, su hacer político en cifras.

Dicho en otras palabras, que se entienden mucho mejor, el PGE es el documento que refleja en qué se van a gastar los dineros que aportamos todos a las arcas del Estado mayoritariamente a través del pago de nuestros impuestos, cuantía que lleva unos años aderezándose en exceso por un recurso desbocado al endeudamiento público que, tampoco hay que ser ingenuos, acabaremos también pagando entre todos más pronto que tarde.  

La necesidad de que exista un presupuesto engarza con el propio origen del parlamentarismo, del que tanto sabemos por estas tierras, apoyándose  en la necesaria relación  económica entre el Rey sus súbditos que encontraba su reflejo en la reunión de las Cortes en las que se aprobaban los  impuestos y las cargas que se querían imponer a los ciudadanos medievales para sostener os proyectos de la Corona;  ahora bien, para conseguir esos fondos,  el Rey debía atender las demandas de los representantes de esos ciudadanos en Cortes. En resumen, el aforismo del derecho anglosajón: “No taxation without representation”.

Hoy en día, el parlamentarismo moderno adapta esta idea con la ayuda del  principio de separación de poderes,  que define el papel en la aprobación del presupuesto de cada uno de los poderes del Estado- el Poder Ejecutivo lo elabora,  ejecuta y realiza funciones de control interno,  mientras que  el poder legislativo lo examina, enmienda y aprueba, además de controlar su ejecución con la concurrencia  del tercero de los poderes,  el jurisdiccional, representado por el Tribunal de Cuentas- y el imperio de la ley que desliga la función presupuestaria y la función tributaria del poder legislativo obligando a que el presupuesto se apruebe necesariamente  por ley cada ejercicio  y ello  sin contener  dentro del mismo nuevos impuestos que deberán aprobarse por leyes específicas y permanentes,  repito, Leyes específicas para cada figura tributaria y no los Decretos leyes a los que nos tienen  tan (mal) acostumbrados.  Que el presupuesto no pueda contener nuevos impuestos es un mandato constitucional que se impone para respetar la debida seguridad jurídica que deben garantizarnos a los ciudadanos. 

Así que, ni  el Ejecutivo puede dejar de presentar los presupuestos cada año- cosa que la ministra Montero ha hecho cuando le ha venido en gana y con las excusas más peregrinas- ni la prórroga constitucional, que no me canso de repetirlo, está, como se entiende por este Gobierno, para resolverle la papeleta a la ministra...

Cualquiera de las de las democracias modernas con las que convivimos- valgan de ejemplo los países de la Unión Europea entre los que nos contamos- tienen estructurado un procedimiento para ejercer la que hemos llamado función presupuestaria. 

En el caso de España es nuestra Constitución la que señala la necesaria aprobación de los PGE por las Cortes Generales, aprobación a la que, en el artículo 66, se le da la misma entidad y valor que a la función legislativa y la de control al Gobierno. Por su parte,  el artículo 134.1 atribuye las competencias del ciclo presupuestario a cada uno de los poderes del Estado de forma que, si bien el Gobierno debe elaborarlos anualmente- obligación que no puede saltarse a la torera,  ni tampoco  puede entender  que se trata de una gracia o  favor que nos hace,  ya que debe cumplir el mandato constitucional , son las  Cortes Generales -Congreso de los Diputados (al no pienso descabalgarle el nombre que aparece en su fachada)  y  Senado- los que deben  examinarlos, enmendarlos y, finalmente, si así lo consideran,  aprobarlos. Y es que esa aprobación puede llevarse a cabo o no, en cuyo caso, y solo en ese caso, por la incapacidad de cumplir con esta reserva legal que afecta a los presupuestos, se debe acudir a la prórroga de los del ejercicio anterior. 

 Así que, ni  el Ejecutivo puede dejar de presentar los presupuestos cada año- cosa que la ministra Montero ha hecho cuando le ha venido en gana y con las excusas más peregrinas- ni la prórroga constitucional, que no me canso de repetirlo, está, como se entiende por este Gobierno, para resolverle la papeleta a la ministra de verse sin unos presupuestos que ni si quiera se ha molestado en elaborar y presentar a las Cortes- incumpliendo el mandato constitucional- a las que hurta su importantísimo papel en el  ciclo presupuestario. 

Ni que decir tiene que en la historia de nuestra democracia y hasta la llegada del actual Gobierno, por pura lógica, la falta de apoyo de las Cortes Generales a los presupuestos siempre se había interpretado como un férreo motivo para dar por terminada una legislatura

El hecho de que todo se haga mal no legitima este comportamiento que llevamos viendo los últimos años y que se exhibe sin pudor por el actual Gobierno que, estoy convencida, piensa que los ciudadanos somos tontos y no nos enteramos de nada y que,  en esta cuestión, como en  muchas otras, puede campar a sus anchas saltándose la legislación vigente; y encima en este caso lo que se están saltando es un mandato constitucional parapetados en que  el día que se resuelva cualquier posible recurso ante el “en teoría” garante del cumplimiento de nuestra norma suprema,  igual ya ni están (no caerá esa breva).  Ni que decir tiene que en la historia de nuestra democracia y hasta la llegada del actual Gobierno, por pura lógica, la falta de apoyo de las Cortes Generales a los presupuestos siempre se había interpretado como un férreo motivo para dar por terminada una legislatura en la medida en que el Ejecutivo no es capaz de aprobar su plan de gestión política.  

Y en este contexto que parece una clase de derecho presupuestario- y no lo pretendo- que me sirve  para explicarles qué tiene que hacer cada uno de los poderes del Estado y no hace para  poder aprobar el presupuesto- el Ejecutivo porque no quiere y el Legislativo porque no le dan la oportunidad-,  justo antes de las vacaciones presidenciales (que ya les avisé que pasábamos el verano),  nuestro flamante Presidente Sánchez,  en esa carrera enloquecida en la que lleva resistiendo,  que no gobernando, media legislatura se descolgó prometiendo en su balance de finales de julio,  y como si nos estuviera haciendo un favor con ello, que iba a presentar los presupuestos para 2026.  Para completar el contexto, debo recordarles que en el haber del actual presidente figuran ya más prórrogas presupuestarias que presupuestos aprobados, lo que es todo un récord que hay que reconocerle (por aquello de su preocupación por cómo le recordarán).  

Pues bien, tirando de ese arte del ganar tiempo que practica a la perfección y al precio que sea, nos ofrece ahora Sánchez la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 como una panacea, como el bálsamo de Fierabrás que le permitirá, como pretende, acabar la legislatura (qué castigo de hombre); eso sí, no sin darse la importancia desmedida que acostumbra, al avisarnos a los tontos a quienes gobierna, de que no va a ser un objetivo fácil de alcanzar.

Y no va a serlo, lo primero porque nada han hecho aún y los presupuestos de 2026 deberían estar en el Congreso el 1 de octubre- y entre las vacaciones y el actual pluriempleo de la ministra veremos- y lo segundo, y ahí está el quid, porque, de entrada, dos de sus socios ya se le han puesto de patas.
 
Los unos advirtiéndole que están cansados de que les engañe como a chinos- me refiero a Puigdemont y sus acólitos- por no hablar del agravante de que vuelve a estar dispuesto a negociar con el prófugo lo que nos afecta, y mucho, a todos los españoles; los otros, los de Podemos, advirtiéndole que “no pasarán” por un 2,1% del PIB de gasto en Defensa lo que tiene prometido a la Unión Europea. 

Y ¿saben el problema último al que vamos a enfrentarnos si sus socios cumplen las amenazas? La forma que tiene este presidente de salir de atolladeros imposibles como apunta a ser éste.  Porque yo no le oí decir en ningún momento que si las Cortes generales no le aprueban los presupuestos que en teoría va a presentar (aunque sea tarde) vaya a convocar elecciones como impondría el propio sentido común. Les apuesto que va a pretender consolidar su triste récord… Bendita UCO, a ver si nos acaba resolviendo esta nueva misión imposible.