Arde parte de la España Vaciada: descontrol planificado
A once días del inicio de los incendios que, con total impunidad, están arrasando el noroeste de la España Sacrificada, cuando Las Médulas ya solo son un recuerdo, y el fuego se extiende ya dentro del parque nacional de Picos de Europa, mientras se multiplican los incendios desde Asturias, Galicia, Tras-os-montes, León, hasta Extremadura, la inacción ha sido, de nuevo, la tónica general de todos nuestros gobernantes. Los que tenían competencias medioambientales y los que las delegaron. Esa inacción que ha permitido que, según reconoce este lunes la ministra de Defensa, los incendios ya sean inabarcables con medios técnicos y “hay que esperar a que llueva”. O a que nieve.
Es bien sabido que la gestión por parte de los políticos de turno de lo “publico”, más bien “estatal” dado que lo único público que hay en dicha gestión es el dinero de nuestros impuestos, ha estado marcada desde hace décadas por lo que es: un inmenso negocio. Sea la educación, la sanidad, la atención a los mayores, o los incendios, en su gestión se abre una inmensa posibilidad de enriquecimiento para unos pocos. En todos los casos no es tanto un problema de insuficiencia financiera, sino más bien de a qué se dedican nuestros dineros.
Prevalece por tanto el interés particular: privatizar la extinción y repartirla entre todo tipo de empresas y, sobre todo, anular cualquier intento serio de desarrollar un sistema de prevención, dado que ello pondría en riesgo su negocio. Porque desarrollar un sistema de prevención implica abordar las causas de los incendios, vetar cualquier interés crematístico sobre la naturaleza y nuestros bosques, frenar la hemorragia de la despoblación, priorizar la producción agroecológica de proximidad, mantener y mejorar los servicios públicos…medidas que permitirían unas zonas rurales vivas durante todo el año. Justo lo contrario de la tendencia actual: vaciar el mundo rural para poder aplicar el mantra extractivista escudándose en una inexistente transición energética.
Estamos asistiendo a la misma realidad que vivimos en las crisis del Covid, o en la Dana de Valencia. Crisis en las que, ante la insuficiencia de medios, la incapacidad y la desaparición del Estado, la solidaridad del pueblo surge para enfrentar el problema. Desde los que han decidido permanecer en sus pueblos para defenderlos, hasta todos aquellos que en estos momentos están participando en labores de extinción o de apoyo a los afectados. Sin embargo, en los próximos días veremos movilizaciones en las que participarán algunos de los que son parte del problema. Aquellos que los propios bomberos forestales, los que se están jugando la vida mientras los políticos se lanzan improperios en un juego perfectamente calculado, denuncian que han apoyado el proceso de privatización.
Mientras, según expertos, el desastre de la planificación forestal nos acerca ya a los 8 millones de hectáreas quemadas en las últimas décadas. Hoy, tres años después del incendio y los muertos de la Sierra de la Culebra volvemos a la casilla de salida. No se ha avanzado absolutamente nada. La repoblación se está realizando por grupos al margen de las instituciones. Los servicios públicos siguen siendo recortados. La despoblación se ha incrementado. Los grandes proyectos de macrorenovables y todo tipo de industrias toxicas o proyectos extractivistas invaden las zonas rurales. Mientras las temperaturas escalan y ya hemos sobrepasado siete de los nueve limites ambientales, el mantra del crecimiento sigue dirigiendo las políticas públicas en una carrera suicida hacia un destino pavoroso. No nos sirve este modelo económico, la prevención y la defensa de la naturaleza son incompatibles dentro del capitalismo.
