"De nuevo... el desastre"
La nueva normalidad se impone. El verano ya no es aquel lugar idílico, si es que alguna vez lo fue. Cientos de miles de hectáreas de alto valor ecológico calcinadas, catorce personas fallecidas y hogares arrasados desde Almería hasta Castilla pasando por Castellón, Zamora o León lo atestiguan.
Negligencias, accidentes, tormentas secas o incendios provocados. Sea cual sea su origen, el desarrollo catastrófico de estos incendios no es fruto de la mala suerte. El abandono del territorio, las condiciones climáticas, la falta de medios, la ausencia de responsabilidades políticas, el estado de los montes y de las áreas periurbanas vuelven a decirnos, a gritos, que algo está sucediendo.
Nos encontramos inmersos en una crisis ecológica cada vez más profunda, pese al negacionismo reaccionario, tal y como viene advirtiendo la comunidad científica. Los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías y el aumento generalizado de las temperaturas dibujan una tendencia que ya es imposible ignorar. Al mismo tiempo, el empobrecimiento y la despoblación agravan las condiciones de vida de la clase trabajadora rural y favorecen la propagación de los incendios.
La desaparición progresiva de los usos tradicionales del territorio, y el vaciamiento de los pueblos han convertido amplias zonas de nuestros montes en enormes acumulaciones de combustible. Allí donde antes existía una relación cotidiana entre la población y el territorio, hoy predominan el abandono y la falta de gestión.
El territorio se encuentra en un estado de abandono absoluto en lo que respecta a infraestructuras, usos y labores de prevención, mientras que la política de las instituciones responde fundamentalmente a la extracción de recursos y al beneficio privado. Todo ello está unido por un mismo hilo conductor: un modelo de gestión capitalista del territorio basado en su subordinación a los intereses del capital.
Tras los fatídicos incendios de 2022 y 2025 —y después de las demandas de pueblos, trabajadores y expertos—, la Junta de Castilla y León, como el resto de instituciones, sigue sin acometer las medidas necesarias para afrontar esta nueva realidad. Buena prueba de ello es la situación del operativo de extinción de incendios: subcontratado, precarizado, con una elevada temporalidad y sin el reconocimiento profesional de los bomberos forestales. Un operativo insuficiente que pone en peligro tanto la eficacia de la respuesta como la vida de quienes trabajan en él.
Pero el problema no se limita a la falta de medios durante la emergencia. El modelo institucional sigue basado en la extinción cuando el incendio ya se ha declarado, mientras relega la prevención a un papel secundario y estacional. Sin planificación, sin inversión sostenida durante todo el año y sin una gestión integral del territorio, cada verano comienza con unas condiciones más favorables para que los incendios sean cada vez más destructivos.
Las instituciones gestionan el territorio de acuerdo con los intereses del capital, como demuestra la proliferación de macroproyectos energéticos, la extracción maderera tras los incendios de Zamora, la gestión cinegética o el monocultivo cerealista condicionado por la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. El resultado es un territorio empobrecido, inaccesible y cada vez menos habitado, donde los beneficios se privatizan mientras los costes recaen sobre la mayoría social; urbana y rural.
No tenemos la mejor herramienta de prevención posible: una amplia mayoría social que viva, trabaje y gestione el territorio de forma diversa y en beneficio colectivo. Los territorios vaciados de habitantes son especialmente vulnerables a los incendios forestales. En ellos, los intereses y la búsqueda de rentabilidad de una minoría propietaria se imponen sin apenas resistencia, mientras los fuegos se convierten en una amenaza de enormes consecuencias ecológicas y humanas. Como vienen señalando los propios trabajadores del operativo, los incendios presentan ya patrones nunca antes vistos y, por tanto, exigen una respuesta integral, estructural y radicalmente distinta de la actual.
Mientras tanto, los responsables políticos, entre la inacción y la fanfarronería, continúan apuntalando este modelo de ataque contra el territorio y quienes lo habitan. Como afirmó el máximo responsable del operativo en Castilla y León, nombrado hace dos meses por Sánchez Quiñones, cuando fue preguntado por las labores de prevención: «A ver de dónde sacamos dinero para eso».
La Coordinadora Juvenil Socialista lo resume con claridad: «Castilla y León es un territorio diseñado para quemarse». Este modelo de gestión del territorio nos condena a la miseria. Existe un antagonismo evidente entre los intereses de la mayoría trabajadora y los de unas instituciones al servicio del capital y la burguesía. La disyuntiva es clara: su rentabilidad y sus negocios o nuestras condiciones de vida, de trabajo y la preservación de la riqueza ecológica.
El verano empezó mal y continúa peor. Construir una alternativa consciente, planificada y verdaderamente democrática frente a esta barbarie es la única salida. Sino estaremos abocados a llorar cada verano las pérdidas.
