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COAG culpa a la "suicida política empresarial" de Azucarera del cierre de la fábrica de La Bañeza

"Reventó los pactos con los agricultores por atender sus intereses", recuerda la organización profesional agraria
 
Planta de Azucarera de La Bañeza.
Planta de Azucarera de La Bañeza.

La organización profesional agraria COAG culpó a la “suicida política empresarial” de Azucarera del cierre de la fábrica de La Bañeza, en la provincia de León, así como del cese de la molturación de remolacha en la planta burgalesa de Miranda de Ebro, ya que la compañía, según COAG, “reventó los pactos con los agricultores por atender sus intereses”.

"La crónica de una muerte anunciada"

Se trata, por tanto, y según reveló COAG en un comunicado remitido a Ical, de “la crónica de una muerte anunciada” que la empresa justifica en el aumento de costes de producción, la bajada de precios del azúcar derivado de las exportaciones desde Ucrania por sus acuerdos preferenciales con la Unión Europea, y la pérdida de superficie de siembra de remolacha, que según COAG tiene su origen en “los precios de ruina que este año ha ofertado Azucarera para la contratación de remolacha”.

“Si a los cultivadores no les salen las cuentas, no van a cultivar”, sostiene la organización profesional agraria, que recuerda cómo el sector remolachero “había fraguado un sistema propio de organización, basado en acuerdos marco interprofesionales, que desde la llegada de ABF a Azucarera comenzaron a poner en cuestión hasta que se lo cargaron definitivamente”.

Para COAG, “Azucarera fulminó los acuerdos interprofesionales para hacer y deshacer lo que considerasen más oportuno para sus propios intereses sin la molesta participación y vigilancia de las organizaciones agrarias, fomentó un modelo de cultivo compartido con resultados nefastos desde el punto de vista agronómico, e impuso un sistema de remuneración que tenía en cuenta la variabilidad del precio internacional del azúcar, pero solo cuando estaba en niveles bajos, para justificar la bajada del precio al remolachero”.

COAG Castilla y León manifestó su apoyo y solidaridad con los trabajadores afectados y confió en que la negociación que mantengan con la empresa permita una salida digna para los que abandonen la actividad. Asimismo, la organización profesional agraria pidió tanto a la compañía como a las administraciones un plan de reindustrialización ligado a la agroindustria para las zonas más afectadas, que junto con los puestos de trabajo asociados a ellas, permitan también el desarrollo de una agricultura que siga proporcionando riqueza y población al medio rural.