La abogada Pilar Pérez presenta su candidatura al Colegio de León con el lema 'Todos somos colegio'

La letrada leonesa Pilar Pérez Pérez ha anunciado su candidatura al decanato del Colegio de la Abogacía de León, bajo el lema “Todos somos colegio: luchamos por derechos”. La abogada encabeza una lista que pretende ofrecer “una alternativa al más de lo mismo”, apostando por la unión de todos los profesionales de la provincia y una gestión “sin dependencias ni conflictos de intereses”.

Según Pérez, “todos los abogados y abogadas de León compartimos los mismos problemas y merecemos un colegio que nos represente de forma real, sin condicionantes externos”. En su presentación, recalcó que ninguno de los miembros de su equipo “tiene vínculos económicos con la Mutualidad ni con otras entidades”, lo que —afirma— “garantiza la independencia en la defensa de los intereses colegiales”.

La candidatura se define como “un grupo de profesionales con ilusión, sin experiencia previa en la Junta, pero con una idea clara: construir un colegio más inclusivo, transparente y participativo, donde la voz de todos los colegiados cuente”.

Reivindicaciones clave: del RETA al turno de oficio

El programa de la candidatura plantea varias reformas de calado, con el objetivo de “dignificar la profesión y mejorar las condiciones laborales y sociales de los abogados y abogadas leoneses”.

Una de las principales propuestas es el derecho a la pasarela al RETA, “1x1 para todos, incluidos los jubilados”, de modo que los profesionales que lo deseen puedan trasladar sus cotizaciones desde la Mutualidad a la Seguridad Social “en condiciones justas y con acceso a prestaciones dignas”. Varios miembros del grupo forman parte del movimiento #J2 León, impulsor de la Plataforma Nacional de Afectados por las Mutualidades, que logró la presentación en el Congreso de una proposición de ley actualmente en trámite.

Otra de las grandes demandas es la dignificación del turno de oficio, para que se reconozca como una relación laboral especial con la Administración de Justicia, con alta en la Seguridad Social y con carácter retroactivo. Pérez reclama también “una actualización urgente de las retribuciones”, en línea con las enmiendas a la Proposición de Ley de Seguridad Social apoyadas ya por varios partidos políticos.

Democratización, transparencia y equilibrio territorial

El programa recoge además un bloque de medidas destinado a democratizar la vida colegial, mejorar la transparencia en la gestión y garantizar la igualdad entre los distintos partidos judiciales de la provincia.

“Queremos un colegio donde todas las decisiones se tomen con conocimiento y participación de los colegiados, no solo desde la sede de León”, explica la candidata. En ese sentido, plantea la implantación del voto telemático y por correo, la ampliación del voto anticipado presencial y la creación de delegaciones con autonomía en las zonas más alejadas, como El Bierzo, donde la Delegación de Ponferrada “debe contar con presupuesto propio y competencias en materia de formación”.

Asimismo, propone que la futura decana visite al menos una vez al mes los partidos judiciales para “estar a pie de calle con los compañeros y escuchar sus necesidades”.

Medidas para la eficiencia y el bienestar profesional

La candidatura apuesta también por una reducción de los gastos colegiales, una licitación pública y transparente de los contratos y una revisión completa de los balances económicos.

Entre las medidas de bienestar profesional, propone la creación de una línea confidencial de ayuda psicológica subvencionada por el Colegio, con horario ampliado, y el fomento de la conciliación laboral y familiar.

Además, se plantea reforzar el máster de acceso a la abogacía con más práctica real, “rotaciones por el turno de oficio, simulacros de guardias y juicios con jueces y fiscales invitados”.

En materia económica, Pérez aboga por la actualización de los criterios de tasación de costas, cuestionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por la negociación con el Consejo General de la Abogacía Española para establecer nuevos baremos que den seguridad jurídica y eviten la pérdida de poder adquisitivo.

La candidatura