UPL logra que las Cortes impulsen la actualización de las ratios y normativa de los Centros de Educación Especial
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) consiguió la aprobación en las Cortes de Castilla y León de una Proposición No de Ley (PNL) que insta a la Junta a renovar y actualizar la normativa sobre ratios del personal docente y no docente en los Centros de Educación Especial, así como a elaborar un reglamento orgánico propio y un currículo adaptado a sus necesidades.
La iniciativa, presentada por el procurador berciano José Ramón García, recibió el apoyo mayoritario de la Cámara, con la única oposición del Partido Popular. En su intervención, García señaló que el objetivo de la propuesta es “dar voz a un sistema educativo muchas veces olvidado, silenciado y relegado a un segundo plano”, en el que conviven “profesionales, familias y alumnos que requieren de una atención específica, personalizada y constante”.
Según el representante leonesista, “la regulación actual es deficitaria, obsoleta y totalmente desfasada”, pues no se corresponde con los avances pedagógicos ni con los nuevos perfiles del alumnado.
Centros sin reglamento propio y con “plantillas desbordadas”
García subrayó que en los últimos quince años “la sociedad y la educación han cambiado, pero la Junta sigue sin actualizar el marco normativo”, ya que los Centros de Educación Especial “no disponen siquiera de reglamento orgánico propio”.
El procurador defendió que “no se puede seguir tratando igual” a un centro de estas características que a un colegio ordinario o un instituto, reclamando un modelo similar al de otras comunidades autónomas que ya cuentan con su propia regulación.
Además, advirtió de que la falta de actualización provoca “plantillas desbordadas, centros sin criterios homogéneos, programas educativos dispares y una desigualdad territorial evidente”, donde las condiciones no son iguales en León, Zamora o Palencia que en Valladolid.
Ratios desiguales y personal insuficiente
El leonesista denunció también la desigualdad en las ratios del personal docente y no docente, que no se han revisado desde hace quince años, lo que genera una “doble desigualdad”. Por un lado, porque se mantienen ratios insuficientes; y por otro, porque no se contempla adecuadamente la realidad del personal no docente, como enfermeras, fisioterapeutas, orientadores o ayudantes técnicos educativos.
“No hay criterios claros sobre cuándo un centro debe contar con determinados servicios sanitarios”, apuntó García, que pidió también una actualización de la etapa de Transición a la Vida Adulta (16 a 21 años), regulada por una norma de 1999, para dotarla de “un enfoque moderno, funcional y útil”.
“Una obligación moral, educativa y social”
El procurador berciano cerró su intervención defendiendo que actualizar la normativa “no es un capricho, es una obligación moral, educativa y social”. Asimismo, criticó que la “excelencia educativa de la que presume la Junta no puede medirse solo en informes PISA, también se mide en cómo tratamos a quienes más apoyo necesitan”.
Para García, “defender la educación especial es defender la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades dentro de Castilla y León”, recordando que “no es un gasto, es una inversión en inclusión, equidad y calidad educativa”.
