El juez ordena el ingreso en prisión de la sindicalista leonesa Jara, de 'Las seis de La Suiza': "Nos meten en prisión tan solo por no quedarnos calladas"
Jara, activista leonesa y figura destacada del sindicato CNT, cumple este jueves 10 de julio una de las etapas más duras de una trayectoria marcada por el compromiso social: el ingreso en prisión. Ella y otros cinco compañeros —cuatro mujeres y un hombre— ingresarán en la prisión de Villabona en Asturias tras ser condenados a tres años y seis meses de cárcel por “coacciones graves y un delito contra la administración de justicia” en el marco de una campaña sindical que comenzó hace más de ocho años.
El juez no ha admitido prórroga alguna en su ingreso en el centro penitenciario y deberán acudir a prisión de inmediato, este jueves.
El caso, conocido como las sindicalistas de La Suiza 'Las seis de La Suiza', ha desatado una oleada de solidaridad en todo el país. Jara, sin embargo, no muestra arrepentimiento: "Han querido que llegáramos con miedo, con silencio, con arrepentimiento. Pero resistimos y seguimos peleando. No nos doblegamos", declaró en una movilización reciente.
Origen del conflicto: una trabajadora embarazada
Todo comenzó el 15 de junio de 2016 en la pastelería La Suiza, ubicada en la Avenida de Schultz de Gijón. Una trabajadora embarazada, sintiéndose indispuesta, pidió abandonar su puesto. El dueño, según la versión de la CNT, se lo impidió. Tras una tensa discusión, el marido de la trabajadora intervino, lo que provocó un altercado y la posterior denuncia del propietario. La mujer terminó de baja por riesgo de aborto.
A raíz de este suceso, y tras su maternidad, la trabajadora se acercó al sindicato CNT para gestionar su despido. Denunció haber sufrido acoso laboral y sexual —aunque este último extremo fue archivado—. El sindicato intentó negociar una indemnización de poco más de 6.000 euros y la retirada de la denuncia contra su pareja. No hubo acuerdo.
Protestas y presión frente a La Suiza
Durante los meses siguientes, entre mayo y septiembre de 2017, el sindicato organizó quince concentraciones frente a la pastelería. Algunas contaron con apenas una docena de personas; otras, con hasta 80 manifestantes. Las protestas incluyeron pancartas, cortes de tráfico y el uso esporádico de petardos o bombas fétidas. Para el juez, esta actuación provocó el cierre del negocio, que calificó como “coacción grave” contra los dueños.
El fallo fue confirmado por la Audiencia Provincial y ratificado por el Tribunal Supremo, pese a que el fiscal se mostró favorable a no ejecutar la pena. Los acusados, actualmente con trabajos estables y responsabilidades familiares, esperaban una suspensión de la condena.
“Queremos recuperar nuestro calendario”
Jara ha sido uno de los rostros más visibles del grupo, participando activamente en las movilizaciones y en la estrategia de defensa. Su relato es también el más emotivo: “Queremos recuperar nuestro calendario, saber si vamos a estar fuera en el próximo cumpleaños de nuestro hijo, o si podremos estudiar, trabajar, vivir libres… No cometimos ningún delito”, afirmó con voz firme y quebrada.
La leonesa vive con su pareja e hijo en León y compatibiliza su actividad sindical con estudios universitarios. Ahora, el ingreso en la prisión de Villabona (Oviedo) paraliza su vida y la de los demás condenados: Rosa Blanca, cantante profesional; Héctor González, profesor de Historia; una trabajadora social, una veterinaria y otra activista que ha preferido mantenerse en el anonimato.
Apoyo institucional y petición de indulto
Un total de 22 organizaciones sindicales, incluidas las principales centrales del país, han firmado la solicitud de indulto. La petición cuenta con el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias y, más recientemente, con el de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quien esta semana se reunió con los condenados y aseguró que “el Ejecutivo se encargará de tramitar el indulto cuanto antes”.
No obstante, el juez del caso ha ordenado el ingreso inmediato en prisión, negando la posibilidad de aplazarlo, a pesar del informe favorable del fiscal y la inserción social de los afectados.
Protestas y últimas esperanzas
Miles de personas han salido ya a las calles de Gijón y otras ciudades para pedir justicia en este caso, y hoy se prevé una nueva concentración. Para los acusados, no se trata de una batalla legal, sino de un conflicto político y social: “No nos perdonan que nos organizáramos, que señaláramos la injusticia y que lo hiciéramos con fuerza. Pero si nos encarcelan por defender derechos laborales, ¿qué mensaje están dando?”, se pregunta Jara.
La respuesta, para ella y sus compañeros, está en seguir resistiendo, aún desde dentro.
