León exige por unanimidad el fin del "apagón" eléctrico que lastra su economía
El Ayuntamiento de León ha dado un paso firme para desbloquear e impulsar el futuro económico de la provincia. En la sesión plenaria celebrada este viernes todos los grupos políticos, junto al concejal no adscrito, han aprobado por unanimidad una moción para exigir al Gobierno central una solución inmediata a la falta de potencia eléctrica que asfixia el desarrollo industrial de la ciudad y su entorno.
Una barrera para el empleo
La situación en los polígonos industriales de León, Onzonilla y Santovenia se ha calificado de "crítica". Actualmente, existe una limitación técnica que impide autorizar proyectos industriales que requieran más de 100kW de potencia.
Esta carencia actúa como una barrera estructural que ya ha provocado que numerosas iniciativas empresariales desistan de instalarse en la zona, traduciéndose en una pérdida directa de inversiones y puestos de trabajo.
"Es especialmente llamativo que esta parálisis ocurra en una provincia que es una de las principales productoras de energía renovable del país, con más del 90% de generación verde", ha recordado Eduardo López Sendino (UPL) en el transcurso del pleno.
Infraestructuras olvidadas
El texto aprobado denuncia la saturación de la subestación de Vilecha y el hecho de que la subestación de Grulleros siga sin ejecutarse a pesar de contar con la licencia necesaria. Los grupos municipales consideran que León sufre una "discriminación objetiva" al haber sido excluida de los planes prioritarios de inversión eléctrica del Estado, dotados con 7.000 millones de euros.
Para el consistorio leonés, el acceso a una potencia eléctrica suficiente debe ser tratado como un servicio básico, al mismo nivel que el agua o el saneamiento, y no como un privilegio.
Reclamación al Gobierno
El acuerdo plenario incluye tres puntos de acción inmediata. Instar al Gobierno de España a incrementar de forma urgente la potencia en el área industrial para eliminar el límite de los 100kW; reclamar la inclusión de León en los planes estratégicos de inversión estatal para garantizar un trato equitativo con otras provincias; y por último dar traslado de estas exigencias al Ministerio para la Transición Ecológica, a Red Eléctrica de España y a la Junta de Castilla y León.
