'León Propone' pone siete deberes a Pedro Sánchez para cumplir con la provincia

La asociación León Propone, que promueve el progreso económico, demográfico, social y cultural de la España menos poblada, en especial de la Región Leonesa desde el respecto al marco constitucional, publica hoy una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su presencia mañana en la capital para asistir a la clausura de las jornadas de trabajo que organiza el PSOE bajo el lema 'Atrévete a construir futuro en Castilla y León', en la que recuerdan sus principales propuestas. 

“Confiamos, señor presidente, en que las tres visitas que ha realizado en León en el último mes sean señal de un compromiso real con esta provincia, paradigma de la España que se despuebla y desindustrializa, y que pongan de manera inmediata en marcha actuaciones concretas que ayuden a revertir esta situación”, apuntan en la misiva.

Conscientes de las limitaciones

Añaden que son conscientes de que la ejecución de algunas de ellas requieren cambios normativos y consignación presupuestaria difíciles de lograr en la actual situación de fragmentación parlamentaria, pero deberían incluirse en las previsiones del Gobierno.

Otras, señalan, son “perfectamente materializables de manera casi inmediata”, por no necesitar modificaciones de leyes, requerir pequeñas inversiones o ser posible contar con dotación en unos presupuestos prorrogados.

Las propuestas

Estos son los siete puntos de León Propone para Sánchez:

1. Retorno al territorio de los beneficios generados por plantas de generación de energía renovable y mayores garantías ambientales. Planteamos para ello recuperar el antiguo «canon energético» en favor de las Diputaciones Provinciales, a través de un porcentaje del IVA o, si se reimplantase, del impuesto a las empresas energéticas. También proponemos reservar espacio suficiente en las redes de transporte y distribución para actividades económicas electro intensivas en las provincias productoras, incluidas las comunidades de regantes. En cuento a las garantías ambientales, es necesario asegurar la restauración de los terrenos que albergan las plantas de generación renovable, creando para ello un específico «fondo de restauración» comunitario o al menos nacional; concretar el grado de restauración de los terrenos; y garantizar la no instalación de macroplantas en zonas con protección ambiental o agrícola.
2. Establecer beneficios fiscales y sociales para las empresas cuya sede social y centros de trabajo estén en localidades de población inferior a 3.000 habitantes. Una reducción significativa en el impuesto de sociedades y bonificaciones en las cotizaciones sociales por los trabajadores de las mismas que residen en pueblos también de población inferior a ese número de habitantes, beneficios mayores cuanto menor sea la población. Estas ayudas deben extenderse a las localidades con población superior pero que presenten unas pérdidas continuadas de población en los últimos 10 años.
3. Equiparar la presión de la inspección fiscal y laboral en todo el territorio nacional, mediante la superación del reparto de las inspecciones por los inspectores de la AEAT y de Trabajo por Comunidades Autónomos. El actual sistema hace que las empresas con domicilio en CCAA con menos sociedades, tengan un número de inspecciones muy superior a las radicas en Comunidades con mayor nivel de industrialización. La tensión y el esfuerzo en personal para atender esas inspecciones, más que el propio resultado de las mismas, desincentiva la implantación de empresas en los territorios con mayor número de controles y provoca el cambio de domicilio de empresas hacia Comunidades con menos inspecciones por tener más empresas.
4. Modificación del sistema de financiación de las entidades locales, en especial de las Diputaciones provinciales; además, prever para éstas competencia expresa para el desarrollo de políticas de lucha contra la despoblación. Los fondos que reciben de las entidades locales por participación en los ingresos del Estado, no pueden depender mayoritariamente de la población, sino de las competencias y servicios que han de atender; tampoco la participación en tributos del Estado puede vincularse exclusivamente a los que se generen en cada territorio. Este sistema sobre financia a las provincias y municipios con mayor población y perjudica a las menos pobladas y con menor nivel de rentas.
5. Superar el mapa autonómico en la configuración de regiones (NUT 2) a los efectos de porcentaje de financiación de proyectos con fondos europeos y/o zonas de «Inversión Territorial Integrada» (ITI) entre provincias de diferentes Comunidades Autónomas. En varias CCAA hay provincias con niveles de renta y población muy dispares, viéndose perjudicadas las más ‘pobres’ por la situación socioeconómica de las más “ricas”. Eso supone una pérdida de cofinanciación comunitaria para los proyectos que se ejecuten con subvención europea del 25%, reducción de financiación que podría así limitarse a las provincias con mayor renta bruta per cápita.
6. Implantar un sistema de análisis de riesgos de incendios forestales de ámbito nacional y desarrollar un sistema de drones para detección y actuación inmediata ante emergencias, integrado en la UME. Las condiciones meteorológicas extremas cada vez más frecuentes y el abandono rural, facilitan el desarrollo y propagación de incendios extremos. Estas condiciones y su evolución pueden predecirse con antelación mediante sistemas informáticos ya testados. Esa detección ha de completarse con un Sistema Nacional de Drones de Emergencias que permitan, junto con sistemas de vigilancia por satélite, la detección temprana de incendios, una primera intervención rápida, la cobertura de telecomunicaciones de emergencia y el soporte a los servicios de tierra. Todo ello integrado en un sistema nacional de emergencias con una dirección profesional y nacional que garantice una mayor agilidad y eficacia en la toma de decisiones y en las intervenciones.
7. Priorizar las inversiones en infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias del oeste de España. Para el desarrollo económico de una región es esencial un sistema de comunicaciones y transportes eficiente, además unas telecomunicaciones propias del siglo XXI. El sistema radial de comunicaciones terrestres y la concentración y prioridad de la mayoría de inversiones aeroportuarias y ferroviarias en Madrid, Mediterráneo y País Vasco, relega constantemente las inversiones imprescindibles para vertebrar las provincias del oeste del país, desde Lugo y Asturias hasta Cádiz y Huelva. Muchas de esas infraestructuras o ya existieron y se clausuraron por una supuesta falta de rentabilidad, como la vía férrea de la plata; o son constantemente postergadas, como las autovías entre Zamora la frontera portuguesa, León Valladolid o Ponferrada Ourense, o la mejora de la línea férrea entre León y Galicia. Y podríamos citar muchas inversiones que ya existían en la provincia de León y fueron desmanteladas con la promesa de su mejora, como el Parador de Riaño; la llegada del tren de vía estrecha al centro de León; la segunda fase del Parador de San Marcos, del Palacio de Congresos y del INCIBE; o la rehabilitación del Teatro Emperador; o inversiones comprometidas y nunca ejecutadas, como el acceso al aeropuerto de La Virgen desde la N-120, la autovía entre El Bierzo y Asturias o el Parador de Villablino.