San Andrés retoca la tasa de residuos para desbloquear su aprobación en el Pleno
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo somete este martes a votación, por tercera vez en el mandato, la ordenanza que regula la tasa por el tratamiento de residuos. El equipo de Gobierno, encabezado por UPL, llega a la cita con un texto reformulado y con la presión de un desfase acumulado cercano a los dos millones de euros tras dos ejercicios sin poder emitir recibos.
Cambios para sumar apoyos
La propuesta incorpora ajustes planteados por el PSOE a comienzos del verano. El principal afecta a las juntas vecinales del municipio —San Andrés, Villabalter, Trobajo del Camino y Ferral del Bernesga—, cuyos inmuebles públicos pasan a tributar con un tipo reducido del 0,55 frente al 1,1 inicialmente previsto. En términos prácticos, un edificio de hasta 100 metros cuadrados rebaja su recibo desde los 58 euros estimados a 19,25 euros.
Para las viviendas particulares no hay variaciones: la cuota anual permanece en 39 euros, según el borrador que llega al Pleno.
Regularización y alivio financiero
Además del ajuste fiscal, el Consistorio ha iniciado una limpieza contable con la cancelación por prescripción de deudas antiguas que afectaban a las entidades locales menores. En total, se han dado de baja 244.700 euros a la pedanía de San Andrés, 111.500 a Villabalter, 104.900 a Trobajo del Camino y 23.800 a Ferral del Bernesga. A ello se suma un crédito extraordinario de 14.000 euros destinado al reparto entre las juntas para apoyar su funcionamiento. Desde el Ayuntamiento avanzan que el proceso continuará con nuevas partidas.
Un canon exigido por ley
El Gobierno municipal insiste en que la tasa responde a una obligación legal vinculada al servicio de transferencia y clasificación de residuos. Con ese argumento, este lunes se ha convocado una reunión informativa con los cuatro pedáneos para despejar dudas antes de la votación y evitar que el bloqueo se prolongue un tercer año, lo que añadiría otro millón de euros al déficit de ingresos.
El origen del conflicto
Desde la disolución del consorcio provincial Gersul en 2024, San Andrés asumió la gestión directa del canon de basuras. La falta de acuerdo político impidió entonces aprobar el reglamento y obligó al Ayuntamiento a abonar alrededor de un millón de euros a la Diputación sin poder repercutir el coste a los vecinos. La escena se repitió el ejercicio siguiente. La votación de este martes busca cerrar ese capítulo con una ordenanza ajustada y apoyos suficientes para garantizar la estabilidad financiera municipal.
