Vecinos del sur de León lanzan campaña urgente contra la macroplanta de biomasa de Puente Castro
Un grupo de residentes pertenecientes a diversas asociaciones del sur de León ha iniciado una campaña de carácter "urgente" para impedir la instalación de una macroplanta que combinaría biomasa, hidrógeno y placas solares.
La instalación está prevista junto al cementerio municipal, en una ubicación que consideran "muy cerca" de viviendas, colegios, centros deportivos, un centro de salud y el reconocido Coto Escolar, un espacio educativo natural con premios nacionales.
La cercanía a estos puntos ha generado "gran preocupación" entre los vecinos, que temen que la macroplanta pueda "poner en riesgo su calidad de vida". Según explican en un comunicado, la situación afecta especialmente a los niños y adultos que frecuentan estos espacios.
Riesgos para la salud y dudas sobre beneficios energéticos
El colectivo vecinal subraya que diversos estudios científicos han relacionado este tipo de instalaciones con un aumento de infecciones respiratorias y enfermedades crónicas. Además, alertan sobre la "elevada emisión" de dióxido de carbono, lo que pondría en entredicho los beneficios ambientales que se prometen.
Los vecinos también cuestionan las promesas de ahorro energético, que se estiman entre un 20 y un 30 por ciento en calefacción, y denuncian que estas cifras "no quedan claras en cuanto a referencias y garantías". Añaden que los precios de la energía parecen "fluctuar favorablemente para las grandes empresas del sector", sin repercutir en la comunidad local.
Defensa de un modelo sostenible y rechazo a impactos negativos
"Nosotros no estamos en contra del progreso ni de las energías renovables", puntualizan desde las plataformas vecinales, que recalcan que su rechazo va dirigido a que estos proyectos no se ejecuten "a costa de nuestro bienestar y del medio ambiente". También reclaman un "modelo de empleo sostenible y responsable que priorice la salud y la protección del entorno".
Para frenar la construcción, el colectivo presentará un recurso contencioso-administrativo, que consideran su "única vía legal" para salvaguardar sus derechos y exigir estudios de impacto rigurosos antes de avanzar en el proyecto.
Movilizaciones y llamada a la colaboración ciudadana
Ante el coste económico que implica la vía judicial, los residentes han solicitado apoyo a través de donaciones para afrontar gastos técnicos y legales. "Cada euro cuenta para frenar un proyecto que, de seguir adelante, podría tener consecuencias irreversibles para la comunidad", insisten.
Además, han anunciado que las plataformas vecinales multiplicarán sus movilizaciones a partir de septiembre para elevar la presión social y política y garantizar que su voz sea escuchada.
Este movimiento vecinal refleja la creciente preocupación en León por el equilibrio entre el desarrollo energético y la protección de la salud pública y el medio ambiente, una batalla en la que los vecinos se posicionan con firmeza para defender su calidad de vida.
