Telegram irrumpe en el debate político y lanza un mensaje masivo contra Sánchez
El enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los propietarios de las grandes redes sociales ha escalado en cuestión de horas. Tras las críticas lanzadas desde X por su propietario, Elon Musk, el fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, ha entrado de lleno en la polémica con un mensaje remitido de forma generalizada a los usuarios españoles de su servicio. En él, alertaba sobre el rumbo que, a su juicio, tomaría el país si prosperan las iniciativas regulatorias impulsadas desde La Moncloa.
El presidente del Gobierno reaccionó públicamente recurriendo a una referencia literaria para subrayar que las críticas de los grandes actores tecnológicos son una consecuencia directa de haber puesto sobre la mesa un debate incómodo: el poder que ejercen las plataformas digitales sobre la conversación pública.
El núcleo del conflicto: menores y responsabilidad penal
El detonante del choque es el paquete de propuestas anunciado por el Ejecutivo para limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales hasta los 16 años y para reforzar las obligaciones legales de las compañías tecnológicas. Entre los puntos más controvertidos figura la posibilidad de exigir responsabilidades penales a los directivos cuando no actúen contra contenidos ilegales o de odio difundidos en sus plataformas.
Desde el entorno del presidente se subraya que esta ofensiva regulatoria afecta directamente a los intereses de los propietarios de redes con millones de usuarios, que hasta ahora han operado con amplios márgenes de autonomía sobre algoritmos y sistemas de moderación.
La lectura de La Moncloa
En el complejo presidencial, tanto el ataque previo de Musk como el mensaje de Dúrov han sido interpretados como una señal de que el Gobierno ha dado en un punto sensible. El Ejecutivo considera que la reacción coordinada de estos empresarios refleja la incomodidad ante un intento de limitar su influencia casi hegemónica en la formación de opiniones y en la difusión de información, especialmente entre los más jóvenes.
Tras el envío del mensaje de Telegram, La Moncloa distribuyó un documento interno con argumentos y cifras para rebatir las advertencias del empresario ruso, insistiendo en que el propio uso de una comunicación masiva sin consentimiento individual ejemplifica la necesidad de reglas más estrictas.
Telegram bajo el foco internacional
El Gobierno recuerda que Dúrov se encuentra bajo investigación en distintos países por su posible relación con delitos graves cometidos a través de la plataforma, desde redes de abuso sexual infantil hasta tráfico de drogas. Según el Ejecutivo, la arquitectura de moderación mínima diseñada por Telegram ha facilitado la proliferación de actividades ilícitas detectadas en Estados como Francia, Corea del Sur o España.
Para el Gobierno, la apelación a la libertad digital que realizan los propietarios de estas plataformas oculta una estrategia orientada a debilitar la confianza en las instituciones democráticas y a mantener un modelo de negocio basado en la ausencia de controles efectivos.
Datos para justificar la regulación
La Moncloa acompaña su posición con cifras que refuerzan la urgencia de actuar. En 2025 se identificaron en España cerca de 900.000 contenidos de odio en redes sociales. Uno de cada cinco menores ha sufrido o presenciado episodios de violencia en línea asimilables al ciberacoso, y las consultas de menores al servicio telefónico 017 crecieron un 41% entre 2023 y 2024.
El objetivo declarado es forzar a las plataformas a crear entornos digitales más seguros sin renunciar al debate público, estableciendo incentivos claros para una moderación eficaz.
Un debate europeo con presión internacional
La estrategia de Sánchez no surge de forma aislada. El Gobierno lleva meses trabajando este planteamiento, con el jefe de Gabinete, Diego Rubio, como una de las figuras clave, y ya lo avanzó parcialmente en foros internacionales como Davos. Las propuestas españolas se alinean con iniciativas en países como Australia y con debates abiertos en Francia y otros socios europeos.
No obstante, el Ejecutivo es consciente de las dificultades para avanzar en este terreno ante la presión de Estados Unidos y de figuras como Donald Trump, que han advertido de posibles represalias si se tocan los intereses de las grandes multinacionales tecnológicas.
Musk, el precedente inmediato
Un día antes del mensaje de Telegram, Elon Musk había arremetido duramente contra Sánchez desde su propia red social, utilizando calificativos extremos tras la presentación de las medidas. Sus ataques personales reforzaron, a ojos del Gobierno, la idea de que la regulación de las plataformas ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un conflicto político de primer nivel.
En este contexto, el Ejecutivo mantiene que solo a través de la responsabilidad legal directa de los máximos dirigentes de las redes será posible frenar la deriva tóxica del debate digital y proteger a los usuarios más vulnerables.
