Los 'secretos' de Cerredo no lo eran tanto

Las investigaciones sobre la mina de Cerredo han ido despejando las dudas sobre lo que sucedía en el interior de la explotación antes del accidente mortal de marzo de 2025. Los testimonios de los trabajadores supervivientes ante la Guardia Civil confirman que la actividad extractiva ilegal era sostenida en el tiempo y conocida en el entorno, pese a que las inspecciones administrativas no detectaron irregularidades relevantes.

La información publicada en su momento por La Nueva España apuntaba ya a un funcionamiento al margen de la autorización oficial, extremo que ahora queda respaldado por las diligencias incorporadas al sumario judicial.

Extracción irregular desde antes de 2022

Los testimonios recabados sitúan el inicio de la salida de carbón sin permiso en el sexto piso de la mina ya en 2022, cuando la empresa titular, Combayl, carecía de autorización para ello. Aquella actividad precedió al primer accidente mortal registrado ese año y había sido advertida previamente por un agente de Medio Natural, que documentó la presencia de maquinaria y acopios en el exterior de la bocamina.

Tras aquel siniestro, la dirección general de Minas ordenó la paralización de la explotación, que se mantuvo hasta la primavera de 2023. Sin embargo, una vez levantada la suspensión, los trabajos volvieron a orientarse hacia la obtención de mineral, pese a que los permisos solicitados se limitaban oficialmente a la retirada de chatarra y restos antiguos.

El tercer piso, foco de la actividad desde enero de 2024

Las declaraciones de los mineros permiten reconstruir una secuencia precisa. A finales de 2023 comenzaron los preparativos en el tercer piso, con labores de reparación, entibación y acondicionamiento de galerías. La extracción de carbón se inició de forma efectiva en enero de 2024, con un ritmo constante durante varios meses y una producción diaria que alcanzó varias toneladas.

Parte de esos trabajos coincidió con avisos ciudadanos enviados a la administración autonómica, que alertaban de movimientos sospechosos en una bocamina vinculada a esa planta. Dichas comunicaciones no llegaron a ser atendidas de forma efectiva y las inspecciones realizadas en ese periodo se limitaron a constatar trabajos de acondicionamiento, sin reflejar actividad extractiva.

Inspecciones sin consecuencias

Durante 2024 se produjo al menos una visita de los inspectores de Minas a la zona, centrada en áreas que ya habían sido explotadas previamente. Según los testimonios incorporados a la causa, la inspección fue breve y se realizó con conocimiento previo por parte de la empresa, sin que se detectaran los trabajos reales que continuaban en otras galerías.

Paralelamente, un agente de Medio Natural volvió a remitir informes gráficos sobre la acumulación de madera y material en el tercer piso, sin que consten actuaciones administrativas posteriores.

Del tercer piso a la zona del siniestro

A comienzos de 2025, los trabajos se desplazaron hacia la zona donde meses después se produciría la explosión, en una nueva capa de carbón. Allí se intensificó la actividad y aumentó el volumen de mineral extraído, según relatan los supervivientes.

El carbón obtenido era transportado, tratado y vendido en el entorno, con operaciones que incluían su lavado en instalaciones situadas en La Robla, lo que refuerza la tesis de una explotación continuada y organizada.

Una actividad conocida, pero no frenada

El conjunto de las diligencias dibuja un escenario en el que la extracción de carbón en Cerredo fue persistente durante más de un año, con conocimiento parcial por parte de distintos actores y sin una intervención administrativa eficaz. Un contexto que, según la investigación, precede directamente al accidente de 2025 y pone el foco en los fallos de control que rodearon a una explotación que, a la vista de los hechos, no estaba tan oculta como se creyó en un primer momento.