Los seis de la Vasco y la sentencia imposible
Han pasado más de once años desde que seis mineros murieran en el Pozo Emilio del Valle, perteneciente a la Hullera Vasco Leonesa, y más de un año desde que concluyera el juicio penal contra 16 responsables de la empresa. Sin embargo, la sentencia sigue sin emitirse.
El motivo no es jurídico, ni técnico, ni probatorio. La jueza que presidió el juicio, celebrado en marzo de 2023 en el Juzgado de lo Penal número 2 de León, está de baja médica desde hace meses, y la legislación actual impide que otro magistrado asuma la redacción de la sentencia. La situación ha creado un vacío legal y una nueva forma de impunidad involuntaria: la sentencia imposible.
El accidente que conmovió a León
El 28 de octubre de 2013, un escape súbito de gas metano a unos 700 metros de profundidad provocó el colapso de una bóveda en la mina leonesa de Llombera de Gordón, acabando con la vida de Carlos A. Álvarez, José Antonio Blanco, José Luis Arias, Roberto Álvarez, Diego Díaz y Antonio Blanco, trabajadores de la Hullera Vasco Leonesa. Ocho mineros más resultaron heridos.
La investigación penal se abrió casi de inmediato, aunque su desarrollo ha estado marcado por la complejidad técnica, el número de acusados —entre ellos ingenieros, técnicos, vigilantes y directivos de la empresa— y las múltiples prórrogas.
Un problema legal sin salida prevista
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, reconoció este lunes que la situación es “muy complicada” y que el actual marco legal no contempla soluciones ante un escenario como el que enfrenta el juzgado de León: juicio terminado, pruebas presentadas, testimonios escuchados, pero sentencia retenida por una baja médica prolongada.
“El problema es que el juez que ha presidido el juicio debe ser el mismo que dicte la sentencia. La Ley lo exige para garantizar el derecho a un juez predeterminado. Y en este caso, esa garantía legal está bloqueando la resolución del caso”, explicó Del Ser, sugiriendo que solo una modificación legislativa podría evitar que este tipo de situaciones se repitan.
Once años de duelo, más uno de espera judicial
Para las familias de los seis fallecidos, el proceso judicial ha sido largo, doloroso y ahora se encuentra atrapado en un limbo sin precedentes. A pesar de que las partes presentaron sus conclusiones en la primavera de 2023, no existe plazo para la reincorporación de la jueza ni alternativa alguna para que otro magistrado pueda resolver el caso.
El abogado de una de las familias ha declarado, bajo condición de anonimato, que “el juicio ha sido celebrado, las pruebas están en los autos y no hay ninguna razón para que las víctimas no tengan ya una respuesta”. Pero la legalidad vigente establece que otro juez no puede dictar sentencia si no ha asistido a todas las sesiones del juicio oral.
Reforma legislativa pendiente
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contemple medidas excepcionales en casos de baja médica prolongada o fallecimiento del juez. De no abordarse, situaciones similares podrían repetirse en otros juzgados del país, con consecuencias devastadoras para los derechos de las víctimas y la eficacia del sistema judicial.
Por ahora, las familias siguen esperando una sentencia que, aunque simbólicamente reparatoria, es también la única respuesta institucional a una tragedia que dejó huella en la memoria minera de Castilla y León. La pregunta que queda en el aire es si esta sentencia llegará algún día.
