Los trabajadores de San Andrés cobran su nómina tras semanas de espera: "No puede ser que la plantilla esté secuestrada por su Ayuntamiento"
Después de una larga incertidumbre, este viernes 19 de septiembre los cerca de 300 empleados del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo han podido percibir sus nóminas. El desembolso, de unos 700.000 euros, se encontraba paralizado desde principios de mes debido a la vacante del puesto de interventor municipal, lo que impedía autorizar cualquier pago.
La incorporación de un interventor provisional ha permitido normalizar los ingresos, aunque la plantilla mantiene la preocupación por la fragilidad administrativa que atraviesa el segundo municipio del alfoz leonés.
“Un mes muy complicado para las familias”
Entre los trabajadores afectados, algunos reconocen haber llegado al límite. Uno de ellos admite que lo que más temía era “que llegara el 1 de octubre y no hubiera ningún ingreso en la cuenta”. En su caso, tanto él como su pareja trabajan en el Ayuntamiento, lo que supuso un mes entero sin entradas económicas en casa: “Mis padres se ofrecieron a dejarme dinero si no se solucionaba; septiembre es un mes de muchos gastos y ha sido complicado”.
Compañeros ayudando a compañeros
La solidaridad también ha aflorado entre la plantilla. Otro empleado explica que ha tenido que adelantar dinero a varios colegas: “No puede ser que el Ayuntamiento tenga secuestrados a sus trabajadores en el terreno económico. Los empleados no podemos pagar la mala gestión política. Todo sucede porque este Ayuntamiento es ingobernable”.
Un Consistorio atascado
La crisis de San Andrés se arrastra desde octubre de 2024, cuando el viceinterventor pidió traslado dejando vacante un puesto clave. La ausencia de esta figura ha paralizado no solo las nóminas, sino también contratos y servicios esenciales. Entre ellos, la adquisición de un camión de basura de 275.000 euros, el suministro de gas por 532.000 euros o el nuevo convenio de Bomberos valorado en 625.000 euros.
El proceso selectivo para cubrir la plaza de manera definitiva sigue en el aire tras ser anulado en mayo por la Junta de Castilla y León, que detectó irregularidades en la composición del tribunal.
Un futuro incierto
La llegada del interventor provisional ha supuesto un respiro, pero los empleados coinciden en que la raíz del problema sigue sin resolverse. La plantilla denuncia un “bloqueo institucional” que se traduce en inestabilidad y en un clima de incertidumbre para trabajadores y vecinos.
“Este mes lo hemos superado, pero la situación no puede repetirse”, subrayan, conscientes de que el futuro de sus nóminas sigue ligado a la resolución de un conflicto político y administrativo que mantiene a San Andrés en vilo.
