"La utilización de un lenguaje claro no está reñido en absoluto con el rigor jurídico", advierte el secretario de Estado de Justicia
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, apostó en León por “impulsar la utilización de un lenguaje claro”, algo que “no está reñido en absoluto con el rigor jurídico”, al tiempo que reconoció que “se puede hacer mucho por mejorar la comprensión del lenguaje jurídico por parte de quien no tenga conocimiento previo”.
En este sentido, recordó que la incorporación de las nuevas tecnologías al área jurídico ha convertido a la redacción de las resoluciones judiciales mediante un lenguaje claro en “un derecho fundamental”. Por ello, puso de relieve que la ciudadanía tiene a su disposición herramientas para traducir “lenguaje jurídico en lenguaje claro”, así como para “trasladarlo a lectura fácil para personas con dificultades cognitivas”.
Manuel Olmedo, que se mostró consciente de que el actual supone “un momento clave” para la justicia en España, aprovechó su presencia en León para resaltar que, durante la presente legislatura, se está llevando a cabo “la mayor, más profunda y más importante transformación de la justicia”, a través de medidas como la ley en materia de eficacia para el servicio público de justicia o la incorporación al ordenamiento jurídico de las nuevas tecnologías “en un momento en el que todos los sectores de la sociedad tienen que reinventarse y utilizarlas adecuadamente”.
“La justicia no puede ser menos, pero debe hacerlo con plenas garantías de seguridad jurídica, para que se sumen al proyecto común de convivencia plasmado en la Constitución española”, puntualizó, al tiempo que aludió a “la visión humanista que rige la incorporación de las nuevas tecnologías, poniendo en el centro la dignidad de la persona y sus derechos”.
Convencido de que “la reflexión sobre situación de la justicia en España permitirá afrontar uno de los grandes retos, como es la organización o el escaso número de jueces”, Manuel Olmedo recordó la aprobación ayer de una “macroconvocatoria de oposiciones a jueces y fiscales”, concretamente “la mayor de la historia”, con 375 plazas jueces, 200 de fiscales, 125 por el cuarto turno, así como las Becas Seré para la preparación de oposiciones, con 1.425 convocadas en su última edición, cada una de ella dotadas con 12.600 euros anuales, que pueden ser disfrutados durante un periodo de cuatro años y que han recibido ya más de 2.200 solicitudes.
Conferencia de Decanos
El secretario de Estado de Justicia participó este jueves en la inauguración de la XXXIII Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España, que se celebra durante hoy y mañana en la Universidad de León con la participación de más de 70 universidades públicas y privadas de todo el país, en representación de más de 100.000 estudiantes de Derecho.
El presidente de la Conferencia, Javier Fernández Teruelo, explicó que la cita tratará de “afrontar los problemas que más preocupan a las propias Facultades, a los estudiantes y a los egresados, así como a la sociedad, ya que casi todos los problemas actuales están muy vinculados al Derecho”.
En este sentido, detalló que la XXXIII Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España abordará durante dos jornadas cuestiones “muy relevantes”, como es el caso de la Inteligencia Artificial y su impacto en los estudios de Derecho, respecto a lo que abogó por “fomentar su uso”, al considerarla “necesaria”, pero advirtió de la importancia de “poner límites éticos a su uso”, así como de que “no sustituya el modelo de conocimiento y no haga perder la capacidad crítica y de conocimiento”.
De igual manera, la Conferencia abordará otras cuestiones, como “si las Facultades de Derecho están están preparando a los juristas que requiere el momento actual”, algo sobre lo que el presidente reconoció la existencia de “ciertas dudas”, debido a que “a veces en el ámbito universitario no se evoluciona tan rápido como lo que requiere la sociedad”.
Asimismo, las jornadas tratarán sobre el lenguaje jurídico claro, ya que los decanos reconocieron la percepción de que “hay una barrera entre el mensaje jurídico y la capacidad de su comprensión”, algo que “hay que evitar”, porque “aunque exista una terminología específica, debe sea comprensible por cualquier ciudadano”.
En esta línea, la decana de la Facultad de Derecho de la ULE, Susana Rodríguez Escanciano, se mostró convencida de que la XXXIII Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España ejercerá como “un punto de encuentro” en el que “compartir las buenas prácticas de las diferentes Facultades participantes en beneficio de los actuales estudiantes”, pero también “de los posibles interesados en los estudios de Derecho”.
Metodología Bolonia
Por este motivo, la Conferencia también servirá para revisar, después de 20 años, el nuevo sistema implantado con la metodología Bolonia “para ver las ventajas que ha conllevado para las Facultades de Derecho en este caso”, pero también “para detectar algunos problemas con el fin de modificar y mejorar las titulaciones”.
Los decanos de las más de 70 universidades públicas y privadas participantes en el Congreso de Decanos de Facultades de Derecho fueron recibidos hoy por el alcalde de León, José Antonio Diez, quien definió a la Universidad como “garantía para el futuro” y afirmó que “la universidad española una de las más prestigiosas del mundo, que ofrece posibilidades de internacionalización y mejora a los estudiantes”.
Diez, quien agradeció la “tarea casi invisible” que los Decanos y el personal de las universidades llevan a cabo “para mejorar recursos, instalaciones y formación en los centros”, aludió a León como “una tierra de leyes y excelentes decanos y juristas”, además de ser “heredera de la mejor historia, legado y patrimonio”.
