Esto sí que se estudiará en las Facultades de Derecho

La vuelta, este mes de septiembre, ha reactivado los numerosos casos judiciales que quedaron en suspenso durante el periodo vacacional y que han hecho que, día sí, día también, nos desayunemos con nuevos sobresaltos que ponen en jaque nuestro Estado de derecho y la fortaleza de nuestra democracia.

Uno de los asuntos que me parecen más escandalosos, sin desmerecer el resto de los que, seguro, tendremos ocasión de hablar a lo largo de un otoño que apunta calentito- el del “hermanísimo”, el de Begoña, o el caso Koldo-Ábalos-Cerdán…entre otros- ha sido la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que será procesado y juzgado por el Tribunal Supremo. Nuestro más alto Tribunal deberá dictaminar sobre si existió o no un delito de revelación de secretos por la filtración a la prensa de varios correos electrónicos en el caso por fraude a la Hacienda Pública que afecta a Alberto González Amador.

Les reconozco que el hecho de que esta semana, los días 1, 2 y 3 de octubre, el propio García Ortiz nos “deleite” con su presencia en el Datafórum Justicia 2025, evento que organiza el ministro Bolaños y que ha elegido León como sede, me obliga a poner la vista en este personaje que, con otros expertos- a decir de la cartelería- viene a compartir “sus experiencias y conocimientos sobre el avance de la justicia”. Singular avance de la justicia en este caso.

Para cualquier ciudadano normal tiene que resultar muy raro que sea García Ortiz en su calidad de Fiscal General del Estado el que se vaya a sentar en el banquillo

 No voy a entrar en el fondo de un asunto que ha sido objeto de todo tipo de análisis jurídicos y metajurídicos en los que los juristas se sustituyen por personajes cada vez más chuscos que ladran desde la mañana a la noche al dictado de su amo y si no intenten aguantar un día completo las “tertulias” de la 1.

Para cualquier ciudadano normal tiene que resultar muy raro que sea García Ortiz en su calidad de Fiscal General del Estado el que se vaya a sentar en el banquillo- porque se va a sentar y en calidad de ello-y todavía más extraño entender la posición del pobre fiscal al que le toque este caso que se verá obligado a lidiar con que el imputado sea su superior jerárquico.

¿Será el acusado, en su condición de Fiscal General del Estado, quien dará las órdenes a quien depende de él jerárquicamente? o todavía mejor, el fiscal a quien le toque este “marronazo”, ¿se atreverá a arremeter objetivamente contra su superior y defenderá algo que no sea la inocencia de su jefe?.

Por si alguien no percibe el conflicto debemos recordar aquí que el artículo 124 de nuestra Constitución sostiene que el “ministerio fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad" mandatos que el fiscal se verá impelido a cumplir también en este caso.

Estado de derecho debería actuar en consecuencia, por mucho que Sánchez le mantenga su respaldo clamando a los cuatro vientos por una inocencia sobre la que él mismo ha suscitado serias dudas

En cualquier país normal, y con independencia de que finalmente resulte inocente o culpable, en la actual tesitura, la cúspide del Ministerio Fiscal hubiera dimitido ya hace tiempo para no poner en tela de juicio el cumplimiento de las funciones que nuestra Carta Magna atribuye a una de las instituciones esenciales del Estado.  

El actual Fiscal General del Estado, desde el momento de su imputación, y mucho más ahora que el Tribunal Supremo ha confirmado su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos, está absolutamente en entredicho y si tiene un mínimo de respeto a lo que representa en nuestro Estado de derecho debería actuar en consecuencia, por mucho que Sánchez le mantenga su respaldo clamando a los cuatro vientos por una inocencia sobre la que él mismo ha suscitado serias dudas, entre otras cosas, por el borrado íntegro de su móvil. 

García Ortiz es el primer Fiscal General del Estado que se sentará en el banquillo y esperemos que también sea el último.  Y esto sí- y no el caso de Begoña, como pretende la vicepresidenta Diaz,- es una rareza que se estudiará en las Facultades de Derecho

A mi juicio, en este caso concreto, la presunción de inocencia-absolutamente respetable siempre- pugna con la posición jerárquica que el Fiscal General del Estado ostenta sobre el resto de los fiscales y muy en particular sobre el fiscal que debe intervenir en este proceso. Ello apunta a un evidente conflicto de intereses dentro del Ministerio Fiscal que cuestiona la imparcialidad y la equidad procesal que corresponde garantizar a quien tiene precisamente como cometido constitucional  “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social”.

García Ortiz es el primer Fiscal General del Estado que se sentará en el banquillo y esperemos que también sea el último.  Y esto sí- y no el caso de Begoña, como pretende la vicepresidenta Diaz,- es una rareza que se estudiará en las Facultades de Derecho en las que debemos enseñar a nuestros alumnos que algo así no debe volver a pasar porque en mi opinión  representa una absoluta falta de respeto por esta institución constitucional y por quienes dependen jerárquicamente de ella y, en general, por la justicia como valor supremo de nuestro Estado de derecho.