PP y Vox se alían para rechazar el blindaje del derecho al aborto en la Constitución
Los socialistas exigen extender la interrupción del embarazo a todos los hospitales públicos de la Comunidad, dado que en la actualidad tan solo dos centros del Sacyl los realizan

Los grupos Popular y Vox, junto a los procuradores no adscritos -Ana Rosa Hernando y Javier Teira-, unieron hoy sus votos en el pleno de las Cortes para rechazar una proposición no de ley de los socialistas, respaldada por UPL-Soria Ya y parte del Mixto -Francisco Igea y Unidas Podemos-, que pedía un apoyo expreso a la iniciativa del Gobierno para “blindar” en la Constitución el derecho al aborto, ante las dudas que supondrá referenciarlo al artículo 43 y no al 15, y porque habla de la “muerte” y no del "derecho a la vida".
La viceportavoz socialista, Nuria Rubio, defendió la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de recoger el aborto en la Constitución para evitar que la “derecha más reaccionaria” devuelva a las mujeres “al pasado”, ya que argumento que avanzar en derechos “no es opcional” y que permanecer en “la retaguardia no basta”. Además, aseguró que mientras en el conjunto del país se avanza, la Comunidad retrocede con “obstáculos palpables” y “reales” y como ejemplo citó el protocolo ‘antiaborto’ de enero de 2023 que sigue publicado en la web de la Junta.
Solo dos hospitales públicos de Sacyl realizan abortos
También, la proponente socialista recordó que sólo dos hospitales públicos de Sacyl realizan la interrupción voluntaria del embarazo, lo que obliga a una gran parte de mujeres a acudir a centros privados en Valladolid o fuera de la Comunidad. “Un derecho no es real si depende del código postal o el bolsillo”, dijo. También, exigió facilidades en el acceso “sin barreras” a la información y los anticonceptivos, así como a la píldora postcoital. “Las mujeres somos libres y nuestros derechos no se negocian”, dijo, para llamar a los procuradores a situarse del lado “del progreso, los derechos y la dignidad”.
La ‘popular’ Beatriz Coelho suplicó al PSOE que deje de intentar ayudar a las mujeres porque suponen una “grave amenaza” para su integridad física y sus derechos. A su juicio, su feminismo ha dejado “más muertes, más violaciones, mayor inseguridad y menos derechos”, ya que citó la ley del sólo ‘sí es sí’ y los fallos de las pulseras ‘antimaltrato’. Además, advirtió de que con la reforma del Gobierno lo que ahora es un derecho fundamental pasará a ser un principio rector de la Constitución, tras recordar los escándalos de la “chistorra” o las “samaritanas del amor”.
La procuradora de Vox Fátima Pinacho rechazó una iniciativa que trataba sobre la “muerte” y defendió el “derecho a la vida”. Además, denunció que el pasado año se produjeron 3.175 abortos en Castilla y León, con una tasa entre las mujeres de 15 a 44 años de 8,92 por cada 1.000, la más alta en los últimos nueve años. “No se puede seguir vendiendo este drama físico y emocional como una medida anticonceptiva”, dijo para criticar que se siga “alimentando” este “negocio millonario” en lugar de apoyar a las que quieren ser madres.
124 mujeres tuvieron que desplazarse para abortar
La procuradora de Soria Ya Vanessa García denunció el “obstáculo” existente para poder abordar en el caso de su provincia, donde 124 mujeres tuvieron que desplazarse para acceder a esta prestación, de las que más 90 lo hicieron a Madrid. “A mí nadie me dice tampoco lo que tengo que hacer con mi cuerpo”, afirmó al tiempo que señaló que era una cuestión que debía debatirse en el ámbito nacional.
En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández apoyó el texto, pero recordó que el derecho, por ser ya “fundamental”, debería referenciarse al artículo 15 de la Constitución. Además, acusó al PP de incumplir la ley así como de convertir esta prestación en un “negocio”, porque el 84 por ciento se practica en clínicas privadas. “Permitan a las mujeres hacer lo que quieran con sus cuerpos”, sentenció.
Finalmente, el procurador Francisco Igea responsabilizó al PP del incremento del 22 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad, gracias a la “mierda” del protocolo antiaborto. Además, señaló que es necesario cambiar la política actual y que esta prestación deje de ser un “suculento negocio”.