Del Ser afirma que el Poder Judicial seguirá actuando “con rectitud y honestidad” para “resolver los conflictos, no alimentarlos”
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, aseguró hoy que el Poder Judicial en Castilla y León, “a pesar de las dificultades”, seguirá actuando “con rectitud, honestidad y vocación de servicio” porque el deber es “resolver los conflictos, no alimentarlos”.
“Y lo haremos con la firme convicción de que una justicia fuerte es la base de un país más libre, igualitario y justo”, agregó durante su intervención en el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León que se celebró en el Palacio de Justicia de Burgos que presidió y que también contó con la intervención del fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena.
En este sentido, Del Ser reiteró el compromiso con una justicia garante de derechos, especialmente en la protección de los más desfavorecidos y vulnerables y que se adapta a las nuevas realidades mediante reformas como la de los tribunales de instancia. “La justicia de Castilla y León sigue avanzando, con firmeza, cercanía y determinación, hacia una sociedad más segura y democrática, convencidos de que solo así podremos fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones judiciales”, subrayó.
Independencia judicial
Asimismo, manifestó que “la confianza en la Justicia se construye cada día, con resoluciones claras, accesibles y fundamentadas” y argumentó que “eso requiere obrar con independencia”. “Pero la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía para los ciudadanos”, aseveró, al tiempo que afirmó que en Castilla y León, “los jueces ejercen su función con rigor, sin someterse a presiones externas, y con plena sujeción al ordenamiento jurídico”. “Como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos están obligados a respetar esa independencia”, apostilló.
En este marco, la presidenta del Alto Tribunal señaló que los ciudadanos esperan del Poder Judicial “imparcialidad, profesionalidad y cercanía” y que “merecen una Justicia que funcione con agilidad y compromiso, sin demoras ni justificaciones”. “También es nuestra responsabilidad velar especialmente por quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, aquellos con menos recursos, menos respaldo y menos voz. Una Justicia que no los contempla, pierde su esencia”, añadió.
No obstante, advirtió de que “la Justicia no se construye sola”. En este sentido, alertó de que “el diálogo y el respeto institucional deben ser la norma”. “La colaboración con la abogacía, la fiscalía, la universidad y otros operadores jurídicos es esencial para que el Derecho evolucione al ritmo de la sociedad, una sociedad que es cada vez más igualitaria”, expuso. “Tengo la convicción de que la igualdad es un pilar fundamental de nuestra democracia”, afirmó, y añadió que “no es solo una cuestión de Justicia interna, sino una exigencia democrática”.
Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia
En su discurso, Ana del Ser también se refirió a los desafíos a los que se enfrenta el Poder Judicial que requieren, dijo, “atención urgente” como el más inmediato, que es la implantación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que supone “una profunda reorganización de la Justicia en nuestro territorio”.
“Esta reforma, orientada a mejorar la eficacia, especialización y proximidad del servicio judicial, implica una complejidad organizativa que asumimos con responsabilidad, conscientes de la magnitud del reto”, expuso. Del Ser aseguró que “Castilla y León ya está avanzando en esta nueva etapa, con la puesta en marcha de la primera fase en varios partidos judiciales, y un horizonte claro de modernización y mejora en la Administración de Justicia”. Sin embargo, precisó que la transformación de los juzgados en tribunales de Instancia requiere “ineludiblemente” una “estrecha coordinación” con el Ministerio de Justicia, tanto en lo que respecta a medios materiales y tecnológicos como en la gestión del personal.
En su opinión, “es imprescindible anticipar”, junto a la Administración y al Consejo General del Poder Judicial, las “dificultades” que ya se prevén como, enumeró, “la reasignación de competencias, la redistribución de cargas de trabajo, la adaptación de los sistemas informáticos y la formación adecuada de todos los operadores jurídicos”.
“Los jueces hemos trasladado reiteradamente la necesidad de una planificación rigurosa y consensuada para que esta reforma no se traduzca en más dilaciones, sino en una oportunidad real de mejorar la calidad del servicio público de Justicia”, destacó, al tiempo que subrayó que “este proceso de implantación exige también avanzar en la coordinación interna del sistema judicial y en la comunicación eficaz entre órganos de gobierno, garantizando una gestión eficiente que respalde la labor jurisdiccional”.
Sobre este asunto insistió en el TSJ, las audiencias provinciales y los juzgados decanos están “plenamente implicados” en que esta Ley se lleve a cabo con las “máximas garantías” para todos los ciudadanos de Castilla y León, y solicitaron al Ministerio de Justicia “sensibilidad” ante las propuestas que desde la carrera judicial se formulan en defensa del interés general.
Lucha contra la violencia de género
Por otro lado, la presidenta del TSJCyL destacó su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género y resaltó que la especialización judicial en materia de violencia sobre la mujer es “un avance necesario y urgente”, sobre todo, dijo, “en un contexto donde la sociedad demanda respuestas más ágiles y eficaces”. En este marco, consideró “relevante” la reciente entrada en vigor de la nueva atribución competencial en materia de violencia contra las mujeres, que incorpora delitos contra la libertad sexual y la trata con fines de explotación.
IA en la Administración de Justicia
Otro de los retos importantes a los que se enfrenta el Poder Judicial es la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la Administración de Justicia que implica, apuntó, “una transformación acelerada, con nuevas herramientas que emergen diariamente y que cuenta con sus respectivos riesgos y oportunidades”. “Es crucial que nos mantengamos al nivel de este gran reto, logrando un buen equilibrio entre adoptar buenas prácticas y evitar el rezago tecnológico”, indicó.
En este sentido, se mostró convencida de que “en esta revolución digital se encuentran las claves para abordar sus propios riesgos”. “Contar con profesionales integrados y comprometidos en la modernización tecnológica de la administración es nuestra gran baza para ello”, sostuvo, al tiempo que defendió: “No podemos ponernos de perfil pues las nuevas herramientas tecnológicas son fundamentales para detectar pruebas falsas, fraudes sofisticados, así como mejorar el expediente digital, la gestión de datos, la textualización de vídeos y el resumen de documentos, manteniendo siempre las mismas o mayores garantías en el proceso”.
Acto solemne de apertura del año judicial
El Palacio de Justicia de Burgos acogió el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León que congregó a cerca de 130 asistentes. Contó con la asistencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Luis Martín Contreras, así como de magistrados miembros de la Sala de Gobierno del TSJCyL, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales.
Además, acudieron entre otros, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, así como representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Universidad y de otras instituciones de Castilla y León.
