La 'trama eólica' llega a las Cortes con las preguntas a Mañueco y los consejeros

El juicio por la ‘trama eólica’, que arrancó que esta semana en la Audiencia Provincial de Valladolid, será uno de los puntos que centren la sesión de control al Ejecutivo del próximo pleno de las Cortes, previsto para el 23 y 24 de septiembre. Así, la portavoz socialista, Patricia Gómez, exigirá al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una valoración sobre lo que considera “la mayor trama de corrupción de Castilla y León”.

No serán los únicos que pongan sobre la mesa este asunto, desde Vox se pedirán explicaciones a los consejeros por las medidas adoptadas en la tramitación de autorizaciones para la instalación de parques eólicos, y sobre el “potencial impacto” en los presupuestos en el caso de que se dicten condenas en su contra como responsable civil subsidiario. Al mismo tiempo, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, reclamará la asunción de responsabilidades políticas.

Igualmente, David Hierro (Vox) preguntará al presidente por la planificación para el reparto de menores extranjeros no acompañados que el Gobierno de España va a trasladar a Castilla y León y desde el Grupo UPL-Soria Ya, Luis Mariano Santos preguntará  a Mañueco sobre las ayudas de la Junta a los Ayuntamientos y Juntas Vecinales afectadas por los incendios forestales de este verano. Además, Pedro Pascual (Por Ávila) se interesará por el cumplimiento de las promesas hechas a su provincia. 

Preguntas de los grupos

Los fuegos también centrarán cuatro de las preguntas de la bancada socialista. Así, la viceportavoz Nuria Rubio García planteará a la Junta si considera que el género epistolar es la mejor respuesta para quienes han sufrido los incendios y el desalojo de sus pueblos. También su grupo solicitará una justificación a la retirada de los camiones de apoyo nocturno a las cuadrillas de bomberos forestales en Ávila, así como una valoración del desempeño de los bomberos forestales en el seno del operativo. También se interesará por las medidas puestas en marcha ante la “grave situación” que atraviesa el turismo rural como consecuencia de los incendios.

Al mismo tiempo, desde el Grupo Socialista también se reclamará a la Consejera de Educación la equiparación del transporte escolar de formación profesional al de enseñanza obligatoria y bachillerato y cambios sobre la política llevada a cabo en materia de alquiler turístico, mientras que el procurador Jesús Puente preguntará al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sobre los planes de su departamento para garantizar la presencia de profesionales de enfermería en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León.

En materia sanitaria, desde Vox se preguntará sobre medidas que está adoptando la Consejería de Sanidad para frenar el incremento de agresiones al personal sanitario, mientras que desde el Grupo Mixto, entre otras cuestiones, se reclamará una valoración los datos sobre el descenso del número de empresas, autónomos y afiliados en la provincia de Soria. Por último, desde el Grupo Mixto, Francisco Igea pregunta sobre si el Plan Estadístico 2022-2025 es una fuente de datos fiable.

Iniciativas: Gaza, incendios y PAC

Además de las dos interpelaciones sobre educación y ordenación del territorio del Grupo Socialista y Soria YA, se debatirán dos mociones del PSOE y Vox sobre ganadería y autónomos. En el apartado de proposiciones no de ley, la cámara abordará a propuesta de los socialistas la situación humanitaria en Gaza, tras la ofensiva de Israel, así como la transformación del operativo de incendios en un dispositivo público. 

También el Grupo Popular propone exigir medidas al Gobierno de España en defensa de la Política Agraria Común (PAC), ante los planes de la Comisión Europea y que toda la población de Castilla y León disponga de cobertura real de banda ancha móvil de 100 Mbps en 2025 y de 5G en todas las zonas rurales. Finalmente, el pleno se cerrará con la ratificación de los acuerdos en materia de sanidad que la Junta ha suscrito con Castilla-La Mancha y el País Vasco.