León: adiós al combustible con descuento
El Ejecutivo inicia este miércoles una nueva fase en la política de apoyo frente al encarecimiento de la energía con la retirada progresiva de las ayudas a los combustibles para los conductores particulares. La decisión llega en plena operación salida del verano y en un contexto en el que la inflación mantiene una evolución al alza por tercer mes consecutivo.
El cambio supone el fin de la rebaja del IVA aplicada a los carburantes, que desde ahora vuelven a tributar al tipo general del 21%, una medida alineada con las recomendaciones de la Unión Europea. En sustitución de esa rebaja fiscal, el Gobierno aplicará durante tres meses una reducción temporal del Impuesto Especial de Hidrocarburos.
La bonificación será de 15 céntimos por litro durante julio, se reducirá a 10 céntimos en agosto y quedará en 5 céntimos en septiembre. A partir de octubre desaparecerá para los consumidores particulares.
Los profesionales mantienen el apoyo
El calendario no será el mismo para todos los sectores. Agricultores, pescadores y transportistas continuarán recibiendo la bonificación de 20 céntimos por litro, al menos hasta el próximo 30 de septiembre, con el objetivo de amortiguar el impacto que el incremento de los costes energéticos sigue teniendo sobre las actividades económicas más dependientes del combustible.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado una ampliación de las ayudas dirigidas al sector agrario para la compra de fertilizantes. A los 500 millones de euros ya movilizados en marzo se suman ahora otros 165 millones, debido al incremento del precio de estos productos como consecuencia del encarecimiento del gas natural.
Una cláusula para reaccionar si suben los precios
Aunque la ayuda irá disminuyendo de forma escalonada, el Gobierno ha incorporado un mecanismo que permitiría recuperar automáticamente la bonificación de 20 céntimos por litro si el conflicto internacional provoca un nuevo repunte extraordinario de los precios de los carburantes.
El Ejecutivo revisará mensualmente la evolución de la inflación energética y, si el incremento anual supera determinados umbrales, también podrá volver a activar medidas de alivio sobre la electricidad y el gas.
Más vigilancia sobre las estaciones de servicio
Otra de las novedades del paquete aprobado afecta a las gasolineras. El Gobierno reforzará las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para comprobar que las rebajas fiscales se trasladan realmente al precio que pagan los consumidores.
En caso de detectar establecimientos que no repercutan correctamente esas reducciones, el organismo podrá hacer públicos los nombres de las estaciones de servicio con comportamientos considerados anómalos.
Rebaja gradual del impuesto eléctrico
Las medidas energéticas incluyen también cambios estructurales en la fiscalidad de la electricidad. El Ejecutivo ha decidido iniciar la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
El gravamen, actualmente situado en el 7 %, se reducirá al 5 % durante lo que resta de año, bajará al 3,5 % en 2027 y desaparecerá definitivamente en 2028.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió que esta reducción favorecerá la electrificación de la industria y contribuirá a disminuir el coste de la factura eléctrica tanto para hogares como para empresas, especialmente en los sectores con mayor consumo energético.
Empresas, hogares y vivienda
El segundo paquete de medidas aprobado por el Gobierno está valorado en 1.825 millones de euros para este ejercicio, a los que se suman otros 2.700 millones de ahorro fiscal previstos entre 2027 y 2028.
Entre las decisiones adoptadas figura también la prohibición de que las empresas beneficiarias de ayudas extraordinarias vinculadas al conflicto en Oriente Medio puedan realizar despidos mientras perciban ese respaldo público.
Asimismo, permanecen vigentes durante 2026 las medidas del denominado escudo social, entre ellas los descuentos reforzados del bono social eléctrico para consumidores vulnerables, el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico y la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a los hogares en situación de vulnerabilidad.
Paralelamente, el Ejecutivo prepara un nuevo decreto centrado en el mercado de la vivienda. El texto incluirá la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, incentivos fiscales para propietarios que rebajen las rentas, la obligación de formalizar los contratos por escrito y el incremento del IVA hasta el 21 % para las viviendas de uso turístico, además de otras medidas destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible.
