UPL pide a la Junta impugnar el cierre de la Azucarera de La Bañeza por posible "fraude de ley"
La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha solicitado a la Junta de Castilla y León que impugne la decisión de Azucarera de cerrar la planta de La Bañeza, al considerar que el proceso se habría llevado a cabo con serias irregularidades legales y laborales.
A través de una batería de preguntas presentadas en las Cortes autonómicas, el partido leonesista alerta de que “el cierre podría haberse realizado en fraude de ley” al no respetarse los plazos ni las garantías exigidas por la legislación vigente.
Denuncias sobre la votación en la asamblea
Uno de los focos de crítica de UPL se centra en la asamblea de trabajadores del pasado 26 de junio, donde se votó un preacuerdo con la dirección de Azucarera que implicaría el cierre de la planta. Según recuerdan los leonesistas, el sindicato UGT León ya denunció presuntas irregularidades, como el hecho de que solo 75 de los 141 trabajadores asistieran a la reunión. De esos 75, únicamente 47 votaron a favor del preacuerdo, es decir, poco más del 33% del total de empleados, “mientras que el 67% restante no habría dado su aprobación”.
UPL también destaca que la asamblea fue convocada solo 12 horas después del anuncio del preacuerdo, lo que “impidió a muchos trabajadores conocer la convocatoria” y valorar adecuadamente los términos del acuerdo. Además, no se utilizó un censo oficial, lo que podría haber dado lugar a que personas ajenas a la planta participaran en la votación. Según denunció también UGT, la urna usada fue “una caja de cartón opaca y sin precinto”, lo que, a juicio de UPL, “siembra más dudas aún sobre la legitimidad de los resultados”.
Cierre sin preaviso y sin respetar los plazos legales
Además de la votación, UPL señala que Azucarera no habría comunicado el cierre del centro de trabajo ni el despido colectivo con los seis meses de antelación requeridos por la normativa vigente. Según explican, la empresa estaría incumpliendo lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Reglamento de Despidos Colectivos (Real Decreto 1483/2012, modificado en 2023), que obliga a notificar el cierre de centros de trabajo que afecten a 50 o más empleados con al menos medio año de antelación.
UPL afirma no tener constancia de que Azucarera cumpliera con esta obligación en el caso de La Bañeza, por lo que considera que “se habría vulnerado la ley de forma flagrante”, al tratarse de un ERE que afecta a 194 trabajadores, con despidos previstos antes del 31 de agosto.
La Junta, obligada a actuar como autoridad laboral
Según recuerdan desde UPL, el artículo 51.6 del Estatuto de los Trabajadores permite a la autoridad laboral –en este caso, la Junta– impugnar los acuerdos adoptados sobre despidos colectivos cuando estos se hayan alcanzado mediante “fraude, dolo, coacción o abuso de derecho”.
Por ello, el grupo parlamentario leonesista exige al ejecutivo autonómico que anule el acuerdo firmado el 3 de julio en Madrid por la mesa negociadora del ERE, que contemplaba el cierre de la planta. UPL considera que, de demostrarse las irregularidades señaladas, el cierre de Azucarera podría quedar sin efecto y los despidos anulados.
Una lucha por el empleo y por el respeto a la legalidad
Desde Unión del Pueblo Leonés insisten en que su iniciativa no solo busca “proteger los derechos de los trabajadores afectados”, sino también denunciar el desprecio por la legalidad y la falta de transparencia que, a su juicio, han marcado el proceso de cierre de la planta bañezana. UPL considera que la Junta tiene ahora la responsabilidad y las herramientas legales para actuar y evitar que el despido colectivo prospere en estas condiciones.
