Advierten del alto riesgo de colapso en León de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer por falta de personal y medios

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha advertido del “grave riesgo de colapso” que afrontan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en León a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia, que amplía sus competencias. Un "colapso" que afecta a León, pero que no es exclusivo, ya que la incidencia alcanza a todo el territorio nacional.

La clave de la situación generada tiene fecha: a partir de mañana jueves, 3 de octubre, estos órganos deberán asumir también todos los delitos de violencia sexual contra mujeres.

Más funciones, sin más medios

Según STAJ, la medida busca mejorar la atención y protección a las víctimas, pero en la práctica “no se ha previsto un refuerzo proporcional de medios personales ni materiales”. En el caso de León, donde los juzgados ya funcionan con “plantillas reducidas y plazas sin cubrir”, la carga de trabajo podría aumentar de forma considerable.

El sindicato denuncia que el incremento de magistrados previsto no contempla un refuerzo paralelo del personal funcionario, que es el que da soporte diario a los jueces. “Incrementar más plazas de magistrados sin el correspondiente aumento de personal puede generar la ineficacia de una materia que debe ser rápida en su respuesta, o de lo contrario muchas víctimas no tendrán la protección que necesitan”, subraya la organización.

Riesgo de desespecialización

Otro de los puntos que preocupa en León es la pérdida de especialización. La nueva organización judicial centraliza funciones en macro oficinas, lo que obliga a que los funcionarios que antes trabajaban de forma exclusiva en violencia de género pasen a atender también otros procedimientos. 

STAJ advierte de que esta “desespecialización pone en riesgo el funcionamiento de una jurisdicción singularmente sensible, diluyendo la esencia de estos órganos judiciales”.

Reclaman refuerzos urgentes

El sindicato reclama “un aumento urgente de personal funcionario especializado en todo el territorio nacional”, así como el reconocimiento de los complementos correspondientes. La especialización, insisten, es clave desde el inicio del procedimiento hasta su ejecución, especialmente en un contexto en el que la reincidencia en los episodios violentos “es un hecho común”.

En León, donde los juzgados de Violencia sobre la Mujer ya enfrentan retrasos y acumulación de causas, la entrada en vigor de la nueva ley supone un reto añadido que, según STAJ, puede “agravar la desprotección de muchas víctimas si no se refuerzan los medios humanos y materiales”.