'Escuchen a Daniel': León se suma a las protestas nacionales por la protección del menor frente a la violencia vicaria
León se ha sumado este jueves a una movilización nacional que reclama justicia y protección real para los menores víctimas de violencia vicaria e institucional.
La Plaza de San Marcelo, frente al edificio de Botines, fue el escenario de la concentración en apoyo a Daniel Arcuri Rivas, un niño granadino de 11 años que, según testimonios y registros judiciales, se niega a ser entregado a su padre, condenado en España por violencia de género y actualmente procesado en Italia por malos tratos.
Convocada por asociaciones defensoras de la infancia, los derechos humanos y colectivos feministas, la concentración reunió a decenas de personas que portaban pancartas con lemas como “Escuchen a Daniel”, “Proteged a la infancia” y “Ni una criatura más entregada al miedo”. El objetivo: exigir que la justicia española respete el deseo expresado por el menor de permanecer con su madre y su entorno seguro en Maracena (Granada).
Una protesta con eco nacional: más de 20 ciudades movilizadas
León no fue una excepción. Al mismo tiempo, una veintena de ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario y Arrecife, entre otras, acogieron concentraciones simultáneas en puntos simbólicos y sedes judiciales para reclamar que el interés superior del menor sea el criterio prioritario en las decisiones judiciales, tal como establece la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), en vigor desde junio de 2021.
En cada acto, incluida la concentración en León, se leyó un manifiesto común, donde se denunció que miles de niños y niñas en España se ven obligados a convivir con padres denunciados o condenados por violencia de género o abusos, a causa de decisiones judiciales que desoyen tanto la legislación vigente como los testimonios de los propios menores.
El caso Daniel: miedo, lágrimas y un sistema que no escucha
El caso que ha encendido las alarmas es el de Daniel Arcuri Rivas, cuyo nombre ya se ha convertido en símbolo de la lucha por la infancia protegida. El pasado martes, Daniel manifestó entre lágrimas y en presencia de testigos su negativa a irse con su padre en el Punto de Encuentro Familiar (PEF). Según los convocantes, el menor expresó miedo a ser asesinado, mientras la jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada aplazó hasta este viernes 25 la entrega forzosa al padre.
El padre del menor, Antonio Arcuri, fue condenado por violencia de género en España y está actualmente procesado en Italia por nuevos delitos de maltrato. A pesar de ello, la decisión judicial permite la posibilidad de que el niño sea separado de su madre, María Rivas, con quien vive en Maracena, en un entorno que diversas entidades consideran seguro y libre de violencia.
"No es un caso aislado": 66 menores asesinados por sus progenitores
Durante la lectura del manifiesto en León, se recordó que 66 niños y niñas han sido asesinados en España por sus padres en el marco de la violencia vicaria. “Daniel es un niño con nombre y apellidos, pero su caso es el de miles. Hoy es él, mañana podría ser cualquier otro menor víctima de un sistema que no les escucha”, denunció la portavoz del movimiento convocante Infancia Silenciada.
Las entidades convocantes critican con dureza la actuación de algunos sectores de la Judicatura y la Fiscalía de Menores, a quienes acusan de “mala praxis e irresponsabilidad sistemática”, así como del incumplimiento habitual de la LOPIVI, que garantiza a los menores el derecho a ser escuchados en todos los procesos que les afecten.
Justicia con mayúsculas: la petición que recorre el país
La concentración finalizó con un aplauso colectivo en homenaje a Daniel y a todos los menores que sufren situaciones similares. Los asistentes reclamaron una "justicia con mayúsculas", donde las decisiones no solo se ajusten al derecho, sino que protejan realmente a los más vulnerables.
Desde León, como desde otras ciudades, se pide a las instituciones que escuchen, que actúen, y que pongan el interés superior de la infancia por encima de cualquier otra consideración judicial o burocrática. Porque, como dijo una madre durante la protesta: “Cuando la justicia no protege a un niño, todo el sistema falla”.
