La Fele alerta del deterioro del mercado laboral leonés y reclama políticas de estímulo económico
La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) ha valorado de forma negativa los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2025, publicados este lunes. Según el informe, León ha registrado un fuerte aumento de 6.600 parados respecto al cierre de 2024, alcanzando así los 21.500 desempleados frente a los 14.900 del trimestre anterior.
Además, el número de personas ocupadas ha disminuido en 2.400, situándose en 173.700. Estas cifras dejan a la provincia con una tasa de actividad del 49,33%, un ligero aumento de 1,13% respecto al trimestre anterior, pero con una tasa de paro que asciende hasta el 11,01%.
En términos interanuales, la EPA refleja que, aunque los ocupados aumentan en 4.200 personas, el número de parados también crece en 4.800. La tasa de actividad ha pasado del 47,44% al 49,33% actual, mientras que la tasa de paro ha subido del 8,96% al 11,01%.
Llamamiento a reforzar políticas de apoyo económico
Desde la Fele consideran “imprescindible” que se refuercen políticas que estimulen el crecimiento económico y el empleo, especialmente “mediante medidas de flexibilidad interna en las empresas, reducción de cargas fiscales y administrativas, y la mejora del entorno normativo”.
La federación empresarial advierte de que “la constante incertidumbre legislativa, unida al incremento de costes laborales y financieros, sigue siendo un freno importante para muchas pymes y autónomos”.
Defensa del Diálogo Social y crítica a decisiones unilaterales
La Fele también ha puesto en valor la importancia del Diálogo Social como “herramienta esencial para alcanzar acuerdos que generen un impacto real y duradero en el desarrollo económico y el empleo”. En este sentido, destacan positivamente “la firma de los últimos acuerdos del Diálogo Social en Castilla y León, que recuperan medidas en materia de empleo, formación, prevención e igualdad”.
Sin embargo, lamentan que decisiones relevantes, como la reducción de la jornada laboral, “se estén adoptando al margen de este Diálogo Social y de la negociación colectiva”. A su juicio, imponer una reducción de jornada “sin atender a las particularidades de cada sector y empresa, y sin respetar los consensos alcanzados en los convenios colectivos, no solo dificulta la estabilidad económica y la paz social, sino que además introduce una rigidez que afectará negativamente a la actividad empresarial, en especial a las pequeñas y medianas empresas”.
