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Medio año después del inicio de las obras de ampliación en el Parque Tecnológico de León los propietarios siguen sin cobrar las expropiaciones de la Junta

El proceso abierto en una zona donde se llegó a pagar más de 40 euros el metro y en la que se ha expropiado a apenas dos euros sigue enquistado mientras las obras avanzan

Las obras de ampliación del Parque Tecnológico de León avanzan desde finales del pasado año sobre los terrenos de la pedanía de Oteruelo, pero la práctica totalidad de los propietarios afectados por las expropiaciones continúa sin percibir las indemnizaciones correspondientes por sus fincas expropiadas.

Medio año después del inicio de los trabajos de movimiento de tierras impulsados por la Junta de Castilla y León a través de Somacyl, el principal foco de conflicto sigue siendo la valoración económica de los terrenos. La discrepancia entre la Administración autonómica y los propietarios ha derivado en procedimientos judiciales que permanecen abiertos y cuya resolución determinará el importe definitivo de las compensaciones.

La situación genera malestar entre los afectados, que denuncian que las obras avanzan mientras el proceso económico derivado de las expropiaciones sigue sin cerrarse. Además, algunos propietarios sostienen que continúan recibiendo cargos tributarios vinculados a parcelas cuya titularidad está inmersa en el proceso expropiatorio.

Valoraciones enfrentadas en los juzgados

El origen del conflicto se encuentra en el precio fijado para los terrenos. La Administración estableció inicialmente una compensación de 1,85 euros por metro cuadrado, una cantidad que posteriormente fue revisada a la baja y que los afectados consideran alejada de los valores registrados en operaciones urbanísticas desarrolladas en la misma zona durante años anteriores.

Frente a esa valoración, los propietarios defienden tasaciones notablemente superiores, lo que ha desembocado en recursos y procedimientos judiciales que deberán determinar el justiprecio definitivo. Mientras tanto, la mayoría de los afectados continúa a la espera de recibir una compensación económica por las parcelas ocupadas para la ampliación y en la que su día se llegaron a pagar importes por encima de los 40 euros el metro cuadrado.

Una inversión de más de 13 millones

Pese al conflicto, la ejecución material del proyecto mantiene su calendario. La actuación promovida por Somacyl supera los 13 millones de euros de inversión y contempla la urbanización de más de 520.000 metros cuadrados de superficie.

De ese total, cerca de 247.000 metros cuadrados estarán destinados a uso industrial y más de 38.000 a actividades terciarias, distribuidos en alrededor de una treintena de parcelas. El proyecto incorpora también zonas verdes, espacios para equipamientos públicos y una nueva red viaria interior.

Entre las infraestructuras previstas figura la mejora de la conexión con la ronda sur mediante un nuevo ramal hacia Villacedré, además de varios viales principales y un enlace directo entre el parque actual y la futura ampliación.

Crecimiento empresarial paralelo al conflicto

La ampliación se desarrolla en un momento de crecimiento del Parque Tecnológico de León, que alberga actualmente 46 empresas y genera alrededor de 2.300 empleos. Los sectores químico-farmacéutico, tecnológico y de ingeniería concentran buena parte de la actividad, con una plantilla cuya edad media ronda los 35 años.

Asimismo, se encuentra en construcción un segundo edificio de servicios comunes con capacidad para unos 250 trabajadores.

Horizonte de 2028

El plazo de ejecución de las obras se sitúa en torno a los 18 meses, con la previsión de concluir la urbanización a finales de 2027 y poner en servicio la ampliación durante 2028. Sin embargo, la resolución definitiva del conflicto por las expropiaciones sigue pendiente de las decisiones judiciales sobre el valor de los terrenos.

De este modo, el Parque Tecnológico de León continúa ganando superficie y capacidad empresarial mientras permanece sin resolver la reclamación de la mayoría de los propietarios afectados, que medio año después del inicio de las obras aún esperan cobrar las indemnizaciones por sus fincas.