La zona de bajas emisiones en León podría llevar a pagar la ORA en función del tipo de etiqueta que identifica al coche

El Ayuntamiento de León avanza en su estrategia para reducir el impacto ambiental del tráfico rodado. Aunque la ciudad nunca ha registrado niveles de contaminación que activen formalmente una alerta por dióxido de nitrógeno o partículas PM10, el consistorio ha desarrollado una ambiciosa ordenanza de movilidad que articula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ensanche. El objetivo: preparar la ciudad para un futuro más limpio, regulando el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos según su impacto ambiental.

La medida más innovadora no es tanto la restricción del tráfico contaminante —que solo se activará en episodios de alerta—, sino el giro en la política tarifaria de la ORA: los coches con más emisiones pagarán más por estacionar en las zonas reguladas.

Un nuevo modelo tarifario

El artículo 49.3 del borrador de la ordenanza abre la puerta a una modificación clave: el precio por hora en la ORA será proporcional al distintivo ambiental del vehículo. Así, los automóviles eléctricos o de cero emisiones seguirán contando con estacionamiento gratuito, mientras que los más contaminantes pagarán tarifas más altas. Esta discriminación positiva deberá ser implementada por Eulsa, la empresa mixta que gestiona la ORA, mediante una reforma de su ordenanza fiscal.

Aunque aún no se han declarado alertas oficiales, el Ayuntamiento contempla que el resguardo de estacionamiento sirva de acreditación para circular dentro de la ZBE durante episodios de contaminación, siempre que se acceda para hacer gestiones o compras en el área, no simplemente para atravesarla.

Quién puede circular y cómo

La ZBE de León no prohíbe directamente el acceso en función del nivel de contaminación habitual, pero establece múltiples condiciones para circular. En caso de activarse una alerta, tendrán acceso libre vehículos con distintivo Eco y 0, bicicletas, ciclos, VMP, emergencias y fuerzas de seguridad. Todos los demás deberán estar registrados previamente en un sistema municipal.

Dentro de ese registro se incluyen vehículos con etiqueta C, pero también otros casos por razones laborales, asistenciales o personales: servicios sanitarios, educativos, funerarios, transporte colectivo, distribución de mercancías, correos, seguridad privada y trabajadores autónomos. A ellos se suman residentes con o sin garaje, personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, y quienes accedan a su segunda vivienda o se hospeden en hoteles del área.

Un 35% del parque móvil quedará fuera de la ZBE sin autorización

El análisis del parque móvil leonés revela que el 35% de los vehículos no cuenta con ningún distintivo ambiental —un 20% por ser antiguos de gasolina y un 15% por no haberlo solicitado—, lo que les impediría circular por la ZBE salvo que obtengan una autorización específica. Solo el 3% de los vehículos podrá circular sin restricciones por contar con etiquetas cero emisiones.

Régimen sancionador: multas de hasta 900 euros

La ordenanza de movilidad no solo regula quién puede o no puede acceder a la ZBE, sino que impone un régimen sancionador con tres niveles de infracción:

Infracción leve: Por ejemplo, no exhibir el distintivo ambiental correspondiente. La sanción puede alcanzar los 150 euros.

Infracción grave: Se considera tal el incumplimiento de las restricciones de acceso, circulación o estacionamiento sin la debida autorización. Las multas oscilan entre 151 y 450 euros.

Infracción muy grave: En casos más severos, las sanciones pueden llegar hasta los 900 euros.

Además, todas las sanciones se incrementarán un 30% en caso de reincidencia, reforzando el carácter disuasorio de la normativa.

El Ensanche como epicentro del cambio urbano

La delimitación de la ZBE se basa en estudios previos que identificaron al Ensanche como una de las zonas con mayor densidad poblacional, comercial y peor conectividad de transporte público, lo que justifica su inclusión. En cambio, barrios como La Chantría, La Lastra o Puente Castro quedaron excluidos por tener menores niveles de ruido y contaminación.

A partir de su aprobación definitiva —prevista para después del verano— la ordenanza será revisada a los tres años y posteriormente cada cuatro, con el propósito de ir adaptándola a los cambios tecnológicos y sociales.

En conclusión, León opta por una transición progresiva pero firme hacia un modelo de ciudad más sostenible, donde cada acción —incluso estacionar o simplemente circular— estará condicionada por el impacto ambiental del vehículo.