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El juez autoriza investigar más de 60 cuentas bancarias en el caso Plus Ultra

La Audiencia Nacional da luz verde a la UDEF para analizar movimientos financieros vinculados a José Luis Rodríguez Zapatero, familiares, sociedades mercantiles y personas de su entorno dentro de la investigación sobre una presunta trama de influencias
La compleja maraña del entramado empresarial en el entorno de Zapatero.
La compleja maraña del entramado empresarial en el entorno de Zapatero.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a acceder a la información de más de 60 cuentas bancarias relacionadas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, miembros de su familia, su secretaria y varias sociedades mercantiles incluidas en la investigación del denominado caso Plus Ultra.

La resolución judicial responde a una petición formulada por la UDEF tras un informe elaborado el pasado mes de junio, en el que los investigadores consideran necesario reconstruir el recorrido de diversos movimientos económicos detectados durante las pesquisas y determinar el origen y destino de distintas transferencias.

El auto también incorpora nuevas líneas de investigación sobre empresas que, según la documentación policial, no habían aparecido en anteriores informes remitidos al juzgado.

La UDEF incorpora nuevas sociedades al procedimiento

La Policía sostiene que la documentación analizada apunta a un entramado empresarial presuntamente coordinado por el empresario Julio Martínez Martínez, también investigado en la causa.

Según recoge la resolución judicial, la investigación pretende esclarecer la relación financiera entre diversas sociedades y los presuntos beneficiarios de los fondos, así como verificar si determinados contratos profesionales utilizados para justificar pagos respondían a servicios realmente prestados.

Entre las empresas citadas por el juez figuran, además de Plus Ultra Líneas Aéreas, sociedades como Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Caletón Consultores, Summer Wind o Zenzap, que aparecen reflejadas en el auto como parte del análisis patrimonial que desarrolla la UDEF.

Transferencias millonarias bajo investigación

La resolución detalla distintas cantidades que forman parte de las diligencias abiertas.

Entre ellas figuran 490.780 euros procedentes de Análisis Relevante entre 2020 y 2025, así como otras transferencias recibidas desde compañías como Kreab Iberia, Thinking Heads Group, Thinking Heads Américas, Gate Center, Kreab Worldwide o Focus Social Research.

El auto incorpora además operaciones económicas atribuidas a otras empresas como Chinalink, Mimo Advisors, Bright Digital Solutions, Yuewee International Trade y Zayed Award, cuyos pagos también serán objeto de análisis por parte de los investigadores para determinar su naturaleza y justificación.

La resolución judicial recuerda igualmente que una cuenta bancaria del expresidente habría actuado como receptora de ingresos que posteriormente fueron redistribuidos a otras cuentas de su titularidad. Entre las operaciones examinadas figura la cancelación anticipada de un préstamo hipotecario mediante una transferencia de 498.000 euros tras la compra de un inmueble valorado en 580.000 euros.

El foco también se dirige a Whathefav

La investigación incluye igualmente el análisis de la sociedad Whathefav, administrada por las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el auto, esta empresa habría recibido fondos desde distintas sociedades investigadas, entre ellas Análisis Relevante, Agropecuaria Lucena, Pickashop, Inteligencia Prospectiva, Gate Center y Thinking Heads.

Los investigadores examinan igualmente transferencias realizadas posteriormente desde esa sociedad hacia cuentas de Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa, sobre las que el expresidente figura autorizado.

La secretaria también será objeto de análisis patrimonial

La autorización judicial alcanza asimismo a las cuentas de Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aunque el juez señala que hasta el momento no se han detectado ingresos directos desde el entramado empresarial hacia sus cuentas, considera necesario estudiar su situación patrimonial después de constatar la adquisición de una vivienda por importe de 132.055 euros sin financiación hipotecaria, mediante pagos efectuados entre 2021 y 2023.

Un entramado de al menos 27 sociedades

La investigación policial sitúa a Julio Martínez Martínez al frente de una red integrada por al menos 27 sociedades mercantiles que presentan características comunes, como coincidencia de domicilios sociales, modificaciones societarias similares y objetos empresariales muy amplios.

El informe de la UDEF pone el foco en varias de esas compañías por el elevado volumen de movimientos bancarios registrado en comparación con la actividad económica declarada.

Entre ellas figura ASP Rentas, con cerca de dos millones de euros en entradas y salidas durante el periodo investigado; Zenitram Partners, con operaciones superiores a 1,8 millones de euros; Zenzap, que acumula movimientos superiores a 3,8 millones pese a carecer de actividad mercantil declarada desde 2019; o Mérida Capital, cuyos movimientos bancarios también superan ampliamente los ingresos oficialmente comunicados.

El análisis alcanza igualmente a sociedades como Nez Asesores, Pickashop, Affita, Affita Capital e Iot Domotic Europe, cuyas operaciones económicas serán examinadas para determinar si existieron flujos financieros incompatibles con la actividad empresarial que desarrollaban.

Una investigación todavía en fase de instrucción

La autorización dictada por el magistrado José Luis Calama se enmarca en la fase de instrucción del procedimiento y tiene como finalidad ampliar la investigación patrimonial y financiera que desarrolla la UDEF.

La apertura de estas diligencias no implica, por sí misma, un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de las personas investigadas, sino que permite a los agentes recabar nueva documentación bancaria para comprobar el recorrido de los fondos y determinar si las operaciones detectadas presentan relevancia penal dentro del caso Plus Ultra.