Sánchez lanza un plan anticorrupción tras el escándalo Cerdán
En plena crisis de credibilidad interna por el llamado caso Cerdán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso para anunciar un plan estatal contra la corrupción con 15 medidas estructurales que, asegura, se aplicarán "hasta la última coma". Elaborado en coordinación con el Departamento de Anticorrupción, Integridad y Gobierno de la OCDE, el plan busca recuperar el pulso del Ejecutivo y calmar a sus socios parlamentarios.
Durante su intervención, Sánchez defendió que “la regeneración democrática no puede ser un eslogan, sino un compromiso real, verificable y permanente”. El plan se articula en cinco grandes ejes que van desde la prevención hasta la recuperación de bienes saqueados, e incluye reformas legislativas, judiciales y administrativas de calado.
1. Prevención y transparencia: una agencia independiente y control a partidos
Uno de los pilares clave del plan es la creación de una Agencia de Integridad Pública, con plena independencia para supervisar, prevenir y actuar ante prácticas corruptas en la administración. Además, se aplicará a toda la contratación pública la metodología usada en la gestión de los Fondos Next Generation.
También se introducirán herramientas de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se exigirán sistemas de compliance a las empresas contratistas y se desplegarán pactos de integridad en contratos sensibles.
En cuanto a los partidos, el Gobierno exigirá auditorías externas a cualquier formación que reciba más de 50.000 euros en fondos públicos, bajará el umbral de transparencia en donaciones privadas a 2.500 euros, y aprobará una Ley de Integridad de los Grupos de Interés.
2. Protección al denunciante y reforma judicial contra la impunidad
El segundo eje incluye una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger a denunciantes anónimos que acudan a la Fiscalía, jueces o Policía. Todas las administraciones deberán tener canales internos de denuncia, también exigidos a las empresas.
En el ámbito judicial, se crearán secciones especializadas en corrupción dentro de los futuros tribunales de instancia, y se establecerán procedimientos sumarios para causas que involucren a cargos públicos. Además, se reforzará la Fiscalía Anticorrupción y se impulsará la reforma que asignará la instrucción penal al Ministerio Fiscal.
3. Castigos ejemplares y exclusión de corruptos
El Código Penal sufrirá una reforma para endurecer las penas por delitos contra la Administración, se duplicarán los plazos de prescripción y se calcularán las multas a empresas corruptoras según sus ingresos anuales, no solo los beneficios.
Sánchez también ha anunciado un registro de empresas condenadas por corrupción, que quedarán inhabilitadas para contratar con la administración. En el ámbito partidista, se retirarán subvenciones a los partidos que mantengan en sus listas o órganos de dirección a personas condenadas por corrupción, y se endurecerán las sanciones por irregularidades contables.
4. Perseguir y recuperar el dinero robado
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos recibirá más recursos y personal para detectar y administrar bienes obtenidos de forma ilícita. Se introducirá la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar activos sin esperar a una sentencia firme.
Esta medida busca cerrar una brecha habitual en las causas por corrupción: los largos plazos judiciales y las estrategias de ocultación de patrimonio por parte de los acusados.
5. Cultura de integridad y evaluación constante
Finalmente, el plan contempla medidas para fomentar una cultura ciudadana contra la corrupción. Se realizarán encuestas anuales sobre percepción y experiencia directa, campañas de sensibilización y formación obligatoria en integridad para empleados públicos.
Los avances del plan serán auditados por la OCDE, cuyos informes periódicos serán públicos y actuarán como termómetro internacional de cumplimiento.
Reacciones divididas: aplausos, escepticismo y exigencias
Desde el PSOE, la vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido que “el Gobierno pasa de las palabras a los hechos”. Sin embargo, varios grupos como ERC, EH Bildu y Sumar han reclamado que las medidas “no se queden en papel mojado” y han exigido la aplicación inmediata de la lista negra y los mecanismos de denuncia anónima.
La oposición ha reaccionado con mayor dureza. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de “lavarse la cara” tras los escándalos que “afectan a su propio entorno político”.
Un plan con el reloj en contra
A menos de un año de posibles elecciones generales y con el Parlamento más fragmentado de la legislatura, el plan anticorrupción supone un intento político de retomar la iniciativa en medio del desgaste. Si logra superar las resistencias parlamentarias y convertir las propuestas en leyes efectivas, marcaría un hito en la lucha contra la corrupción en España. Pero como advirtió el propio Sánchez: “La confianza no se exige, se gana. Y se gana con hechos”.
