La crisis del COVID perdura: la exclusión social retrocede pero sigue por encima de 2018

La exclusión social afecta a 14.900 hogares y a 352.000 castellanos y leoneses, 28.000 más que en 2018, por el empleo precario y, sobre todo, por la vivienda inaccesible. Supone casi el 14,9 por ciento de la ciudadanía, frente al 13,5 por ciento registrado hace seis años, aunque los datos más preocupantes son los 59.000 hogares y las 130.000 personas que sufren una exclusión severa -5,5 por ciento del total-, aunque en este caso son 16.000 menos que la fecha anterior de referencia.

El Informe sobre Inclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, elaborado por la Fundación Foessa de Cáritas, recoge que la exclusión social es sinónimo de pobreza, ya que el casi el 84 por ciento de las personas en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se encuentra en riesgo de carencia económica. Frente a esa parte de la población, está el 55,2 por ciento de los ciudadanos de la Comunidad que disfruta de una integración plena; el 29,9 por ciento, en situación de integración precaria. Se completa con el 9,3 por ciento de la población que sufre una exclusión moderada. 

Por lo tanto, la exclusión social alcanza al 14,9 por ciento de los castellanos y leoneses, 1,4 puntos más que en 2018 aunque 3,2 menos en comparación con 2021. Es decir, la recuperación tras la crisis sociosanitaria de la COVID-19 no ha sido “suficiente” para revertir el retroceso provocado por la pandemia en los niveles de integración social.

El presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, Guenther Boelhoff, subrayó que los datos demuestran que “de las crisis no se sale más fuerte” por que “erosionan” y la recuperación deja siempre “cicatrices”. De ahí que apuntara que el informe Foessa “cuestiona” la anunciada bonanza económica y los datos macroeconómicos del país. “No hay integración plena y la inseguridad y la incertidumbre provoca que la población viva desvinculada y con miedo”, añadió. Y todo por que la vivienda “expulsa” al individuo de tener de una vida digna y el empleo ha perdido su capacidad para “rescatarnos” de esa exclusión.

El problema de la vivienda

El miembro del Comité Técnico de la Fundación Foessa, Pedro Fuentes, detalló que acceder a una vivienda digna, a precios asequibles, se ha convertido en un “importante” inconveniente por el incremento de los precios, tanto en régimen de compra (coste ha subido un 30 por ciento entre 2018 y 2024) como en alquiler (incremento entre el 18 y el 34 por ciento), que se ve agravada por una oferta limitada y la especulación inmobiliaria. 

Además, ofreció los datos que casi el 20 por ciento de los hogares castellanos y leoneses presenta alguno indicador de exclusión en la vivienda, gastos excesivos en el 19 por ciento y el 7 por ciento de las familias tiene una situación de vivienda insegura o inadecuada (por problemas de legalidad o inestabilidad en la tenencia o problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento). “La vivienda es el cuello de la botella de la integración social en Castilla y León y, ahora más que nunca es un derecho feak. Sin una política de vivienda seria, la mejora económica nunca se traducirá en integración social”, sentenció.

En cuanto al empleo, se recupera pero “el bolsillo y la integración no lo notan”, declaró Fuentes, por que los salarios reales y la precariedad matizan la mejora. Pese a que la ocupación ha crecido un cuatro por ciento, el paro baja hasta el nueve por ciento, disminuye la temporalidad y algo menos la parcialidad no deseada, los sueldos -teniendo en cuenta la inflación- solo han subido un 0,5 por ciento desde 2018 y la precariedad se reduce pero no desaparece. “Trabajar ya no garantiza una inclusión social”, precisó.

Todo ello genera que el seis por ciento de la población sufre carencia material y social severa e impide afrontar gastos imprevistos (90 por ciento), contar con una temperatura adecuada en el hogar (14 por ciento) y estar al día en los pagos de vivienda (10 por ciento). Además, hay un deterioro “significativo” en la dimensión sanitaria, hasta el punto que más de 260.000 personas en Castilla León se han visto obligadas a renunciar a comprar medicamentos, prótesis dentales, gafas y audífonos o a seguir tratamientos psicológicos y dietas por motivos económicos.

“Más positiva” que España

Comparada con el conjunto de España, la situación de Castilla y León es “más positiva”. No en vano, tiene un mayor porcentaje de población integrada (85,1 por ciento frente al 80,7 por ciento en el país) y los niveles de exclusión social son más reducidos (14,9 frente al 19,3 por ciento). Además, la Comunidad cuenta con una mayor proporción de población en situación de integración plena y un nivel inferior de exclusión social severa (5,5 frente al 8,8 por ciento, hasta llegar a 4,2 millones de españoles). De ahí que la tasa de exclusión social en Castilla y León sea del 14,9 por ciento frente al 19,3 por ciento de la media nacional. Solo cinco comunidades tienen un mejor índice como País Vasco (11,8), Galicia (12,7), Navarra (13,1) y Cantabria (14,1 por ciento).

Una exclusión que, según recogió la Agencia Ical, no se limita a la falta de recursos económicos, el acceso a bienes básicos y el empleo sino que también incluye las dificultades y la pérdida de oportunidades que tienen ciertos grupos para ejercer derechos políticos (participación en la toma de decisiones) y sociales (salud, educación y vivienda), además de la participación en una red de relaciones sociales amplia (sin caer en el aislamiento social) y saludables (no conflictivas ni anómicas). El informe analiza, en total, 35 indicadores repartidos en ocho dimensiones.

En concreto, la exclusión social en Castilla y León se relaciona, de manera fundamental, con la insuficiencia de recursos económicos y su impacto sobre la capacidad de la población para ejercer derechos sociales, como el acceso a una vivienda y a la salud. Los mayores niveles de integración social que se registran en la Comunidad responden a una evolución en términos globales algo más positiva que la que se ha producido en el conjunto del Estado durante los últimos seis años, si bien ambos territorios comparten una deriva similar. 

De este modo, tanto en Castilla y León como en España en su conjunto, la crisis de la COVID-19 supuso un importante retroceso del espacio de la integración plena y un aumento de la integración precaria y de la exclusión social, especialmente en las situaciones de mayor severidad. El periodo de recuperación posterior, por su parte, no ha sido lo “suficientemente profundo” como para revertir estos efectos completamente y ambos territorios presentan en 2024 una situación global menos favorable a la registrada en 2018.

“Falla el sistema”

Pedro Fuentes aseguró que el informe muestra una fragmentación social, con una clase media en retroceso y el desplazamiento de muchas familias hacia extractos inferiores. “No fallan las personas, falla el sistema”, sentenció. Y precisó que el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión y la idea que viven de prestaciones sociales, sin buscar soluciones o emprender acciones para su exclusión, es “radicalmente falsa”. 

Y lo justificó que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa tienen activadas estrategias de inclusión (trabajan o buscan empleo, estudian o se forman, y participan en procesos de acompañamiento con planes de inserción a través del Tercer Sector o de los Servicios Sociales públicas). Por el contrario, dio que estos colectivos chocan contra barreras estructurales y se topan con dispositivos “muy fragmentados”, recursos escasos y, sobre todo, “muy poco” personalizados.

Respuesta “muy limitada” de la Junta

El informe de Cáritas denuncia que el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades en Castilla y León. El técnico de Foessa apuntó que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no llega, cuatro años después de su implantación, y solo beneficia al 44 por ciento de las personas en pobreza severa, frente al 50 por ciento del conjunto de España. Además, carga contra la Junta al señalar que el modelo castellano y leonés de garantía de ingresos da una respuesta “muy limitada” a las necesidades económicas de la población en situación de pobreza, tanto desde el punto de visto administrativo como por la falta de información. 

En este sentido, la organización vinculada a la Iglesia alerta que la renta garantizada de ciudadanía en la Comunidad ha pasado de una cobertura del 3,6 al 0,2 por ciento, lo que en la práctica supone “casi la extinción” de esta prestación. “Castilla y León se sitúa entre las autonomías que han aprovechado la introducción del IMV para reducir y casi eliminar la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas”, aseguró Fuentes.

Es por ello que reclamó, según Ical, un compromiso “firme” de todas las administraciones para desarrollar y mantener un sistema “estable y suficiente” de garantía de rentas es la vía “más rápida y justa” para revertir el crecimiento de la pobreza y reducir la privación material que aún golpea a “demasiados” hogares. Además, realizó un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y las administraciones públicas, más allá de la labor de las entidades del Tercer Sector, por que tienen el “deber” de hacer efectivos los derechos. “Es su responsabilidad”, declaró.

En este sentido, se pronunció el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, quien demandó que los poderes públicos lleven a cabo una estrategia específica de erradicación de la pobreza y la exclusión social. “Es un problema muy grave y hay que cumplimiento a la Constitución. Debe ser algo nuclear y central del sistema, por lo que este asunto tiene que estar entre las máximas prioridades de las políticas de todos los poderes públicos”, manifestó.

Juventud muy afectada

El informe concluye que la juventud castellano y leonesa es uno de los colectivos más afectados por la exclusión social, ya que la tasa de exclusión entre las personas de 18 a 29 años alcanza el 24,6 por ciento, muy por encima del 14,8 por ciento de la media general. Este dato refleja la acumulación de obstáculos que dificultan la autonomía juvenil y que se han intensificado durante los últimos años.

En concreto, señala tres factores clave que explican esta elevada prevalencia: las barreras de acceso al mercado laboral y la dificultad para estabilizarse en él, la insuficiencia salarial que impide cubrir los gastos básicos de manera autónoma y la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones asequibles. Esta triple limitación sitúa a la juventud en una posición de vulnerabilidad estructural, que se ha intensificado desde 2018 y que convierte a este colectivo en uno de los principales grupos de atención para las políticas públicas de inclusión. También aumenta las tasas de exclusión entre quienes tienen nacionalidad extranjera, que llegan al 48 por ciento frente al 11 por ciento de los españoles.

De cara al futuro, el miembro del Comité Técnico de la Fundación Foessa dejó claro que “de seguir igual no podemos esperar resultados distintos”, por lo que apostó por variar los valores y las políticas. “Hay que entender que somos seres inter y eco dependientes y nos necesitamos unos a otros. Vivir no puede ser competir”, expuso. Por último, reclamó políticas “audaces”, con un plan integral contra la exclusión social, de vivienda, empleo que luche contra la precariedad y una garantía de rentas “sólida y fuerte”.