Los familiares de los mineros fallecidos en Cerredo denunciarán al Gobierno asturiano e inciden en que había una explotación ilegal
Las familias de los cinco mineros leoneses fallecidos y los trabajadores heridos en el accidente registrado el 31 de marzo en la mina de Cerredo han iniciado un análisis jurídico para decidir si dirigen parte de sus reclamaciones contra el Principado de Asturias.
Sus abogados revisan la documentación remitida por el Juzgado de Cangas del Narcea tras levantarse el secreto de las actuaciones, con el objetivo de determinar si existió una actuación insuficiente de la administración autonómica en la supervisión de la explotación.
Dudas sobre las indemnizaciones
Uno de los factores que impulsa esta reflexión es la incertidumbre económica. El juzgado instructor ha ordenado el embargo preventivo de bienes y cuentas de cuatro personas investigadas —entre ellas el empresario leonés Jesús Rodríguez Morán— por un importe global de 1,15 millones de euros.
Las defensas consideran que esa cantidad podría no cubrir las compensaciones previstas para los familiares de las víctimas mortales y los heridos, especialmente si se confirman carencias en las pólizas de seguro de la empresa explotadora.
Actividad fuera de autorización
La compañía titular de la concesión, Blue Solving, contaba únicamente con autorización para trabajos de retirada de materiales, no para la extracción de carbón. La investigación judicial sostiene que esta última actividad se desarrollaba de manera irregular desde hacía más de un año.
Además, fuentes del entorno del empresario señalan que parte del patrimonio incluido en la relación de bienes ya había sido vendido o estaba afectado por otros procedimientos judiciales, lo que podría limitar aún más la capacidad de resarcimiento.
Posible alcance institucional
En este contexto, los letrados no descartan que la instrucción incorpore la comparecencia de responsables actuales o pasados de la administración autonómica.
El objetivo sería aclarar si hubo una falta de vigilancia suficiente sobre una actividad desarrollada en un yacimiento de dominio público, cuya explotación está sujeta a concesión y control por parte del Gobierno regional.
Imágenes que refuerzan la investigación
El debate jurídico se produce al mismo tiempo que se conocen nuevos indicios. La televisión autonómica, TPA, difundió recientemente grabaciones realizadas con teléfonos móviles en el interior de la mina meses antes del siniestro.
Las imágenes, captadas pese a la prohibición de estos dispositivos, coinciden con los testimonios recogidos por la Guardia Civil y apuntan a que la extracción de carbón estaba en marcha mucho antes del accidente que costó la vida a cinco trabajadores.