La abogacía, contra la centralización de juzgados de violencia machista
El Colegio de la Abogacía de León ha expresado este lunes su “rotundo rechazo” al artículo 6 del Real Decreto 422/2025, aprobado el pasado 3 de junio, que propone la ampliación de la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de León a los partidos judiciales de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún. Esta medida, que entraría en vigor a finales de año, supondría la centralización de todos los procedimientos por violencia de género en la capital provincial.
Según la abogacía leonesa, esta reorganización acarrea consecuencias “preocupantes”, tanto para el acceso a la justicia de las víctimas como para el funcionamiento efectivo del sistema judicial en el medio rural.
“Injusta e ineficaz”: el decano se pronuncia
El decano del Colegio, Fernando Rodríguez Santocildes —quien también preside la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía Española— ha calificado la reforma como “profundamente injusta” e “ineficaz”.
“Obliga a muchas víctimas a desplazarse decenas de kilómetros en momentos de extrema vulnerabilidad, con medios de transporte en muchos casos inexistentes”, denunció. Para Rodríguez Santocildes, esta modificación vulnera los principios de inmediación y proximidad, claves para proteger eficazmente a las víctimas de violencia de género.
Riesgos de revictimización y desigualdad territorial
Desde el Colegio de la Abogacía se alerta de que la centralización podría incrementar la revictimización de las mujeres afectadas y acentuar las desigualdades territoriales. Incluso, advierten, podría desincentivar la presentación de denuncias.
“La justicia debe estar cerca, no lejos, especialmente cuando hablamos de proteger a quienes ya están en situación de riesgo”, insistió el decano, que cuestionó también la viabilidad de utilizar videoconferencias como alternativa: “Además de privar al órgano judicial de la inmediación, no existe infraestructura técnica ni personal suficiente para garantizar un mínimo de calidad. En la práctica, esa opción no es real”.
Defensa jurídica en riesgo
Otro de los puntos críticos señalados por la abogacía leonesa es la posible ruptura del principio de unidad de defensa. Centralizar los juzgados dificultaría que el mismo abogado de turno de oficio que atiende la denuncia pueda llevar los procedimientos posteriores, lo que fragmentaría el acompañamiento legal a las víctimas.
“Todos los partidos judiciales de la provincia cuentan con profesionales cualificados y formados específicamente en violencia sobre la mujer. Esta especialización ya está funcionando, no necesitamos desmantelarla”, defendió Rodríguez Santocildes.
Falta de diálogo institucional
La abogacía también ha lamentado que el Gobierno haya tomado esta decisión sin consultar a los operadores jurídicos ni realizar una evaluación del impacto en zonas rurales. “Ni se ha consultado a los operadores jurídicos ni se ha hecho una evaluación de impacto que tenga en cuenta la realidad de la España rural”, denunció el decano.
Por todo ello, el Ilustre Colegio de la Abogacía de León exige la “paralización inmediata” de la medida y reclama que cualquier modificación de la planta judicial tenga como ejes la “accesibilidad, la igualdad territorial y la protección efectiva de las víctimas”.
