El Ayuntamiento de León aprueba la nueva Ordenanza de Movilidad tras intenso debate
El Ayuntamiento de León ha aprobado de manera definitiva la Ordenanza de Movilidad, que incluye el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), después de un encendido debate en el Pleno municipal. La votación reflejó la división política: a favor, el equipo de gobierno y la Unión del Pueblo Leonés (UPL); en contra, el Partido Popular (PP), Vox y el concejal no adscrito. La sesión evidenció la complejidad de equilibrar la necesidad de una movilidad más sostenible con los intereses de vecinos, comerciantes y sectores económicos afectados.
Defensa y apoyo de la moción
Durante la sesión, el portavoz del equipo de gobierno, Vicente Canuria, defendió la ordenanza como un instrumento esencial para cumplir con la legislación vigente sobre movilidad sostenible y cambio climático. Canuria destacó que la normativa permitirá organizar de manera más eficiente el tráfico, reducir la contaminación y mejorar la seguridad peatonal en las zonas más transitadas.
Por su parte, Eduardo López Sendino, portavoz de la UPL, subrayó la importancia de la ordenanza para la planificación urbana de León y para fomentar la sostenibilidad ambiental, asegurando que era “un paso imprescindible para modernizar la ciudad y garantizar la calidad de vida de los leoneses”.
Críticas desde la oposición
Los representantes de la oposición, principalmente David Fernández (PP) y Blanca Herreros (Vox), centraron sus críticas en aspectos legales y técnicos de la ordenanza.
Alegaron que el procedimiento podría ser nulo de pleno derecho, ya que instrumentos de planificación como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) y su adenda fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local y no por el Pleno.
También cuestionaron la delimitación de la ZBE, la tipificación de infracciones y sanciones, pidiendo previamente aclaraciones sobre la cuantía económica y la seguridad jurídica de algunos artículos, y solicitaron que los vehículos históricos tuvieran acceso libre. Por último, reclamaron un análisis más exhaustivo del impacto económico en sectores como comercio y hostelería.
Trámite y alegaciones ciudadanas
El proceso de aprobación de la ordenanza incluyó un periodo de consulta y participación ciudadana. Durante la fase de información pública, se recibieron alegaciones de vecinos, asociaciones y empresas, muchas de las cuales planteaban la necesidad de aparcamientos disuasorios, listados de calles peatonales más claros y una justificación más detallada de las medidas.
Entre los reclamantes se encontraban Beatriz Pastrana Rubio, que propuso la creación de aparcamientos subterráneos con plazas para residentes, y Estacionamientos Urbanos de León S.A., que solicitó mayor claridad jurídica sobre las calles afectadas. Sin embargo, la administración desestimó estas alegaciones.
Justificación técnica y legal
El equipo de gobierno subrayó que la normativa se apoya en estudios técnicos que incluyen análisis de contaminación, densidad de población, disponibilidad de transporte público y morfología urbana. El objetivo es proteger a los sectores más vulnerables, como escuelas, hospitales y residencias de ancianos, garantizando al mismo tiempo la movilidad sostenible.
La ordenanza también incorpora medidas específicas para personas con discapacidad y movilidad reducida, asegurando estacionamiento cercano y temporal conforme a la legislación nacional.
Con la aprobación definitiva, la ordenanza entra en vigor y establece el marco legal para la gestión de la Zona de Bajas Emisiones, regulando el acceso, la circulación y el estacionamiento en áreas estratégicas de la ciudad.
