El frente contra el peaje del Huerna suma apoyos en el Noroeste
El pronunciamiento de la Comisión Europea, que calificó de “ilegal” la prórroga de la concesión de la AP-66, ha desatado en Asturias una movilización política y social inédita. Todos los partidos de la Junta General cerraron filas el pasado viernes para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la eliminación del peaje. A las pocas horas, sindicatos y patronal se sumaron a esta reclamación.
Asturias toma la iniciativa
El Ejecutivo de Adrián Barbón, tras el respaldo parlamentario y social, ha comenzado a diseñar una estrategia para presionar en todos los frentes: administrativo, jurídico y social.
De este modo se ha convocado la Alianza por las Infraestructuras, que reúne a fuerzas políticas, sindicatos y empresarios, con el objetivo de preparar una gran movilización. Barbón prometió durante el debate de orientación política en la Junta que el Principado “dará la batalla en todos los ámbitos”.
Galicia se coordina y presiona
La Xunta de Galicia ya había mostrado su disposición a coordinar acciones con Asturias. La consejera de Vivienda e Infraestructuras, María Martínez, acusó al Ejecutivo central de “falta de transparencia” y advirtió que, si no se publica el expediente, el Gobierno gallego acudirá a los tribunales. Recordó además que el informe actualizado sobre el rescate de la AP-9 eleva la indemnización a 2.356 millones.
Castilla y León se suma, sin liderar
El Gobierno de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, también se ha sumado a la iniciativa de comunidades contra los peajes.
La comunidad ya había aprobado por unanimidad en sus Cortes, en mayo de 2024, solicitar la eliminación del peaje del Huerna.
Mañueco ha defendido que las autopistas son “ejes vertebradores” del desarrollo regional y que los peajes suponen “un elevado impacto en los costes del transporte”. No obstante, en la actual estrategia común, Castilla y León se limita a acompañar a Asturias y Galicia sin asumir un papel de liderazgo.
El debate económico
En Asturias, las cifras del posible rescate siguen abiertas. Aucalsa, la concesionaria, prevé ingresar 1.746 millones hasta 2050, mientras que considera amortizada su inversión con 600 millones. Los cálculos económicos, aún sin cerrar, serán un elemento central en el pulso político con el Ministerio de Transportes, que mantiene la competencia exclusiva en esta materia.
Voces en Europa
El eurodiputado socialista Jonás Fernández advirtió que la falta de respuesta del Estado puede llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que retrasaría la eliminación del peaje y abriría la puerta a demandas retroactivas. La popular Susana Solís fue más crítica: recordó que la supresión del peaje depende solo del ministro de Transportes, Óscar Puente, y reprochó a Barbón no haber planteado la cuestión directamente en Bruselas.
