León en los papeles del 23F: calma oficial y señales de una fractura
La desclasificación de los documentos oficiales del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 aporta escasas referencias directas a León, pero las que existen permiten medir la gravedad de una jornada que puso en jaque a la democracia española.
Entre los papeles ahora accesibles figuran al menos dos “informes de situación en la provincia”, elaborados por las regiones policiales el mismo día del asalto armado al Congreso de los Diputados.
El primero de esos informes, fechado el propio 23 de febrero, describe una aparente normalidad en las dependencias institucionales, policiales y militares de la provincia, un dato que contrasta con la magnitud de los hechos que se estaban desarrollando en Madrid bajo el liderazgo del teniente coronel Antonio Tejero.
Las horas posteriores al golpe
El segundo documento se centra en el ambiente social tras el fracaso de la intentona. En él se menciona la celebración de una asamblea en la Facultad de Veterinaria de León y la aparición de pintadas en Ponferrada.
Las consignas recogidas reflejan la polarización del momento: desde mensajes como “Tejero valiente”, “Muera la democracia” o “Viva España”, hasta otros de signo contrario como “Frente a la agresión militar huelga general” o “Disolución de la Guardia Civil”. Son referencias puntuales, pero reveladoras del clima de incertidumbre que se vivió en la provincia.
Un contexto nacional inquietante
Estos informes provinciales forman parte de un conjunto documental mucho más amplio hecho público por el Gobierno de España, que incluye análisis internos del fracaso del golpe. Entre ellos destaca un manuscrito que identifica como uno de los principales errores “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”, en alusión directa al entonces rey Juan Carlos I, definido en ese texto como “un objetivo a batir”.
Silencios que también hablan
La limitada presencia de León en los papeles del 23F no resta importancia a lo ocurrido. Al contrario, esos informes escuetos —normalidad administrativa, protestas universitarias y pintadas enfrentadas— son el reflejo de cómo una provincia aparentemente al margen del epicentro político también sintió el impacto de una noche en la que guardias civiles armados irrumpieron en el Parlamento y el futuro democrático del país quedó suspendido durante horas.
Juan Carlos I
La documentación desclasificada aporta además un retrato inquietante del clima previo y posterior al 23 de febrero de 1981 en el ámbito estatal. Entre los textos figura un manuscrito de 23 folios que analiza con detalle la preparación del golpe desde finales de 1980 y que incluye un denominado “juicio crítico” sobre los errores cometidos. En ese análisis se identifica como uno de los fallos determinantes no haber neutralizado al entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, al que el autor se refiere reiteradamente como “el borbón” y define sin ambages como “un objetivo a batir”.
Ese mismo documento, titulado “¡¡¡Militares Españoles!!! Consignas sobre qué hacer después del 23-F”, deja claro que el fracaso de la asonada no se interpretaba como un punto final. Lejos de asumir la derrota, el texto plantea que no debía haber “decepción” y propone dos caminos: reaccionar “como soldados” o aceptar lo que denomina la “demolición de España”. El tono evidencia que, pese al golpe fallido en el Congreso de los Diputados, existía la voluntad de mantener viva la opción de un gobierno militar.
Esquemas operativos
Los papeles también revelan esquemas operativos que barajaban distintas vías de intervención: civiles, militares o mixtas. En uno de los diagramas se califica de “muy escasa” la viabilidad de una operación exclusivamente civil, mientras que se considera “imparable” una acción liderada por coroneles, en la que las Fuerzas Armadas intervendrían si “el pueblo las llama”. En el caso de la denominada “operación mixta”, el autor afirma que llevaba “gestándose cerca de un año” y que contaba con la conformidad de “determinados líderes de PSOE y UCD” bajo escenarios de crisis extrema, situando su ejecución en la primavera de 1981.
Otro bloque especialmente sensible es el que apunta a la implicación de miembros del entonces CESID, antecedente del CNI. Un informe en poder del Ministerio de Defensa sostiene que al menos seis agentes conocían el golpe con antelación o colaboraron en su apoyo operativo y posterior encubrimiento.
Entre los nombres citados figuran el comandante José Luis Cortina —finalmente absuelto— y otros mandos que, aunque no fueron procesados, causaron baja posteriormente. El documento menciona incluso contactos previos con las embajadas de Estados Unidos y el Vaticano, lo que refuerza la dimensión internacional y la gravedad institucional del intento de ruptura del orden constitucional.
Más allá de aquella fecha
Pero, más allá de las horas de tensión en el Parlamento, meses después trascendió la existencia de un plan que iba mucho más lejos. En agosto de 1982, el semanario Actual hizo públicas supuestas listas con más de 3.000 personas que habrían sido ejecutadas al día siguiente en caso de triunfo del golpe.
Las llamadas 'Milicias Populares Patrióticas'
Según aquella publicación, la relación de nombres se habría acordado en una reunión celebrada en Madrid el 22 de diciembre de 1980 por un grupo autodenominado “Milicias Populares Patrióticas”. El colectivo, integrado por elementos procedentes de organizaciones de ultraderecha como Fuerza Nueva o Falange Primera Línea, habría diseñado una operación de represalias masivas contra dirigentes y militantes de izquierdas.
El estadio Santiago Bernabéu figuraba, siempre según esa información, como posible escenario para una ejecución pública de grandes dimensiones, en un paralelismo con la utilización del Estadio Nacional de Chile tras el golpe de Augusto Pinochet en 1973.
En Castilla y León aparecían 166 personas señaladas. Burgos encabezaba la relación provincial con 29 nombres, mientras que Salamanca registraba ocho.
Los 27 ‘condenados’ de León
En el caso de la provincia leonesa, la lista incluía a 27 personas vinculadas en su mayoría a candidaturas del PSOE y del PCE en las elecciones generales de 1977 y 1979. Los nombres eran:
Miguel Cordero del Campillo; José A. Álvarez de Paz; Juan Manuel Azcárate Cid; Rubén González Llamazares; Benjamín Rubio Fernández; Roberto Merino Sánchez; Pilar Sevillana Moreno; Manuel González Velasco; Manuel García Pastor; Julio del Carmen Rodríguez; Ángel Fernández Carbajo; Francisco Izquierdo Merino; Santiago Pérez García; Juan Manuel Menéndez Suárez; Baldomero Lozano Pérez; Jesús García González; Henar Corbi Murgui; Juan Clavero García; Celso López Gavela; Gregorio Pérez de Lera; Jesús Rodríguez Prieto; Antonio Fernández Domínguez; Carlos de Juan Díez; María Cruz Calzadilla Pérez; Manuel Fernández Rodríguez; Alfonso Prieto Prieto y Millán Bravo Lozano.
