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León Propone pide reformar la financiación de diputaciones y combatir la despoblación

La asociación pide un nuevo modelo que tenga en cuenta la realidad rural y devuelva al territorio parte de los beneficios de las energías renovables
Un instante de un pleno celebrado en la Diputación de León.
Un instante de un pleno celebrado en la Diputación de León.

La asociación León Propone ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de modificar el actual sistema de financiación de las diputaciones provinciales. En su comunicado, la entidad sostiene que el modelo vigente “beneficia a las provincias más pobladas y ricas y perjudica a las que tienen menos habitantes e industria”, lo que limita su capacidad para mantener servicios básicos y combatir la pérdida de población en el medio rural.

La organización recuerda que el pasado 20 de noviembre, el presidente de la Diputación de León defendió en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la urgencia de reformar el sistema, incluida la recuperación de un “canon energético” que compense a los territorios donde se genera energía renovable. León Propone valora esa intervención y agradece que se enarbole “la bandera para una reforma imprescindible”.

Un modelo de financiación que no refleja las competencias reales

Según explica la asociación, la financiación provincial —diseñada en 1988 y actualizada en 2004— no se ajusta a las competencias reales de las diputaciones, especialmente en aquellas provincias donde apenas existen grandes empresas que aporten ingresos vía recargo del IAE. En estos casos, la principal fuente de financiación es la Participación en los Impuestos del Estado (PIE), que representa, de media, el 66% de los ingresos provinciales.

El problema, señala la entidad, es que la PIE se calcula “esencialmente en función de la población total de cada provincia” y no de la población residente en municipios de menos de 20.000 habitantes, que son aquellos donde las diputaciones ejercen su labor. Esto genera, apuntan, enormes desigualdades: Cádiz, con solo 23 municipios pequeños, recibe 40 millones más que León, pese a que esta última provincia cuenta con 208 municipios, más de 1.200 entidades locales menores y casi el cuádruple de kilómetros de carreteras que mantener.

Los ejemplos se multiplican. Barcelona recibe casi 800 millones más que Soria; Valencia, más de 400 millones más que Zamora, Salamanca o Valladolid. León Propone subraya que esta diferencia no debería traducirse en recortes para las provincias con mayor PIE, sino en “incrementar los recursos de las que reciben menos”.

Limitaciones legales que agravan el problema

La asociación advierte de que la sensación de suficiencia financiera que transmiten las liquidaciones oficiales es engañosa. Los superávits registrados no se deben a una financiación holgada, sino a las restricciones estatales: el “techo de gasto”, la tasa de reposición para contratar personal o la obligación de asumir competencias autonómicas —como servicios asistenciales o la cobertura de los parques de bomberos rurales— sin financiación adicional.

Estas limitaciones, unidas a la falta de políticas eficaces del Estado y de las comunidades autónomas frente a la despoblación, han convertido a las diputaciones en actores con escasa capacidad para desplegar iniciativas económicas en el territorio, pese a ser las administraciones “más próximas al territorio y conocedoras de las potencialidades de sus comarcas”.

Dos reformas clave: financiación ligada al territorio y competencias demográficas

León Propone plantea una doble reforma normativa. Por un lado, propone que la financiación provincial tenga en cuenta solo la población residente en municipios de menos de 20.000 habitantes, además de incorporar factores como la extensión territorial, la orografía, la dispersión poblacional, la red de carreteras o el número de núcleos de población. A esto se añadiría la recuperación de un ingreso específico ligado a la generación de energía renovable, suprimido en 1985, para asegurar un “retorno al territorio de los beneficios de las energías renovables”.

Por otro, solicita que las diputaciones reciban competencias expresas en materia de lucha contra la despoblación, respaldadas por financiación estatal suficiente para promover actividad económica, apoyar el emprendimiento y utilizar instrumentos como la compra pública de innovación.

Propuestas ya elevadas a Europa y al Parlamento español

León Propone recuerda que estas reivindicaciones han sido presentadas en la Estrategia frente al Reto Demográfico 2030, en congresos especializados y ante organismos como la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, las Cortes de Castilla y León y el Senado. Pese al apoyo unánime de los grupos políticos, “no hay avance alguno en su implantación real”.

La asociación reitera su agradecimiento a la Presidencia de la Diputación de León “por la importancia que tiene para el territorio” llevar este debate al ámbito público y reclama que la reforma de la financiación local deje de ser una tarea pendiente para convertirse en una realidad que permita enfrentar, con herramientas eficaces, el abandono del medio rural.