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El PP acusa a Diez de "mala gestión crónica" en el Ayuntamiento por 1,8 millones en pagos fuera de contrato

David Fernández denuncia que el Ayuntamiento de León sigue incurriendo en "gastos extemporáneos" a pesar de las advertencias de Intervención, y califica la situación como "un completo despropósito de gestión"
David Fernández, acompañado por su equipo, durante la rueda de prensa.
David Fernández, acompañado por su equipo, durante la rueda de prensa.

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha denunciado este martes que el equipo de gobierno socialista, encabezado por el alcalde José Antonio Diez, ha acumulado casi 1,8 millones de euros en pagos extemporáneos —esto es, gastos realizados fuera de contrato— entre los meses de enero y agosto de 2025.

“El gobierno de Diez sigue demostrando su nefasta gestión económica, a pesar de las reiteradas advertencias de los técnicos municipales”, declaró Fernández, quien aseguró que este tipo de procedimientos suponen “un grave perjuicio económico a las arcas públicas”.

Según detalló, las cifras se desprenden del informe de Intervención Municipal incluido en el Plan Anual de Control Financiero, recibido con retraso a comienzos de este año, y que ya advertía de una tendencia preocupante detectada en 2024, cuando el volumen de pagos irregulares alcanzó los cinco millones de euros.

Contratos vencidos y advertencias ignoradas

Fernández recordó que “el alcalde tenía en sus manos ese informe desde hace un año, pero decidió ocultarlo deliberadamente para evitar su debate en el Pleno”. No fue hasta enero de 2025, cuatro meses después de su elaboración, cuando el documento se hizo público. “Su contenido es tan grave que ni siquiera el propio Interventor puede evitar calificarlo como ‘hecho relevante grave’”, subrayó el portavoz popular.

La lista de servicios abonados fuera del marco contractual abarca servicios básicos y recurrentes, como el mantenimiento semafórico, el sistema de videovigilancia o la ayuda a domicilio. 

Algunos ejemplos destacados del informe son, según remarcan los populares, el servicio de ayuda a domicilio (febrero 2025): 197.810,13 euros; mantenimiento de instalaciones semafóricas y videovigilancia (dic. 2024 - feb. 2025): 135.829,98 euros; servicio de grúa (noviembre 2024): 21.126,60 euros; y mantenimiento de espacios verdes en La Chantría (enero - junio 2025): 16.473 euros.

Estos importes fueron autorizados “sin cobertura legal contractual”, un procedimiento que, según Fernández, “genera caos en los servicios públicos y una profunda inseguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para las empresas que trabajan con el Ayuntamiento”.

“No nos oponemos a las prestaciones, pero deben ser legales”

Fernández quiso dejar claro que el Partido Popular no cuestiona la necesidad de los servicios, pero sí la forma en que se están tramitando: “Las prestaciones extemporáneas pueden estar justificadas en ciertos casos, pero deben ajustarse a la ley, garantizar la transparencia y proteger los intereses generales de los leoneses y de los contratistas”.

El portavoz popular también criticó que este tipo de irregularidades no son un caso aislado, sino que forman parte de una tendencia continuada de mala gestión, en la que también se incluyen ordenanzas anuladas por los tribunales, subidas fiscales sin justificación clara o la emisión de recibos fuera de plazo.

“Todo responde a una forma de gobernar donde la opacidad es la norma y donde nunca hay explicaciones claras, simplemente porque no las hay para justificar semejante desorden administrativo”, concluyó.

Diez en el centro del foco político

Aunque por el momento el alcalde José Antonio Diez no ha respondido públicamente a las acusaciones, desde el PP se le responsabiliza directamente del caos administrativo: “Es él quien decide qué informes se esconden, qué contratos se renuevan a tiempo y qué pagos se autorizan sin respaldo legal”, afirmó Fernández.

Con esta denuncia, el Partido Popular busca reabrir el debate sobre la gestión municipal y trasladar la presión al equipo de gobierno de cara al próximo pleno. Mientras tanto, la Intervención Municipal vuelve a encender las alarmas sobre el cumplimiento de la legalidad en la gestión económica del consistorio.