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Los propietarios de terrenos para el Parque Técnológico de León rechazan la revisión del precio del suelo a 7,64 euros el metro y plantean la demanda colectiva

A pesar de que la Comisión Territorial de Valoración ha revisado al alza el valor inicial, los dueños de los terrenos consideran que sigue muy por debajo del mercado y llevarán su caso ante los tribunales e incluso a instancias europeas

Los propietarios de los terrenos expropiados para la ampliación del Parque Tecnológico de León no están dispuestos a aceptar el precio fijado por la Junta de Castilla y León, a pesar de que la Comisión Territorial de Valoración ha elevado recientemente la cantidad ofertada desde los iniciales 1,02 euros hasta los 7,64 euros por metro cuadrado. A su juicio, esta nueva cifra sigue siendo “muy inferior a la realidad del mercado y absolutamente inaceptable”.

La reclamación no es menor: afecta a 250.917 metros cuadrados de terreno expropiado, de los cuales más del 50% se concentran en manos de dos grandes propietarios: Maderas Bodelón SL (84.812 m²) y Desarrollo de Espacios Inmobiliarios SA (41.399 m²), además del Ayuntamiento de León con 23.876 m² y lo vecinos de las pedanías de Armunia y Oteruelo.

Demanda colectiva y paralización de obras

Ante esta situación, un nutrido grupo de afectados ha decidido acudir a los tribunales para exigir el pago de un precio justo. “La valoración sigue sin reflejar el valor real de mercado, que supera los 12 euros por metro según el valor catastral actual, y hace años llegó a pagarse a 45 euros en la zona”, aseguran.

La intención de los propietarios es articular una demanda colectiva y solicitar la paralización inmediata de las obras de urbanización, promovidas por la empresa pública Somacyl. El proceso judicial arrancará en las próximas semanas, y los afectados no descartan llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por entender que se ha vulnerado el derecho a la propiedad y a una compensación justa.

“Esto no es desarrollo, es atropello”

Los propietarios, tanto particulares como grandes tenedores, denuncian que el procedimiento ha estado “lleno de irregularidades” y acusan a la Junta de actuar “como si los terrenos fueran baldíos”. Aseguran además que el supuesto interés público del proyecto “no es tal”, ya que parte del suelo será destinado a su posterior venta a empresas privadas.

"Esto no es desarrollo, es un atropello. Están haciendo negocio con nuestra tierra a precio de saldo", denuncia un portavoz del grupo de afectados. “En estos terrenos se va a enterrar la carrera de algún político”, advierten.

Una inversión millonaria con tensiones judiciales

La Junta de Castilla y León ha presupuestado la ampliación del Parque en más de 14,6 millones de euros, incluyendo las expropiaciones (2,6 millones), la urbanización (11,8 millones sin IVA) y actuaciones adicionales como el soterramiento de una línea eléctrica y la intervención en un gasoducto.

Somacyl asumirá la inversión a cambio del 85% del aprovechamiento urbanístico, mientras que el Ayuntamiento de León recibirá las parcelas dotacionales urbanizadas. El desarrollo aportará al consistorio unos 5,5 millones de euros por ICIO y un millón anual por IBI, según las estimaciones.

Un conflicto sin resolver en plena ampliación

El proyecto, que acumula cuatro años de retraso respecto a su planificación inicial, contempla la urbanización de más de medio millón de metros cuadrados y un nuevo viario interior en forma de anillo. A pesar de las tensiones, la Junta mantiene su hoja de ruta: la licitación está prevista para septiembre, con una ejecución de 18 meses.