Ulibarri y Blanco Balín reconocen sus delitos en la última causa de Gürtel
El bembibrense Ramón Blanco Balín, exinspector de Hacienda, y el empresario José Luis Ulibarri han reconocido ante la Justicia sus delitos en la última causa abierta por la trama Gürtel.
En el caso de Blanco Balín, la Cadena Ser ha tenido acceso a su confesión, en la que admite los delitos que se le atribuyen y detalla cómo conoció al cabecilla del entramado, Francisco Correa, en 2005. Según su declaración, fue Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien los presentó.
El exinspector asegura que Correa le explicó entonces que, gracias a sus “buenas relaciones” con miembros del Partido Popular, lograba “adjudicaciones de contratos públicos”. En su relato, Balín sostiene que el líder de la trama despreciaba cualquier riesgo fiscal o penal amparándose en sus contactos con el PP y con sectores de la judicatura.
Ulibarri repite la estrategia de confesión
Por su parte, el empresario leonés José Luis Ulibarri también ha optado por reconocer los delitos que se le atribuyen, en una estrategia similar a la que ya utilizó en el pasado.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 14 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental continuada, cometidos supuestamente para colaborar con Francisco Correa.
Ulibarri ya había sido condenado en abril de 2022 a un año y medio de cárcel por cinco delitos vinculados a la rama de la Gürtel en Boadilla del Campo (Madrid). Entonces, su confesión le permitió una reducción significativa de la pena. Ahora, repite la misma estrategia con el objetivo de lograr una nueva rebaja.
Una macrocausa que marcó un antes y un después
El conocido caso Gürtel, dividido en trece piezas judiciales, investiga una amplia red de corrupción política y empresarial que operó entre 1998 y 2009 mediante sobornos a cargos del PP en diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas a cambio de contratos públicos y beneficios económicos.
De los 26 acusados en esta última fase, veinte han admitido los hechos. El caso fue determinante en la destitución de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en 2018, tras la sentencia que acreditó la existencia de una trama de financiación irregular y marcó un punto de inflexión en la política española.
