El Gobierno aprueba una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), una norma llamada a transformar el sistema penal español al sustituir la ley vigente desde 1882.
El Ejecutivo la define como “la primera ley procesal penal de la democracia”, con el objetivo de construir “un proceso penal moderno, ágil y más garantista”.
El fiscal asume la investigación penal
Uno de los principales cambios que introduce el texto es que el Ministerio Fiscal dirigirá la investigación penal, un modelo ya implantado en la mayoría de países de la Unión Europea.
Según el Gobierno, esta medida “dotará al proceso de mayor agilidad y eficacia” y permitirá un control más equilibrado entre las partes.
Para asegurar la protección de los derechos fundamentales, se crea la figura del juez de garantías, cuya misión será supervisar los aspectos procesales durante la fase de investigación y velar por los derechos de la persona investigada y de la víctima.
Más garantías para víctimas e investigados
El nuevo marco jurídico refuerza los derechos procesales de las personas investigadas, garantizando la presunción de inocencia y un mayor control de las medidas cautelares.
Por ejemplo, las prisiones provisionales serán revisadas de oficio cada seis meses, con el fin de evitar abusos o dilaciones indebidas.
Del mismo modo, el proyecto fortalece la protección de las víctimas, en especial de los menores, las personas con discapacidad o quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
“La ley incorpora medidas del Estatuto de la Víctima y mecanismos para evitar su revictimización”, señala el texto aprobado por el Gobierno.
Tecnología y nuevas herramientas contra el delito
El proyecto también actualiza los medios de investigación criminal, incorporando la regulación del análisis de marcadores de ADN, identificación biométrica remota, herramientas de inteligencia artificial y técnicas de toxicología avanzada. El objetivo, según el Ejecutivo, es “dotar al sistema de recursos eficaces frente a las nuevas formas de criminalidad”.
La futura LOECrim regula y moderniza la acusación popular, figura que permite la participación ciudadana en la justicia. Solo podrán ejercerla quienes acrediten “un vínculo legítimo con el interés público que se pretende defender”. De este modo, quedan excluidos partidos políticos, sindicatos y entidades dependientes de ellos, en línea con los pronunciamientos recientes del Tribunal Supremo.
Más autonomía para el Ministerio Fiscal
Para adaptar el sistema a las nuevas competencias del Ministerio Fiscal, el proyecto incluye una profunda reforma de su Estatuto Orgánico.
El mandato del Fiscal General del Estado (FGE) pasará a ser de cinco años y dejará de coincidir con el del Gobierno.
Además, se prohíbe expresamente que el Ejecutivo pueda influir en casos concretos, y todas las comunicaciones generales deberán ser públicas y quedar registradas.
El texto prevé también que el FGE solo podrá ser cesado por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, lo que refuerza su independencia.
Asimismo, la Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio sobre el del Fiscal General si cuenta con el apoyo de tres quintas partes de sus miembros.
Entrada en vigor en 2028
El Gobierno ha precisado que la nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2028, y solo se aplicará a los procedimientos iniciados a partir de esa fecha. Los casos ya en curso seguirán tramitándose conforme a la legislación actual. La reforma no afectará al actual Fiscal General del Estado, cuyo mandato concluye en 2027.
“Esta ley supone un paso histórico para garantizar una justicia penal más ágil, moderna y respetuosa con los derechos de todos los ciudadanos”, concluye la exposición de motivos del proyecto, que ahora inicia su tramitación parlamentaria.
