CCOO exige la dimisión de los consejeros de Medio Ambiente y Presidencia por la "inacción, incapacidad y falta de gestión"

“Ahora escuchamos al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que quiere al Ejército, pero ¿quién lo va a organizar? Primero cuida lo que tienes en casa. Se les ningunea en este operativo concreto y parece que lo único que existe es la UME y la Guardia Civil, pero lo que pasa en los incendios y no se ve lo que hacen lo protagonizan esos 4.700 trabajadores, fuera del alcance de periodistas e imágenes. No existen para nadie”, apuntó, en lo que calificó como un “apagón informativo brutal” por parte del Gobierno autonómico.

Riesgos y situaciones críticas en el terreno

Así, puso como ejemplo un episodio este lunes en el incendio forestal de Porto, en Zamora, en el que estuvo a punto de ocurrir una desgracia cuando se acercaba al Lago de Sanabria. “Hubo una actuación realmente compleja, difícil y peligrosísima. Intentaron dar un fuego técnico para que no llegara a Vigo de Sanabria, pero se vieron bloqueados entre las llamas y tuvieron que resguardarse en una zona sin vegetación. Esto va a ser invisible. No pasa nada más porque Dios no quiere. En esas condiciones trabajan”, puntualizó.

Por cuestiones de este tipo, recordó que en 2022, CCOO llevó a la Fiscalía al consejero y a José Ángel Arranz, porque es “gravísimo”, pero “ahora es la continuidad de aquello, con carencias de medios humanos y organizativos”. A su juicio, Suárez-Quiñones “ha tenido el indulto de dos veranos buenos en 2023 y 2024”. “Estamos hartos de llevar a los juzgados a la Junta por incumplimientos de la legislación. Todo el día peleando…”, justificó.

También, insistió en que esta parte del operativo “está desaparecida, no existe, la Junta no la defiende, no dice nada, y ahora pide el Ejército”, para añadir que cuando CCOO ha solicitado la evaluación de riesgos laborales, “la Junta niega la mayor”, ya que “se dan casos de jornadas de 20 horas diarias” y requerimientos de la Inspección de Trabajo, denunciadas “hace años”. Igualmente, apuntó que en un incendio los trabajadores “se comen humo y hollín” y alertó de la alta probabilidad de cáncer de próstata entre los bomberos, situaciones que la Junta “no quiere evaluar ni tiene ninguna voluntad de aplicar la ley de Bomberos, sino que lo único que quiere es privatizar, en condiciones en las que se pueda librar”.

Incumplimientos del diálogo social

Jiménez reiteró que estas denuncias “están cargadas de razones” porque el operativo es una “porquería a todos los niveles”, con las “peores condiciones laborales de España”. “En cuanto se forman los nuevos, se van”, matizó el delegado sindical, quien recordó que los acuerdos del Diálogo Social suscritos en septiembre de 2022 se firmaron “con el espíritu de partida de mejora del operativo, después de los fuegos de la Sierra de la Culebra”. “Ahora mismo, echando la mirada atrás, la Junta ha arrimado el ascua a su sardina. Hay grados de incumplimiento muy importante, algunos deliberadamente. No hay marco legal al que se comprometió. Todavía seguimos sin saber cómo va a ordenar el operativo, porque la base actual es un decreto de 2004. Los compromisos de estabilidad laboral los sigue sin cumplir, los 12 meses de trabajo y estabilidad y empleo”, criticó.

Además, dijo, los puestos de vigilancia “se los quieren cargan indisimuladamente”, en un acuerdo que “debía ser la base para un operativo público, pero en el que que ha incrementado la parte privada y a los trabajadores públicos los ha maltratado; sin decreto de guardia de incendios, sin calendario en algunas provincias, colapso entre el personal”.

Precariedad en los CPM

Otro de los que abordaron la situación fue el delegado de CCOO y miembro del operativo de incendios en Zamora Abel Fernández, quien puso el foco en los nueve centros provinciales de mando y el autonómico, que se encuentra en Valladolid. Al respecto, compartió la visión de sus compañeros para denunciar al consejero de la Presidencia por la “precariedad” con la que se trabaja en estos espacios. Actualmente hay 60 operadores de mando, “algunos con plaza fija y otros interinos”, un puesto de trabajo para el que “no se exige un nivel académico alto ni FP”. Y reprochó que solo se han convocado 51 plazas, con lo que la “saturación de trabajo será mayor, porque no es solo incendios, sino fauna y otros temas”. “No son puestos atractivos y están condenados a la interinidad y empleo temporal”, comentó.

Fernández amplió que hay 40 técnicos de centros de mando que “a los tres años se van a la calle”, al que ocurrirá en mayo de 2026, cuando llegarán otros “40 nuevos ingenieros que quizás no hayan trabajado nunca en incendios”.

Críticas al nivel 3 y falta de medios estatales

Por otro lado, consideró que “no es adecuado declarar un nivel 3” en España en estos momentos y apostó por que las comunidades “cuenten con más medios y un operativo mejor”. “El Estado no tiene capacidades con sus medios de extinción. Como mucho puede mandar al Ejército, a pie. No estoy de acuerdo con demandar una competencia propia al Estado porque no hay capacidad organizativa. Cuando se creó la UME, su rendimiento no era para nada como ahora”, dijo. Por último, rechazó responsabilidades en la Junta o en un director de Extinción por el fallecimiento de un operario de autobomba en el incendio de Llamas de la Cabrera, porque parece que el fallo fue por el terreno.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, que representa a trabajadores de cuadrillas privadas, explicó que en el operativo hay en torno a 1.100 empleos, con 30 empresas. Según la patronal ha sufrido una reducción del 86 por ciento desde 2009 a 2022.

Al respecto, denunció que las empresas “tienen que lavar la ropa porque tiene elementos cancerígenos, pero no lo hacen; no tienen categoría de bombero forestal, salarios de SMI, jornadas muy altas, 111 cuadrillas ELIF, romeo y november”.

"La prevención no es gasto sino inversión"

“Hasta que la Junta no entienda que la prevención no es gasto sino inversión, que ahorra coste en reacción y sufrimiento de la gente, no habremos avanzado nada. Esto no puede volver a pasar”, dijo; y recordó que en 2024, “PP y Vox tumbaron en las Cortes la posibilidad de aprobar la categoría de bombero forestal”.

Para concluir, el secretario de Negociación Colectiva, Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Hábitat de CCOO Castilla y León, Óscar Ferrero, indicó que se contabilizan 1.100 operarios de Tragsa en la Comunidad, y mostró una foto “de antes de ayer del sandwich que les dieron, para alimentarse desde las 5 de la mañana a las 5 de la tarde”. “Y los que prorrogaron jornadas, unas aceitunas y pan”.

Lamentó que están jornadas de más de 12 horas, “les tienen desbrozando y luego van a apagar el incendio”. “El tema organizativo es una mierda”, exclamó Ferrero, quien sostuvo que las condiciones económicas “son un poquito diferentes a la empresa privada, alrededor de 1.230 euros a percibir en jornadas tediosas, donde descansas en pabellones que comparten con niños de los pueblos, en los que intentan descansar, en muchas ocasiones sin aseo”.