La jueza del caso 'Pozo Emilio' regresa al juzgado y reaviva la esperanza de una sentencia "inminente"
Doce años después del accidente que costó la vida a seis trabajadores en el Pozo Emilio del Valle (La Pola de Gordón, León), el proceso judicial que mantiene en vilo a las familias de las víctimas podría estar cerca de resolverse. La titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de León, cuya baja médica y posterior permiso de maternidad habían paralizado la causa desde marzo de 2023, se reincorporó este miércoles, 29 de octubre, a su puesto.
Fuentes judiciales confirmaron que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha aprobado una medida de refuerzo para que la magistrada pueda dictar las sentencias pendientes, “entre ellas la correspondiente al caso Pozo Emilio”.
El retorno de la jueza se produjo apenas un día después de una manifestación en el centro de León en la que familiares y compañeros de los seis mineros fallecidos exigieron “una sentencia ya” y denunciaron la “demora injustificable” del proceso.
“Una puerta a la esperanza” para las familias
Los familiares de las víctimas, que llevan más de una década reclamando justicia, recibieron la noticia con sentimientos encontrados. “Por lo menos vemos algo de luz, de esperanza, vemos que algo se está moviendo después de tanto tiempo”, expresó Manuel Moure, padre de uno de los mineros fallecidos.
Moure, de 78 años, reconoció sin embargo su escepticismo: “Una cosa es volver y otra ponerse a trabajar. Si no sale pronto la sentencia, seguiremos luchando. Por mi hijo y por sus cinco compañeros haré lo que sea”.
Los representantes legales de las familias, consultados por este medio, valoraron la reincorporación como “un paso decisivo” y “una señal de que la sentencia podría conocerse en las próximas semanas”. Según explicaron, “la paralización del caso había generado una profunda frustración en las familias, que llevan doce años esperando una respuesta judicial a una de las mayores tragedias mineras recientes en España”.
Un caso que marcó a la minería leonesa
El 28 de octubre de 2013, seis mineros —Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure— perdieron la vida a 694 metros de profundidad por un escape de grisú en el Pozo Emilio del Valle, perteneciente a la Hullera Vasco-Leonesa. Ocho trabajadores más resultaron heridos.
El juicio, celebrado diez años después del siniestro, sentó en el banquillo a dieciséis responsables de la empresa acusados de seis delitos de homicidio imprudente y ocho de lesiones imprudentes.
Desde entonces, el proceso ha estado marcado por demoras y complicaciones judiciales. La esperada sentencia quedó pendiente tras la baja de la jueza en marzo de 2023, un hecho que las familias consideran “incomprensible”.
“No nos rendiremos”
Los familiares aseguran que su movilización fue clave para reactivar el caso. “No sé si es para estar contento o para enfadarme más todavía. Parece que el mundo sólo funciona con presiones”, lamentó Manuel Moure tras conocer la noticia de la reincorporación.
Los abogados de las víctimas insisten en que seguirán vigilando los plazos y actuaciones del juzgado “para evitar nuevos retrasos” y recuerdan que “doce años de espera son demasiado para cualquier familia que busca justicia”.
“Esta vez esperamos que sea el paso definitivo. No pedimos venganza, sólo una sentencia justa y que se reconozca la verdad de lo ocurrido en el Pozo Emilio”, concluyeron los representantes legales de los familiares.
