Los accidentes laborales se llevan la vida de 41 trabajadores en 2025: “A los tajos vamos a ganarnos la vida, no a perderla”

La siniestralidad laboral se cobró la vida de 41 personas en 2025, dos más que en 2024, con un aumento porcentual del 5,1 por ciento; mientras que los accidentes graves ascendieron a 236, un 13,4 por ciento por encima del dato del año anterior (208). Los trabajadores que perdieron la vida cuando iban o volvían de sus empleos (in itinere) fueron una docena, un 20 por ciento más que el año precedente, cuando fallecieron diez. Los empleados de la Comunidad también sufrieron 26.521 siniestros leves con baja, un 1,2 por ciento menos, pero el dato refleja que se produce un accidente cada 4 minutos y 32 segundos, en jornada media de 38,5 horas.

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, presentó hoy unas cifras que reflejan que en 2025, se produjeron en global, 62.651 accidente con baja y sin baja en los centros de trabajo de la Comunidad, uno cada minuto y 55 segundos, lo que supone que la prevención de riesgos es “una de las asignaturas pendientes del mercado laboral, un drama escondido de forma general, una epidemia invisible y silenciosa”. “Es necesario que la sociedad tome conciencia de este grave problema, debe salir el drama de las familias que lo sufren, cuando uno de sus miembros sale a su puesto de trabajo un día y no regresa porque ha perdido su vida”. “A los tajos vamos a ganarnos la vida, no a perderla”, enfatizó, para protagonizar después una concentración frente a la sede con delegados del sindicato en memoria de todas las víctimas, que se repitió en todas las provincias, como recoge Ical.

Fraile precisó que los accidente mortales aumentaron sobre todo en la construcción, actividad en la que pasaron de tres a ocho, mientras que en el agro se mantuvieron en cinco, y bajaron en uno en la industria, hasta diez; y en dos en los servicios, hasta 18. En cuanto a los graves, concretó que se elevaron en todos los sectores, en la construcción (50), un 21,9 por ciento; en los servicios (109), un 12,3 por ciento; en el agrario (28), un 12 por ciento; y en el industrial (49), un 8,9 por ciento.

El responsable sindical consideró los datos “demoledores” a los que es preciso añadir, dijo, “la ocultación de cientos de enfermedades profesionales en la Comunidad”, ya que solo se declararon el año pasado 521 con baja, 25 más.

Causas

Fernando Fraile explicó que la primera causa de los accidentes mortales, en el 56 por ciento de los casos, son las patologías no traumáticas, es decir, ictus, infartos y derrames, “directamente relacionados con factores de riesgo psicosocial, debido a una mala organización del trabajo”, que “no se valúan”. Así, denunció “jornadas fraudulentas, alargamientos en tiempos y cargas de trabajo, o la no desconexión digital, y precisó que según la EPA, “en Castilla y León se hacen todas las semanas, 300.000 horas extraordinarias, y 110.000 no se pagan ni compensan, con lo que se deja de pagar, cotizar y tributar 2,3 millones a la semana, más de 120 millones al año”.

En cuanto al otro 44 por ciento de los fallecidos, sufrieron causas traumáticas “tradicionales” que se llevan registrando desde hace más de 30 años, pese a la ley de prevención de riesgos, “atrapamientos, caídas en altura o golpes, algo totalmente inaceptable que pase en el siglo XXI”, dijo.

Fernando Fraile aseveró que el 43 por ciento de los accidentes se producen en empresas de menos de 25 trabajadores; y un 18 por ciento en las de manos de seis, para defender que en los centros organizados entorno a los sindicatos “la incidencia es mucho menor”, porque los delegados vigilan que se cumpla la ley.

Por lo que respecta a la bajada del número de accidentes leves, afirmó que no refleja una mejora del sistema preventivo, sino que responde al nuevo patrón de crecimiento del empleo, que se está generando en sectores de mayor valor añadido y cualificación “con menor incidencia en la siniestralidad laboral”. “Tiene que ver con el efecto composición del empleo, no con mejores condiciones de trabajo”, razonó.

En cuanto a las enfermedades profesionales, achacó su infradeclaración a que las mutuas derivan muchos casos al sistema de salud, y exigió a la Junta que ponga los recursos necesarios para que en atención primaria se identifiquen y se cree un sistema de notificación ante posibles enfermedades profesionales. Agregó que es precisó actualizar el cuadro de enfermedades profesionales de salud mental. “No nos podemos permitir que ni una persona pierda su salud en un centro de trabajo”, agregó, para argumentar que “no tiene lógica que quienes deben identificar las enfermedades profesionales sean los mismos que las tiene que pagar, las mutuas; no puede ser que pongamos al lobo a cuidar las ovejas”.

En este contexto, arremetió contra la campaña de la patronal frente al absentismo “de forma engañosa y peyorativa” cuando la ausencia de los trabajadores es un ejercicio de sus derechos. “La baja que expide un profesional, tienen la caradura de llamarla absentismo”, criticó, para exhortar a “no utilizar de forma engañosa” este término, que solo responde a aquellos que no van a su puesto sin justificación, y defender la “honestidad de los trabajadores y de los profesionales de la sanidad”. Reclamó en este contexto, que las mutuas sean organizaciones colaboradoras y no patronales para garantizar la salud de vida de los trabajadores.

Ley de prevención

En cuanto la reforma de la ley de prevención de riesgos tras 30 años en vigor, y el acuerdo suscrito con la ministra Yolanda Díez, cargó contra la ausencia de la patronal que consideró “totalmente inadmisible”. “Quien tiene que velar por la salud de los trabajadores se queda al margen de la normativa que regula la prevención de riesgos y de su modernización”, lamentó.

Fernando Fraile defendió que es preciso actualizar el texto normativo, ante las nuevas formas de organización del trabajo, de la digitalización y de la gestión algorítmica. Agregó que también es necesario reforzar las evaluaciones de riesgo de tipo psicosocial, porque “se han disparado los problemas de salud mental de forma importante”; además de dar respuesta, dijo, a los riesgos por emergencias climáticas. “Parece mentira que le preocupe más hacer oposición al Gobierno que velar por la salud de las personas”, resumió.

Por último, reclamó que se refuercen los efectivos de la Inspección de Trabajo, para alcanzar un inspector cada 10.000 trabajadores, y recordó que en Castilla y León hay 80 inspectores, cifra que llega a los 150 con la subinspectores, un mayor ratio que en España, pero con le hándicap de la extensión geográfica y la dispersión.